El proyecto se debatió previamente al Plan de los 1.000 días que busca proteger y ayudar a las mujeres embarazadas y a sus hijos hasta los tres años con una asignación especial del Estado Nacional.
La sesión, que contó con cerca de 170 oradores, comenzó a las 11.12 del jueves con un quórum de 105 diputados presentes en el recinto y 45 conectados por el sistema virtual para mantener el distanciamiento social por el coronavirus.
Mientras afuera en los alrededores del Congreso, la marea verde y la militancia “pro vida” siguieron el debate desde pantallas gigantes; en el recinto, diputados y diputadas verdes y celestes lucieron pañuelos, decoraron sus bancas con banderas y visten prendas de ambos colores.
En tanto, funcionarios nacionales presenciaron distintos tramos de la sesión desde los palcos del recinto. Así, asistieron la ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta; su par de Salud, Ginés González García y la secretaria de Legal y Técnica, Vilma Ibarra. También se hicieron presentes la ministra bonaerense de Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual, Estela Díaz, y la asesora presidencial, Dora Barrancos.
Previo al comienzo del debate propiamente dicho, la diputada de la Coalición Cívica, Lucila Lehmann, solicitó una moción de orden para suspender el tratamiento hasta el 6 de enero, por las vísperas de las festividades religiosas de la Navidad, que fue rechazada por el pleno. Acto seguido, se presentó una nueva moción para que sea tratado un proyecto del titular del Interbloque Unidad Federal para el Desarrollo, José Luis Ramón, para la realización de una consulta popular sobre el tema, lo que también fue denegado.
Los primeros en tomar la palabra fueron los cuatro titulares de las cuatro comisiones en las que se debatió el proyecto y que actuaron como miembros informantes y se explayaron sobre los principales puntos del despacho de mayoría que legaliza el aborto.
La presidenta de la comisión de Legislación General, la diputada del Frente de Todos, Cecilia Moreau, señaló que «este proyecto profundiza una política de salud pública que tiene como eje el acompañamiento de las mujeres y de las personas gestantes, sea cual fuere su plan de vida. Se trata de poder garantizar un acceso y un disfrute pleno».
A su turno, su par de Salud, Pablo Yedlin, vestido con corbata verde, indicó que «decenas de miles de mujeres en la Argentina son internadas todos los años por complicaciones de abortos». «Este proyecto no va contra la religión de nadie y no va contra las creencias de nadie. Hace cien años que la Argentina viene condenando a las mujeres que deciden suspender su embarazo, que lo han decidido y que van a seguir haciéndolo», agregó.
En tanto, la titular de la comisión de Legislación Penal, Carolina Gaillard, explicó que “ninguna mujer se embaraza para abortar. Es una situación traumática. Lo único que vamos a hacer es que esa mujer esté acompañada por un Estado presente». Además, aseguró que “los derechos humanos no se plebiscitan”. “No van a pasar a la historia los tibios, van a pasar a la historia los que se la jueguen”, cerró.
Por su parte, la presidenta de la Comisión de Mujeres y Diversidad, Mónica Macha, calificó al aborto legal como “una de las leyes más importantes de nuestra democracia”. “Se trata de una disrupción de los estereotipos, de los mandatos sociales. Es un quiebre a un nuevo acontecer», dijo.
A continuación, tomaron la palabra las diputadas del Juntos por el Cambio, Carmen Polledo y Marcela Campagnoli, en defensa del dictamen de minoría que rechaza la interrupción voluntaria del embarazo. “La legalización del aborto no es un reclamo de nuestras mujeres, es un reclamo de militantes feministas”, dijo Polledo y le respondió a Gaillard: «Nosotros nos la jugamos. No somos tibios. Defendemos lo que queremos. Defendemos la vida. La prueba más contundente no es jurídica, ni científica, ni siquiera ética: es el amor de la madre y el hijo que lleva adentro».
«El aborto es una herida que no sana con el tiempo. El aborto es un dolor. Y lejos de estar amparándolas en algo, estamos legalizando un dolor“, agregó Campagnoli.
