Severas restricciones en el accionar de los funcionarios públicos, declaraciones juradas «realistas», veedores externos al Estado y controles más estrictos en el capítulo de conflicto de intereses. Toda una batería de opciones se desplegaron en las últimas semanas en la Casa Rosada para la elaboración de un proyecto de ley de reforma a la Ley de Ética Pública que prepara el Gobierno con extrema reserva y a fuego lento.
Una parte de esta iniciativa fue esbozada por la Oficina Anticorrupción (OA) que lideraLaura Alonso. Pero la llegada de Fernando Sánchez a la Jefatura de Gabinete le imprimió más celeridad a esta idea: como mano de derecha de Elisa «Lilita» Carrió y contralor en las sombras del Gobierno, el ex diputado le dio un nuevo giro al proyecto que Macri quiere llevar al Congreso este año.
«El Presidente nos pidió levantar la vara de su administración en todo lo que tiene que ver con la ética de los funcionarios y darle al Estado un nivel de transparencia ejemplar», explicó a Infobae uno de los funcionarios de la Casa Rosada que trabaja de lleno en esta tarea. Al proyecto de la OA, el equipo compuesto por Sánchez, Mario Quintana y Gustavo Lopetegui le hará retoques y ajustes que deberán consensuarse luego en el Congreso.
Entre las novedades que se empezaron a trabajar, resalta la necesidad de que los funcionarios de los tres poderes del Estado presenten declaraciones juradas «mucho más realistas». En concreto, lo que se pretende es que la valuación de las propiedades de un funcionario público (ya sea un ministro, un legislador o un juez) se presenten con el valor real del inmueble. No se aceptará incorporar en este rubro el valor catastral que se prestó para realizar innumerables trampas a la hora de restar valor a las propiedades.
«Este es un cambio sustancial de calidad», dijo a Infobae un funcionario de la Jefatura de Gabinete. Al consignar el valor de compra de una propiedad declarada se modificará radicalmente la sumatoria del incremento patrimonial de un funcionario que hasta ahora era casi ficticia.
Por otra parte, las declaraciones juradas con carácter más realista incluirán la publicidad del patrimonio de los cónyuges, el nombre de sus hijos menores de edad y el listado de parientes directos. Esta es otra de las medidas que busca evitar vulnerabilidad a la hora de incrementar el patrimonio por parte de los funcionarios y utilizar testaferros para sumar dinero en sus patrimonios. «Se busca rodear y cercar al círculo familiar para evitar que el dinero se diluya frente a las narices del Estado», aclaró una fuente de la Casa Rosada.
Habrá por otra parte un chequeo permanente de la evolución patrimonial de los funcionarios. Este trabajo se aceitará en forma conjunta con la OA, la AFIP, la UIF, la AGN y otros órganos de contralor estatal. Pero también se esbozó una idea de sumar un «veedor externo» para hacer un seguimiento del incremento patrimonial de los funcionarios y su eventual conflicto de intereses.
Este veedor externo podría ser una reconocida ONG o un conjunto de ellas. Aún no está definido completamente este punto, pero la idea es que haya un factor externo al Estado que también participe en el control de la ética de funcionarios.
En las declaraciones juradas patrimoniales se buscará también que haya un mayor detalle de las sociedades que conforman sus actividades actuales o anteriores. Este es un punto
que también queda difuso en la legislación actual y propiciaba eventuales trampas.
El capítulo de conflicto de intereses prevé una diferenciación conceptual entre el conflicto aparente, potencial y concreto de un funcionario. Es decir, que no basta para que haya un conflicto de intereses de un funcionario sino que se preverá su potencial incompatibilidad en función de las actividades anteriores que tuvieron los funcionarios.
Así, por ejemplo, se prevé incluso la posibilidad de que un legislador pueda abstenerse de votar un tema por eventual conflicto de intereses o realizar un «voto informado». Esto es aclarar que no vota por determinada incompatibilidad.
También se destacará que estará prohibido «realizar una actividad en el ámbito privado sobre la que el funcionario tenga atribuciones», «proveer bienes o servicios al organismo en el que ejerce su competencia» e «intervenir en gestiones judiciales contra el Estado». Es todo un nuevo abanico de conflicto de intereses potenciales, concretos o aparentes que se agregarán en la jurisprudencia.
También se prevé, como informó Infobae el mes pasado, en el proyecto de la OA mayores controles para aquellos que dirijan cuerpos colegiados y obras sociales. En la práctica, esto implicará un mayor control para el incremento patrimonial de los gremialistas.
Todas estas iniciativas y muchas más que se mantienen en reserva forman parte de lo que el Gobierno aspira a convertir en una nueva ley de ética pública. Al trabajo de la OA se le sumará el borrador de Jefatura de Gabinete y luego habrá una ronda de consenso con legisladores de diferentes comisiones antes de llevar la iniciativa al Congreso.
