El proyecto de ley que propone un régimen de transparencia de Sociedades por Acciones Simplificadas (SAS) se debatió este jueves en la comisión de Legislación General de la Cámara de Diputados. Se trató de una reunión informativa que contó con la presencia de funcionarios, abogados y especialistas en el tema.
La iniciativa fue presentada por Germán Martínez, líder del bloque oficialista, la titular de la Cámara, Cecilia Moreau, y la secretaria del bloque del Frente de Todos, Paula Penacca. El objetivo de la legislación es fortalecer los controles sobre las Sociedades por Acciones Simplificadas, creadas durante la presidencia de Mauricio Macri, con el fin de transparentar el marco jurídico en el que se desarrollan las denominadas SAS, que constituyen un tipo societario novedoso en la legislación argentina.
El presidente de la Corte de Santa Fe, Daniel Erbeta, sostuvo que «el concepto de persona jurídica se ha resquebrajado en las últimos años» y consideró que las SAS «son una herramienta apta para el capital emprendedor, pero el problema no es el instrumento». Consideró que «hay un problema más de fondo que tiene que ver con algunos vicios de la ley de sociedades».
Además aseguró que «hay una regulación laxa» de la norma y señaló que «no hay una fiscalización adecuada en su constitución» ya que «existe una necesidad de discutir y proyectar algunas exigencias de mayor control», así como «fortalecer organismos de control y hasta de establecer sanciones en casos de omisión de estos controles».
En tanto el titular de la Fiscalía Federal Numero 2 de Santa Fe, Walter Rodríguez, sumó al debate que, tras una investigación, una de las causas a su cargo descubrió la existencia de unas 40 sociedades simplificadas que estaban interrelacionadas entre si y se construyó una imputación por delito de asociación ilícita tributaria, al señalar que la característica de este tipo de sociedades «es que duran entre 3 y 4 meses».
«Llegué a la conclusión que se habían formado para generar usinas de facturas falsas que llegaron a generar una suma de 700.000 millones de pesos y se emitieron más de 8.500 facturas falsas. Esto fue posible gracias a las facilidades en conformar las SAS mediante los tramites a distancia que facilitaban comenzar con la inscripción de las sociedades», afirmó Rodríguez.
Otro de los interventores del debate fue el titular de la Inspección General de Justicia (IGJ), Ricardo Nissen, quien afirmó que «la IGJ quiere que las sociedades se constituyan pero nació como una sociedad sin controles» y recordó que los Panamá Papers «puso en conocimiento que las actividades off shore facilitaban determinados delitos y puso en tela de juicio una operatoria que se practicaba desde los ’90. Es fundamental el control estatal».
«Las Sociedades son un instrumento de capital perfecto pero también es un fraude. Para eso está la mayor parte de SAS», aseveró Nissen.
El subdirector de Recaudación de la AFIP, José Bianchi, dijo que hay «53.800 sociedades inscriptas, de las cuales 8.900 están inscriptas pero no pueden operar porque no tienen un impuesto activos», aclaró que «no todas las SAS son PYMES» de «las cuales la Ciudad de Buenos Aires tiene 10.000 SAS, la provincia de Buenos Aires 6.000 y Córdoba es la que más tiene 15.000» .
Detalló que las SAS dentro de las sociedades representan el «8 o 9 por ciento y representan el 1,1 por ciento de las ventas totales del IVA tomando el periodo fiscal del 2022» y dijo que la SAS fueron «el medio más utilizado para generar créditos fiscales ficticios, representando un tercio de las empresas generadores de crédito apócrifo, en 2018, y superando el 70% en el año 2019».
Uno de los oradores a favor de que no se cambie la ley, fue Rafael Manovil, especialista en Derecho Comercial, y sostuvo: «Si me pidieran a mí una recomendación con respecto a este proyecto sería no aprobarlo. Estamos hablando de la regulación de sociedades, no de combatir el delito o el narcotráfico. Tenemos un problema interpretativo».
A su turno, Germán Martínez, autor de la iniciativa, aseguró: «No me enamoro de ninguno de los proyectos que presenté. Tratamos de buscar en cada uno de los proyectos que presentamos la posibilidad concreta que nos ayuden a resolver problemas y estoy seguro que este proyecto tiende a esto» y pidió «no demonizar al que piensa distinto».
Desde la oposición, la radical Karina Banfi dijo: «No debemos castigar las herramientas legales y tenemos que usarlas. Acá hay un principio que el Estado controla pero lo que estamos cuestionando que el Estado no está controlando las Sa, SRL ni la SAS».