El diputado verde del PRO, Fernando Iglesias, se mostró a favor del proyecto aunque consideró «oportunista» el envío de la iniciativa y propuso que se modifique el texto y que haya un límite a la semana 24 de gestación para realizar la práctica en caso de violación. «Existe un momento en que el embrión se convierte en un feto viable y esto tiene que estar en la ley», dijo.
La diputada schiarettista, Alejandra Vigo, quien se abstuvo en 2018, habló en nombre de su bloque Córdoba Federal y adelantó su voto negativo y el de los otros tres legisladores de su espacio -Carlos Gutiérrez, Paulo Cassinerio y Claudia Márquez-. Al defender el proyecto de despenalización que presentaron y que denunció “no fue tratado”, sostuvo que la legalización del aborto “no es la respuesta” porque no es un “derecho”.
En contrapartida, la diputada del Frente de la Concordia Misionero, Flavia Morales, que en 2018 votó en forma negativa, anunció que esta vez acompañará el proyecto de aborto legal. “No se trata de lo que yo piense, sino de lo que uno escucha en el territorio. Es el Estado el que debe regular”, dijo y agregó: “Hoy decido acompañar y votar a favor de la legalización, para que las mujeres mejoren las condiciones de vida de su país”.
La exgobernadora de Catamarca y diputada del Frente de Todos, Lucía Corpacci, también reveló en el recinto su voto positivo, que mantuvo oculto hasta el día de la sesión. Con pañuelo verde en la muñeca recordó su paso como médica en hospitales públicos y, como ya en esa época, pensaba “ojalá que algún día se legalice”. «Ojalá que hoy sea ley el aborto legal para que nunca más se escuche a una mujer gritando de dolor en una guardia por un aborto clandestino», sentenció.
El diputado José Luis Ramón, reafirmó su voto negativo y volvió a insistir con la necesidad de un plebiscito, al indicar que «lograr un consenso a partir de una mayoría legislativa circunstancial es muy difícil, y compromete, para mí, la representatividad ciudadana».
La diputada evangélica de Juntos por el Cambio, Dina Rezinovsky, acusó al oficialismo de «comprar» votos a favor del aborto legal «con la billetera» y continuó: «Esa marea (verde) de la que hablan es un simple charquito». «Yo no voy a hablar desde la religión, aunque bien podría hacerlo, pero si tanto les molesta Dios, sáquenlo de la Constitución», siguió.
Su compañera de bancada, Graciela Ocaña, ratificó su voto positivo y criticó a quienes piden mayor educación sexual en lugar de aborto legal: «Este Congreso tiene una deuda. Desde el 2018 no podemos tratar un dictamen que se aprobó con mayoría”, en referencia a la ley ESI. “No puede servir de excusa para que no se trate esta ley», sentenció.
Desde Consenso Federal, Alejandro «Topo» Rodríguez, anticipó su voto en contra del proyecto y afirmó: «Les digo a los funcionarios que quieren montar un festejó acá, que esto termina en el Senado».
Por su parte, el legislador del PRO, Martín Maquieyra, lamentó que el aborto sea «la prioridad» del Gobierno nacional y cuestionó al oficialismo por lo que consideró un «tratamiento exprés» de la iniciativa, al recordar que en 2018 se escucharon 700 oradores y en esta oportunidad «no más de 30 de cada postura».
En contrapartida, el radical Facundo Suárez Lastra consideró que no sólo este proyecto es “oportuno”, sino que también “está demorado”. “Es oportuno porque es urgente, porque cada día que pasa hay una mujer en la Argentina que tiene que tomar una decisión. No es un tema de si en pandemia sí, o en pandemia no. No entiendo por qué demoraron 9 meses si lo anunció el Presidente apenas asumió su mandato acá. Era urgente entonces y es urgente hoy”, sentenció.
Durante la madrugada, uno de los hechos relevantes fue que el diputado Daniel Ferreyra (Frente de Todos-Jujuy) denunció que tanto él como su hija recibieron amenazas por haber adelantado su voto a favor del proyecto de ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), y tras afirmar que «no todos entienden lo que significa la palabra democracia», pidió «disculpas» y anticipó que modificará su posición a «abstención».
