“Sin capacidad para dar una respuesta eficaz, sin equipos sanitarios suficientes para responder a la oleada de enfermos, sin los medicamentos para su curación y sin una vacuna para impedir el contagio, modelos epidemiológicos sugieren que, en ausencia de intervenciones para frenar la tasa de infección, el número de muertes directamente atribuibles a la pandemia en América Latina y el Caribe podría legar a 3,2 millones”, dice un informe del Banco Interamericano de Desarrollo sobre “Políticas públicas frente al Covid-19”.
“Todos los estudios epidemiológicos señalan que con las tasas de infección y mortalidad actuales, una medida menos rigurosa que el confinamiento estricto provocaría la rápida propagación del virus y podría resultar en una oleada de muertos sin precedentes”, alerta el informe, que incluye una serie de recomendaciones y busca “proveer insumos de discusión para los gobiernos de la región”, concentrándose en la urgencia sanitaria y la transición hacia formas parciales de cuarentena y la reanudación paulatina de las actividades económicas. También describe la tensión entre objetivos sanitarios y efectos económicos, las diferentes situaciones en materia de deuda y salud fiscal de los países y las medidas y secuencias pasibles de llevar adelante.
El BID parte de reconocer que la pandemia está provocando “dos crisis paralelas”, una sanitaria, que derivará “en miles de muertes por los efectos directos de la enfermedad” y una económica, derivada del impacto –primero sobre la oferta, luego sobre la demanda– de las respuestas sanitarias para mitigar los contagios y muertes. Por eso, dice, “es imprescindible que las políticas económicas y sanitarias estén coordinadas”.
Al respecto, el trabajo lista cuatro objetivos simultáneos:
1) Salvar vidas,
2) Proteger a las personas con menor capacidad de sobrellevar una caída de ingresos,
3) Compensar a los trabajadores y empresas más afectados por la contracción económica, y 4) Reducir los riesgos económicos sistémicos y los efectos económicos a largo plazo.
Perseguir esos objetivos a la vez, detalla, debe tener en cuenta las tensiones entre objetivos sanitarios y económicos, las restricciones de recursos, tanto fiscales y de financiamiento como sanitarios, y la necesidad de una secuencia adecuada de medidas.
La prioridad inmediata, enfatiza el Banco Interamericano de Desarrollo, es evitar una pandemia incontrolada. Para eso el instrumento más eficaz es “recurrir a medidas de confinamiento generalizadas”, lo que tiene efectos negativos sobre los niveles de empleo, ingresos y pobreza. Para mitigar esos efectos recomienda centrar la atención de la política pública sobre los sectores más pobres, la clase media baja, los sectores económicos más afectados (entre los que menciona restaurantes, hoteles, comercio y transporte) y la contracción crediticia derivada de la propia crisis.
¿Se debería proteger estas empresas con líneas o garantías de crédito, aun sabiendo que sus dueños y trabajadores son sustancialmente más ricos que el promedio?”, plantea el informe, y recomienda “ser pragmático, flexible, y asegurar que lo perfecto no se vuelva enemigo de lo bueno”.
Situación fiscal y endeudamiento
Según el BID, la región está “en una situación fiscal mucho más débil para responder a esta crisis que a la recesión del 2008/09”. En ningún país “se podrán dar aumentos de gasto cercanos a los que se están dando en los países más ricos del mundo”. El informe ilustra la cuestión con un gráfico cuyo eje horizontal exhibe el nivel de deuda respecto del PBI y el vertical el déficit fiscal de diferentes países. Mientras en 2008 la región tenía un déficit promedio de 0,3%, ahora el rojo es diez veces mayor: 3% del PBI. En tanto, la deuda pública promedio era de 40% en 2008 y fue del 62% en 2019.
A partir de ahí, hace diferencias. Por caso, Chile, con una deuda pública inferior al 5% del PBI, pudo lanzar un paquete de respuesta de 8% del PBI. Entre los países mejor parados, además, de Chile, incluye a Guatemala, Paraguay y Perú. En una situación bastante más débil están Argentina y Brasil y en particular Venezuela.
Esos diferentes puntos de partida se reflejan también en los niveles de riesgo-país, que determinan la capacidad de acceder a crédito externo. Al respecto, destaca los tres países con mayor nivel de riesgo país: Venezuela (16.599 puntos básicos), Ecuador (5.239) y la Argentina (4.246), con datos al 26 de marzo. A su vez, el informe precisa que entre el 1 de enero y esa fecha en casi todos los casos el nivel de riesgo país aumentó más del 100%, destacándose el colapso de Ecuador, el país sudamericano más afectado por la pandemia, cuyo riesgo aumentó nada menos que 534,3 pro ciento.
Cortos de recursos y de crédito, el BID recomienda que los países diseñen políticas de gastos “temporales”, más de apoyo a la liquidez que de gasto y reasignar partidas “para contener el gasto agregado” teniendo en cuenta su eficiencia y buscando compensar en lo posible los aumentos de erogaciones a raíz de la pandemia.
Situación sanitaria
El informe recuerda que la tasa de mortalidad de Covid-19 dependerá de los sistemas de salud para atender a los infectados y precisa que en conjunto la región tiene serios déficits de camas hospitalarias, camas de cuidados intensivos y personal médico (médicos y enfermeros). Para el conjunto las cifras son de 1,8 médicos y 4,4 enfermeras cada 1.000 habitantes. Solo Argentina y Uruguay, se acercan a los promedios de países de la OCDE (3,5 médicos y 9,8 enfermeras cada mil habitantes. Bolivia no llega a un médico cada mil habitantes. Otro contraste: Perú tiene 5,8 camas de cuidado intensivo cada 100.000 habitantes, pero Honduras apenas 0,4. Para dar cuenta del dramatismo de estas cifras, el BID apunta que el sistema sanitario italiano, con 12,5 camas de cuidado intensivo cada 100.000 habitantes, llegó a ser sobrepasado por la pandemia.
