Superados los primeros embates de la oposición el año pasado a favor de un impeachment, la presidenta brasileña, Dilma Rousseff, se concentra ahora en luchar contra otra gran amenaza que acecha a su debilitada administración: las turbulencias económicas, que no le dan respiro.
En medio de la creciente recesión, otros índices negativos encendieron las alarmas ayer en el gobierno brasileño. El desempleo alcanzó ya el 9%, la cifra más alta desde la crisis financiera internacional de 2008-2009, mientras que la actividad económica del país se desaceleró por noveno mes consecutivo en noviembre.
«Todo el esfuerzo del gobierno estará centrado en impedir que tengamos en Brasil un nivel de desempleo elevado. Para mí es la gran preocupación y es en lo que nos centramos todos los días. Es lo que más preocupa y lo que requiere más atención del gobierno», subrayó la presidenta en un encuentro con la prensa en Brasilia, poco después de que el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE) divulgara las últimas crifras sobre el mercado laboral.
De acuerdo con los datos oficiales, en el trimestre agosto-octubre de 2015 la población desocupada llegó a 9,1 millones de personas, lo que representa un incremento del 5,3% en relación con el trimestre mayo-julio y una disparada del 38,3% en comparación con el mismo período de 2014.
De cualquier manera, la tendencia sigue siendo hacia el alza. Todos los analistas privados coinciden en que 2015 cerró con una tasa de desempleo superior al 10%. Por ahora, se trata del nivel más alto desde que la crisis de 2008 hizo subir la desocupación -que venía en baja- al 8,1% en 2009.
Sin embargo, el año pasado el mercado laboral se vio afectado por el desplome de la actividad económica, estimada en 3,7% del PBI; según los datos del IBGE, noviembre fue el noveno mes consecutivo de desaceleración, con efectos muy negativos en la tasa de ocupación.
Tan sólo en el trimestre de agosto-octubre de 2015 se perdieron 2,5 millones de empleos. Y este año las perspectivas aún son negativas, con un panorama recesivo que lleve a una retracción de la economía de por lo menos 3%.
«Es por eso que creemos que algunas medidas son urgentes. Reequilibrar a Brasil en un cuadro de caída de la actividad implica necesariamente, a no ser que tengamos un discurso demagógico, ampliar los impuestos», advirtió Dilma, que subrayó que para abandonar la senda del desempleo es necesaria la aprobación «urgente» de algunas de las medidas propuestas por el Ejecutivo para reequilibrar las cuentas públicas del país y, consecuentemente, retomar el crecimiento.
En diciembre, la presidenta reemplazó al hasta entonces ministro de Economía, el banquero neoliberal Joaquim Levy, por quien era el titular de la cartera de Planificación, Nelson Barbosa, un economista de izquierda muy en sintonía con el oficialista Partido de los Trabajadores (PT) y sus aliados.
«Necesitamos revertir la situación que provoca la caída de la actividad económica garantizando el reequilibrio fiscal con el fin de volver a crecer y genera empleo», señaló Dilma, tras repasar los recortes de gastos que impulsó el gobierno dentro del plan de ajuste diseñado por Levy.
Para quienes creían que las recetas ortodoxas estaban ya fuera del menú, la presidenta apuntó que volverá a la carga con su proyecto de reintroducir un impuesto a las transacciones financieras, pese a que recibió resistencias en el Congreso y a que algunos analistas temen que la nueva tasa ejerza más presión sobre la inflación, ya en 10,67%.
Dilma también afirmó que se mantiene firme en su intención de reformar el sistema de jubilaciones, pero señaló que se trata de un tema espinoso para el que es necesario un diálogo más amplio con todos los sectores de la sociedad.
Programas sociales
Dilma aclaró, en todo momento, que se preservarán los programas sociales establecidos durante la administración de su antecesor y padrino político, Luiz Lula da Silva, pero reconoció que «se recortarán los excesos» para garantizar su eficiencia y mantenimiento a largo plazo.
Sobre los intentos de la oposición para someterla a juicio político en el Congreso como consecuencia del maquillaje de la contabilidad pública («pedaleadas fiscales»), asunto que dominó la agenda política el año pasado, Dilma volvió a criticar a sus rivales por usar la excusa de aquella práctica hecha por otros presidentes como base de un proceso de impeachment. Y los acusó de no respetar la voluntad del pueblo que, en octubre de 2014, la eligió para un segundo mandato.
«En Brasil no se puede sacar a un presidente por no simpatizar con él. Eso no es nada democrático. Además, creer que se puede sacar a un presidente porque desde el punto de vista político no se comparte sus ideas es algo que se hace en el parlamentarismo. El voto en el presidencialismo necesariamente implica que, para sacar a un presidente, se requieren razones concretas, que no sean políticas, y que estén previstas por la ley», se defendió.
De todos modos, el movimiento pro impeachment no está terminado, apenas en reposo, hasta que el Congreso vuelva de sus vacaciones de verano, a mediados de febrero. Entonces, se espera que la oposición, liderada por el Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), y el principal enemigo político de Dilma -el presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha (del Partido del Movimiento Democrático Brasileño, PMDB)- vuelvan a poner el tema sobre la mesa.
Alberto Armendariz/LA NACION