El dictamen de mayoría, firmado este miércoles en el plenario de comisiones de Legislación General, Salud, Mujeres y Diversidad y Legislación Penal fue el resultado de un proceso de debate que se inició el pasado 1° de diciembre y que contó con la exposición de 70 especialistas a favor y en contra de la iniciativa.
El texto final introdujo una serie de cambios al proyecto del Gobierno, con el objetivo de sumar voluntades entre los indecisos de cara al debate en el recinto y sobre todo en el Senado, donde sufrió el revés en 2018.
Uno de los principales cambios tiene que ver con la objeción de conciencia, uno de los puntos más ríspidos del proyecto. Si bien el texto del despacho de mayoría no habilitó la objeción de conciencia institucional, como reclamaba el sector celeste, se permite que una institución médica pueda excusarse de realizar la práctica en caso de que la totalidad de sus profesionales estén inscriptos como objetores.
En la redacción original se obligaba a que al menos un profesional de la nómina estuviera disponible para realizar las prácticas de aborto en caso de que una paciente lo solicitase. Ahora, tras los cambios, la institución podrá negarse pero deberá hacerse cargo de la derivación de las pacientes de forma inmediata y sin dilaciones, a partir de convenios previamente estipulados con otros efectores de salud.
La otra modificación que se introdujo respecto al proyecto enviado por el Poder Ejecutivo tiene que ver con «la posibilidad de que en el caso de adolescentes de 13 a 16 años, tengan un acompañante o referente afectivo». También, se modificó el artículo 5, donde se sumó un párrafo que indica que el abuso sexual en menores de edad debe ser comunicado de acuerdo al artículo 30 de la ley 26.061 y el artículo 72 del Código Penal que lo reconoce como un delito de instancia pública.
Desde el sector «verde» aseguran que tienen los votos suficientes para aprobar la ley en Diputados y confían que tras los cambios pueda sortear también el escollo del Senado, tradicionalmente más conservador. Según el sondeo de Ámbito, hasta el momento, habría 129 diputados a favor, 108 en contra, una abstención y 15 indefinidos.
En 2018, el proyecto de aborto legal había superado el escollo de Diputados con 129 votos a favor, 125 negativos y una abstención y había caído en el Senado por 38 votos negativos, 31 positivos y la abstención de la neuquina, Lucila Crexell. A la fecha, en el Senado 2020 habría 33 votos afirmativos, 35 negativos y 3 indefinidos.
El proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo
La iniciativa mantiene el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana 14 inclusive y dispone que fuera del plazo dispuesto se podrá acceder, a través de las tres causales que establece hoy en día el aborto no punible: si el embarazo fuere resultado de una violación, si estuviere en peligro la vida o la salud integral de la persona gestante
Además, da un tiempo máximo de 10 días corridos para que la persona gestante acceda a un aborto seguro tras solicitarlo en los servicios de salud. El proyecto también plantea la atención integral de su salud a lo largo de todo el proceso, así como el acceso a información sobre métodos de anticoncepción.
Las obras sociales y prepagas deben incorporar la cobertura integral y gratuita de la interrupción voluntaria del embarazo, que quedará incluida en el Programa Nacional de Garantía de Calidad de la Atención Médica y en el PMO con cobertura total.
El proyecto contempla también las modificaciones pertinentes al Código Penal para garantizar la despenalización del aborto y las penas que correspondiesen en caso del no cumplimiento de la ley.
Así, despenaliza el aborto realizado con consentimiento de la mujer o persona gestante hasta la semana 14 inclusive y fuera de ese plazo, siempre que se cumplen las causales correspondientes y establece penas de tres meses a un año e “inhabilitación especial por el doble del tiempo de la condena” a la autoridad de un establecimiento de salud, profesional o personal de la salud que dilatare injustificadamente, obstaculizare o se negare a practicar un aborto en los casos legalmente autorizados.
En tanto, el proyecto también fija una pena de “tres meses a un año” a la persona gestante que, luego de la semana 14 “y siempre que no mediaren los supuestos previstos en el artículo 86, causare su propio aborto o consintiera que otro se lo causare” y aclara que “podrá eximirse la pena cuando las circunstancias hicieren excusable la conducta. La tentativa de la persona gestante no es punible”.
Ámbito
