El ex jefe del Estado Mayor Conjunto de Honduras, el general Romeo Vásquez, fue detenido este domingo como supuesto responsable del homicidio a manos de militares de un manifestante en 2009, días después de liderar el golpe de Estado contra el ex presidente Manuel Zelaya (2006-2009).
“Las tres capturas se ejecutaron hace unos instantes por la Policía de Honduras en coordinación con el Ministerio Público en Tegucigalpa y La Paz (oeste)”, dijo Sánchez.
Los tres ex militares eran reclamados por el Ministerio Público “por suponerlos responsables de los delitos de homicidio y lesiones graves” tras un ataque armado de militares contra manifestantes en las inmediaciones del aeropuerto Toncontín de Tegucigalpa el 5 de julio de 2009.
En los hechos murió Obed Murillo por un disparo en la cabeza y Alex Zavala quedó gravemente herido.
Pendiente de audiencia
Vásquez fue trasladado bajo un fuerte contingente policial al juzgado de Letras Penal en Tegucigalpa. Más de 200 agentes de las Fuerzas Especiales de la Policía Nacional hondureña fuertemente armados custodiaron el traslado y el acceso del ex militar al tribunal, según constató un periodista de la AFP en el lugar.
Frente al juzgado, un pequeño grupo de partidarios del oficialista partido Libre clamaban contra las acciones de los militares durante y tras el golpe a Zelaya.
“Exigimos justicia por la persecución sufrida”, dijo a la AFP Heidy Coello, candidata a diputada por el partido Libre de la presidenta izquierdista Xiomara Castro.
“¡Obed vive!¡La lucha sigue!”, coreaban el resto de manifestantes.
En el momento de su captura, Vásquez publicó en la red social X que es “víctima de persecución política y la manipulación de poder” del “gobierno comunista” de Castro.
Violación de DDHH
El canciller de Honduras, Enrique Reina, indicó en la red social X que “la violación de derechos humanos es un acto criminal e imprescriptible” y que los hechos derivados del golpe de Estado “no deben quedar impunes”.
Desde la Secretaría de Estado en el Despacho de Derechos Humanos del gobierno señalaron que respaldan las aprehensiones de los ex militares “en el marco de la justicia y rendición de cuentas por las graves violaciones de derechos humanos cometidas durante y después del golpe de Estado en Honduras” por los “ex miembros de la cúpula militar”.
Asimismo, destacaron la “necesidad de que las capturas conduzcan a procesos judiciales eficaces y transparentes, que garanticen el esclarecimiento de los hechos”, condenados “ampliamente” por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).
(Con información de AFP)
Fuente Infobae
