El Gobierno jujeño apartó a siete trabajadores de la Dirección Provincial de Estadísticas y Censos (Dipec) denunciados penalmente por tergiversar documentos públicos entre ellos la Encuesta Permanente de Hogares, la cual sirve para medir los índices de pobreza.
La denuncia asentada por autoridades del Ejecutivo ante el Juzgado Nº 3 recayó contra el equipo operativo encargado de relevar los datos de la Encuesta Permanente de Hogares, integrado por siete trabajadores, quienes fueron separados de sus funciones.
«A partir de trabajos de la Dipec, detectamos la falsificación en el procedimiento de información y en la determinación de los datos estadísticos; transgredir esos datos constituye un delito y acá se han cometido delitos», denunció el gobernador Gerardo Morales en conferencia de prensa.
Ana Juárez Orieta titular de la Dirección Provincial de Estadísticas y Censos, manifestó a Cadena 3 que uno de los responsables es un coordinador de la Encuesta Permanente de Hogares y delegado de la Asociación de Trabajadores del Estado que fue separado del cargo junto a siete personas que se desempeñaban en la línea de procedimientos.
“El primer trimestre de 2016 hubo una falla muy grande con un 49% de no respuesta. Quienes vivían en esos hogares declararon que no habían sido visitados nunca. Por ejemplo, en una casa en donde supuestamente vivían dos personas, un menor y una madre de familia que cobraba 21 mil pesos de sueldo, se comprobó que vivían cinco personas, tres estaban desocupados. Era un hogar múltiple y estaban por debajo de la línea de la pobreza”, subrayó Orieta.
Antes, Morales recordó que su mensaje de apertura de sesiones legislativas «había detectado una situación extraña en cuanto a los datos de pobreza», ya que los datos arrojaban que se había bajado casi 20 % de pobreza en la provincia.
«Ningún gobierno de un año a otro resuelve como si fuera fácil la situación de la pobreza, hay acciones estructurales que llevan trabajo, que tiene que ver con el ingreso de las familias, entre otras cuestiones cuya información debemos tener acabadamente», expresó.
«Si hay un dato que tiene que ser genuino y legítimo ese tiene que ser el dato de pobreza», sostuvo, al tiempo que indicó que es «un tema muy grave que nosotros no vamos a dejar pasar», y pidió al Poder Judicial «que vaya al fondo de la cuestión porque es un tema muy delicado».
Sobre las irregularidades se notificó a las autoridades del Indec, entidad que enviará la próxima semana a profesionales para realizar una inspección en la dependencia local.
Por su parte, Juárez Orieta dijo que la determinación de apartar a los trabajadores llevó una investigación de varios meses: «Comenzamos en el primer trimestre del 2016 cuando un estudio -realizado por este grupo- fue declarado inválido por el Indec debido a un 47% de no respuestas».
Los apartados están acusados por la adulteración de documentos públicos; falsificación de documentos; violación de sellos oficiales; violación del secreto estadístico; asociación ilícita; y vulneración de bases centrales de carácter de delitos contra el Estado.
Juarez Orieta dijo finalmente que los datos que provee la encuesta de hogares «son muy importantes porque es la herramienta para saber la situación social, económica, laboral y de estructura poblacional, es a través de esta muestra que como tal cada uno de sus componentes está proyectado en Jujuy».
