La diputada Elisa Carrió puso en la mira a otro juez de Comodoro Py 2002: dos legisladores de su equipo pidieron ante el Consejo de la Magistratura el juicio político del juez federal Luis Rodríguez por su intervención en la causa que investigaba por lavado de dinero al círculo de Daniel Muñoz, el fallecido ex secretario privado de Néstor Kirchner y pieza clave en el caso de los cuadernos.
Según el escrito al que accedió Infobae, los diputados Paula Oliveto Lago y Juan Manuel López se presentaron ante el presidente del Consejo de la Magistratura, Miguel Piedecasas, para denunciar por «mal desempeño» al juez Rodríguez. Se solicitó que «se disponga la apertura del procedimiento de remoción de magistrados, se ordene su suspensión en el ejercicio del cargo que desempeña y se formule la acusación correspondiente. También reclamaron «la oportuna destitución del acusado».
Rodríguez es el juez que, en un primer momento, se negó a detener al ex ministro de Planificación Julio De Vido por la causa Río Turbio. Ahora, vuelve a enfrentar los cuestionamientos por su intervención en la investigación por los bienes que habría lavado Muñoz y su circulo íntimo por más de 70 millones de dólares.
«Existen elementos contundentes para asegurar que el doctor Rodríguez ha incurrido en las causales de remoción por mal desempeño y comisión de delitos en el ejercicio de sus funciones», dijeron los legisladores de la Coalición Cívica. Y denunciaron «actos de manifiesta arbitrariedad en el ejercicio de sus funciones», «la negligencia grave en el ejercicio del cargo» y el «desconocimiento inexcusable del derecho».
Las críticas están centradas en la causa por el lavado de dinero sobre los bienes de Daniel Muñoz. Y reforzadas con el fallo del miércoles de la Cámara Federal que, con la firma de los magistrados Martín Irurzun y Leopoldo Bruglia, apartó al juez Rodríguez del caso «por haber concedido, sin valorar toda la prueba ofrecida por la fiscalía, las eximiciones de prisión para la viuda de Muñoz, Carolina Pochetti, y otras cinco personas de la presunta estructura jurídica y societaria armada para lavar el dinero» vinculado al ex secretario de los Kirchner. De todas maneras, el juez Claudio Bonadio ordenó la detención de Pochetti y el resto en la causa de los cuadernos.
Según los diputados, el juez «no ha ordenado las medidas conducentes propuestas por el fiscal de la causa para preservar la etapa probatoria y el recupero de los bienes, lo cual obstruyó el arribo a la verdad y contribuyó a garantizar la impunidad a los acusados». En ese sentido, Oliveto y López hicieron hincapié en que la causa «se encuentra fuertemente relacionada» con la causa en la que se investigan «hechos de corrupción sistemáticos y organizados desplegados por la ex presidenta Cristina Kirchner y gran parte de sus ex Ministros y empresarios», relatado en los cuadernos de Oscar Centeno.
«Estamos frente a un magistrado que ha omitido cumplir con los deberes a su cargo y que —además— se ‘equivoca’ manifiestamente al aplicar el derecho. Sumado a ello, con su conducta ha ayudado a los imputados a eludir las investigaciones y a sustraerse de la acción de la justicia», se añadió. Los legisladores se apoyaron en los planteos del fiscal Carlos Stornelli, que denunció la demora del juez «en investigar y avanzar sobre los más de 70 millones de dólares en bienes que Daniel Muñoz -fallecido en 2016- tiene en departamentos y cuentas en los Estados Unidos».
Citando los argumentos del fiscal y la Cámara Federal, los diputados afirmaron que «la conducta del Juez Rodríguez evidencia un grave incumplimiento de sus deberes como funcionario, en perjuicio de los intereses públicos y privados confiados a su custodia como magistrado, y del propio prestigio de las instituciones». Opinaron que «el magistrado no ha adoptado las medidas adecuadas y necesarias para poder determinar judicialmente la verdad de los hechos presuntamente delictivos» y por ello «resulta evidente que la conducta del magistrado Rodríguez implica un grave incumplimiento de sus deberes como funcionario».
