El 5 de febrero pasado un abogado presentó una denuncia un tanto insólita en los tribunales de Comodoro Py. Aníbal Roque Baeza -tal es el nombre del denunciante- pidió que se investigara si el papa Francisco había cometido atentado al orden constitucional y a la vida democrática, intimidación pública y sedición.
La denuncia a la que Infobae accedió a través de fuentes judiciales señalaba que «…En los últimos dos años han ocurrido sucesos y se han formulado manifestaciones públicas que revelan una situación creadora de peligro para el orden constitucional y las instituciones democráticas, agitando el fantasma de los desgraciados hechos de fines de 2001 que determinaron ataques a la propiedad y la vida de las personas, y la caída de un gobierno constitucional…En esos sucesos y manifestaciones se advierte la notable injerencia de Su Santidad el Papa Francisco I, en el diseño ideológico de muchos de tales actos, así como de personas a él allegadas en su planificación y ejecución…».
El caso quedó a cargo del juez federal Marcelo Martínez De Giorgi. El magistrado dio intervención al fiscal Eduardo Taiano, quien solicitó que el caso se desestime por inexistencia de delito.
El denunciante la atribuyó responsabilidad al papa Francisco de abastecer de argumentos a la oposición al gobierno de Mauricio Macri. La deducción del denunciante se realiza a partir de declaraciones tanto del Papa como de sus allegados, que reseñó en la denuncia. Baeza hizo una lista de más de 30 hechos, sucedidos entre 2016 y 2018 para sostener la hipótesis sobre la responsabilidad del Papa en el articulado político de la oposición.
En la lista aparecen -entre otras- la carta que Francisco le envió a Hebe de Bonafini, declaraciones del dirigente Juan Grabois y manifestaciones de la Conferencia Episcopal.
Una de los hechos que el denunciante consideró como parte de la estrategia papal para minar al Gobierno es una nota que se publicó en diciembre pasado en la sección Vatican Insider del diario italiano La Stampa respecto de la Reforma Previsional titulada «Argentina: al Papa le duelen los jubilados».
Allí se reprodujo una charla entre el Papa y su amigo Gustavo Vera donde se criticaba el proyecto oficial que se aprobó en el Congreso el 18 de diciembre pasado.
El denunciante había considerado que «el discurso y la política papales, motorizadas localmente por dirigentes afines a él y que participan de frecuentes encuentros con su persona, podrían estar interfiriendo gravemente con el orden constitucional».
Taiano, al pedir la desestimación de la denuncia por inexistencia de delito señaló que «no nos hallamos frente al supuesto mencionado, dado que el accionar denunciado no encuadra en las previsiones que requiere la figura penal analizada. En consecuencia, estas circunstancias demuestran que estamos ante la presencia del ejercicio de un derecho constitucional de manifestarse libremente».
Ante ese pedido y la falta de impulso por parte del fiscal, ya que no se puede penar a alguien por sus opiniones, el juez Martínez De Giorgi desestimó la denuncia porque no constituye delito. El abogado Baeza no logró que se abriera una denuncia penal contra el papa Francisco.