Ante estas escaseces, el BID marca la importancia de las “capacidades institucionales” para hacer buenas políticas de adquisición de los recursos más apremiantes y una comunicación que induzca las conductas más prudentes posibles. Sin embargo, las debilidades regionales llevan al organismo a un mensaje básico: “Todos los estudios epidemiológicos –resalta– señalan que con las tasas de infección y mortalidad actuales, una medida menos rigurosa que el confinamiento estricto provocaría la rápida propagación del virus y podría resultar en una oleada de muertos sin precedentes”.
Curvas de contagio y muertes
En ese punto señala la evolución de las curvas de contagio, que comparativamente dan muy bien para la Argentina, aunque con evoluciones llamativas, como las de Italia y EEUU, que tras el primer caso tuvieron una etapa relativamente “plana” para luego empinarse violentamente y ser hoy los dos países con mayor número de contagios y muertes del mundo.
Los gráficos sobre la evolución de las muertes también apuntan a la utilidad del confinamiento inicial para evitar una rápida propagación del virus, que para el caso de América Latina se visualiza en las diferentes evoluciones del número de muertes en la Argentina y Chile (muy similar evolución) y, por el otro lado, de Ecuador y Brasil, con mucho mayor número de muertes.
El estudio reconoce que el “confinamiento estricto” no es factible por mucho tiempo y menos aún en barrios marginales, áreas rurales o “cuando la población vulnerable recurre a bancos o entidades del Estado para recoger la asistencia”, casi una fotografía de lo que ocurrió en la Argentina el viernes 3 de abril, con cerca de un millón de jubilados y receptores de planes sociales agolpándose frente a las sucursales bancarias. Además, admite con realismo que «el confinamiento estricto se relajará antes de que los sistemas hospitalarios tengan mucha mayor capacidad.
A continuación, el informe reitera lo a esta altura ya es casi un cliché: la necesidad de testeos masivos para detectar asintomáticos» e identificar grupos y cadenas de contacto. Hacerlo, dice, es imprescindible para la etapa de “liberación del tránsito”, que a su vez permitan cumplir sí con “cuarentenas parciales para casos positivos y personas en contacto con ellos”. Allí reitera, de vuelta, la importancia de campañas de comunicación eficaces para lograr la cooperación de la población. “Construir la capacidad para un confinamiento focalizado más eficaz es, después del confinamiento universal, el reto más urgente para la región”, dice un pasaje.
La política económica
En cuanto a la crisis económica, el BID no tiene dudas de que “será severa”. Por eso, y ante la imposibilidad de sostener confinamientos masivos y la dificultad para conseguir confinamientos focalizados eficaces dice que la política económica debe apuntar a dos objetivos: 1) dar un piso mínimo de ingreso a todos los hogares; y 2) preparar respuestas fiscales, financieras y monetarias para proteger a trabajadores y empresas y minimizar posibles efectos sistémicos.
Para objetivos generales, aconseja que los gobiernos usen “instrumentos ya existentes” y se limiten a diseñar nuevos programas sólo para “objetivos focalizados”.
Para amortiguar efectos sobre los sectores más pobres, señala herramientas como “moratorias temporales del IVA sobre los alimentos de la canasta básica, medicamentos y equipos médicos; prórrogas en los pagos de electricidad, gas o agua, prohibiciones al corte de estos servicios y acuerdos con las empresas para evitar desalojos y despidos». Salvo la exención del IVA; todas medidas ya tomadas, al menos parcialmente, por el gobierno argentino, que resume en un cuadro anexo, así como las medidas adoptadas hasta ahora por Brasil y Chile.
Medidas locales
En lo que sí se diferencia claramente del gobierno de Alberto Fernández es en que considera “imprescindible no recurrir a controles de precios como la primera y principal respuesta a cuellos de botella, ya que empeoraría los problemas de escasez que eventualmente surjan», advierte el informe.
En cualquier caso, el BID admite que la contracción económica llevará a un deterioro en indicadores sociales como la mortalidad infantil y tendrá efectos negativos sobre el aprendizaje y recursos productivos de los chicos pobres por no asistir a la escuela y no poder suplir la inasistencia presencial con otros recursos.
Las medidas que tomó el gobierno de Jair Bolsonaro
La política económica ante la pandemia, resume el BID, debe tener cuatro prioridades: 1) impedir el colapso del sistema financiero y de pagos, 2) proteger el empleo e impedir un crecimiento en la informalidad, 3) evitar el quiebre de empresas solventes pero temporalmente ilíquidas, y 4) promover la reactivación post-crisis.
Para lograr esos objetivos, el estudio recomienda extender rápidamente créditos y garantías a las empresas, eximirlas temporalmente de impuestos, flexibilizar las relaciones entre empresas y trabajadores, de modo que las firmas puedan reducir el costo laboral sin echar gente, y disminuir temporalmente los costos del empleo formal.
Las instituciones multilaterales
Por último, el BID recomienda “tres acciones concretas” a los organismos multilaterales, lo que engloba a sí misma y entes como el FMI y el Banco Mundial:
1) postergar vencimientos y restructurar operaciones en curso, para derivar recursos a la crisis sanitaria,
2) priorizar a los países más pobres o con mayores restricciones fiscales y menor acceso al crédito, y 3) proveer asistencia técnica y redes de apoyo, en particular en la elaboración de planes de acción y en su secuenciamiento y el uso de programas transverales como el uso de big data e inteligencia artificial para facilitar objetivos como el seguimiento de contactos, la identificación de hogares pobres y vulnerables y la focalización de recursos.
