Con el cambio de Gobierno, el ministro de Hacienda acusó a Echegaray y los ex funcionarios Pedro Roveda y Horacio Curien por violación de secretos, falso testimonio agravado, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes. El ex ministro sostuvo en su denuncia que los ex empleados de AFIP que ventilaron la denuncia mintieron al imputarle cuentas no declaradas a la familia Fortabat, y a él como apoderado.
En 2016 el juez federal Claudio Bonadio procesó al ex titular del organismo como instigador por haber impulsado a los funcionarios de la AFIP a hacer la denuncia respecto de Prat Gay, mientras que Curien y Roveda fueron considerados co-autores del delito de falso testimonio.
Al mismo tiempo, en otro fuero, se sobreseyó a Amoedo y Prat Gay en la causa presentada por el fisco que tramitaba en el juzgado penal económico de Verónica Strachia. Además, se dejó lado la pretensión de cobrar los $250 millones y la AFIP fue condenada a pagar las costas de los abogados, valuadas en el 15% de ese monto.
Meses más tarde, la Sala I de la Cámara Federal revocó el procesamiento de Bonadio por los delitos de violación de secreto y falso testimonio, aunque Echegaray ya se había visto forzado a renunciar a como titular de la Auditoría General de la Nación (AGN) por una catarata de cuestionamientos.
Los camaristas Jorge Ballestero y Eduardo Freile consideraron que no se advirtió «ningún delito penal» por haber utilizado la información enviada a la AFIP para la radicación de una denuncia que, «no está de más destacar, aún se encuentra en trámite registrando la convocatoria a una gran cantidad de personas» a declaración indagatoria.
Para la Cámara, usar «información remitida por Francia para elaborar la denuncia presentada en el fuero penal económico» estaba contemplado dentro de las excepciones a la obligación de guardar secreto, por lo cual no hubo delito.
En este marco, este viernes se realizó una audiencia que definió la absolución de los acusados por Prat Gay.
La defensa de Echegaray llegó con el pedido de sobreseimiento de los cuatro supuestos delitos y solicitó testimonios para avanzar en otra causa penal que investigue las conductas de los funcionarios de la DGI, Ezio Dino De Lazzer y María Jimena Magno y sus superiores jerárquicos directos como así también los funcionarios de la AFIP que tuvieron “incidencia” en las actuaciones que perjudicaron al fisco y al organismo en sí.
A su vez, los abogados de Echegaray reclamaron que se inicie una investigación criminal sobre un eventual abuso de autoridad por parte Prat Gay por el cargo que ejercía al momento del inicio del expediente y la reapertura de los presuntos delitos fiscales que no prescribieron la causa que estuvo en manos de la jueza Straccia.
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