Es difícil para los argentinos comprender lo que se está viviendo en Brasil. Por una investigación judicial realizada desde el estado de Paraná por el juez Sergio Moro, el gigante Odebrecht, la más grande empresa brasileña de ingeniería y construcción nacida en Bahía en 1944 que se extendió a 25 países, realizó esta semana un acuerdo con el Ministerio Público Federal de Brasil, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos y la Procuraduría General de Suiza por el que aceptó pagar, en 23 años, una multa de 3.500 millones de dólares.
Parece que en Brasil todo tiene que ser «o mais grande do mundo», porque se trata del acuerdo judicial más importante alcanzado jamás en la historia de la corrupción mundial, superando incluso al que logró en su momento la alemana Siemmens.
«Al calcular la multa, las autoridades tomaron en consideración la plena cooperación con las investigaciones», dice el comunicado del holding como forma de agradecimiento porque le fue aceptado un pago en cuotas para impedir la quiebra, que tendrá «viabilidad por medio de una combinación de ventas de activos y de generación de caja de las operaciones continuadas». Sí, seguirá trabajando.
Más sorprendente es otro párrafo del comunicado: «Odebrecht se arrepiente profundamente de su participación en las conductas que condujeron a este acuerdo de resolución y pide disculpas por violar sus propios principios de honestidad y ética». También anunció la creación del «Compromiso Odebrecht para una Actuación Ética, Íntegra y Transparente» que implementará «en todos los negocios de la Organización» y agradeció «la oportunidad de pasar la página y superar este doloroso episodio».
Obviamente, la empresa no fue así de dócil con la justicia desde el comienzo. Arrancó negando sobornos y asegurando que eran «infundadas» las acusaciones. Pero cuando el juez Moro pidió la detención de Marcelo Odebrecht, el CEO de la compañía ya estaba rodeado. La justicia tenía gran cantidad de información que habían aportado otros detenidos que se acogieron al beneficio de la «delación premiada», entre ellos, el estratega de las campañas presidenciales de Lula y Dilma Roussef, Joâo Santana y su esposa y socia, Mónica Mouras.
Los abogados de Odebrecht empezaron a negociar en marzo y llegaron a un acuerdo el 1º de diciembre, cuando la empresa reconoció que para obtener contratos en Brasil y otros 11 países extranjeros por 12.000 millones de dólares, pagaron coimas por más de 1000 millones de dólares.
Por el «episodio» que lo llevó a organizar una oficina con el pomposo nombre de «División de Operaciones Estructurales» -cuyos responsables estuvieron presos hasta hace pocas semanas y salieron después de confesar- desde donde se diseñó una estructura en paraísos financieros para pagar las coimas, Odebrecht está preso desde hace un año y cuatro meses.
Estará una década en prisión, pero gracias al acuerdo podrá empezar a salir a trabajar a fines de 2017 y tendrá cárcel domiciliaria en los últimos años de condena.
Algo así es inimaginable en la Argentina. No sólo porque no existe aquí una ley anticorrupción como la brasileña, centrada en las empresas que corrompen, sino porque tampoco hay jueces ni fiscales judiciales formados en esas complejas lides. Moro y un grupo especializado de la justicia federal brasileños se vienen preparando hace décadas en Italia y en los Estados Unidos y están en la vanguardia de la legislación anticorrupción en el mundo, por lo que incluso puedan anticipar los movimientos de la defensa de los corruptos varias jugadas antes.
El juez de Curitiba fue de Petrobras a los grandes holdings de la construcción, y de allí a Lula, Dilma e incluso al propio Michel Temer. Solo hace lo que marca la ley y tiene amplísimo respaldo de la población. También las esquirlas llegaron al que fuera candidato a presidente del PSDB, Aécio Neves, implicado en una causa que involucra a miembros del Congreso. El «Lava Jato» es una bomba de tiempo que estalla un poco todos los días y se sabe que seguirá estallando por mucho tiempo más, implicando a más y más políticos y funcionarios, que cuando son llamados a declarar saben que antes o después terminarán presos.
El efecto económico de semejante catarsis ética es innegable. En medio de la brutal recesión de la que Brasil empezará a salir muy gradualmente en el 2017, la obra pública no puede ejercer como dinamizadora de la economía y continúa bajo estado de shock. Es que la mayoría de las compañías está siendo investigada y no pueden presentarse a licitaciones.
Por eso Odebrecht está apurada por empezar a pagar las pesadas cuotas a las que se comprometió y volver a competir. Sin embargo, empezarán sus problemas en otros países.
Reinaldo Acevedo, periodista de Folha de Sao Paulo, escribió en su columna de ayer que «autoridades de Angola, Mozambique, Venezuela, Ecuador, Argentina, Colombia, República Dominicana, Guatemala, México, Panamá y Perú se dejaron corromper. En el grupo hay dictaduras de izquierda, cuasi dictaduras, cuasi democracias, regímenes propiamente democráticos, feudos comandados por milicias, etc. Sin preconceptos ideológicos».
En efecto, la corrupción carece de ideología y degrada los relatos mejor construidos, avanzando sobre las utopías como un cáncer que destruye hasta las células más sanas, que se sienten obligadas a negar lo evidente con la vacua esperanza de salvar alguna vitualla del naufragio.
De Argentina, hasta ahora, solo se supo que Odebrecht reconoció haberle pagado 35 millones de dólares en coima al ex ministro Julio De Vido. El se apresuró a desmentirlo. Otro que se despegó rápido fue Jorge «Corcho» Rodríguez, supuestamente lobbysta de la empresa brasileña ante el gobierno K.
Odebrecht tiene varios proyectos en la Argentina y, sobre todo, dos importantes, la construcción de un túnel de 15 km en el río Paraná de las Palmas para dar agua potable a 2.5 millones de personas del norte de la provincia de Buenos Aires, que realiza en sociedad con Benito Roggio y José Cartellone, y el soterramiento del ferrocarril Sarmiento, que comparte con IECSA, la empresa de Angelo Calcaterra, el primo del Presidente.
En el Gobierno insisten con que es una licitación del 2006, que Calcaterra ganó en el 2008, o sea, que ellos no tuvieron nada que ver. El mismo Mauricio Macri dijo públicamente que tanto su primo como su amigo/hermano Nicolás Caputo tienen «los mismos derechos que todos» y «nadie será excluido por estar vinculado al Presidente». Sin embargo, los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques pidieron investigar el nuevo contrato por el que se está realizando esa obra largamente postergada, ya que hubo un importante incremento presupuestario.
Mientras tanto, y para curarse en salud, el Gobierno decidió terminar con la compra de pliegos para las licitaciones y los registros de empresas interesadas. Está convencido de que se trata de un sistema que facilita la cartelización e impide la competencia sana y la participación de pequeñas y medianas empresas. Como reemplazo diseñó «obrapublica.com», el portal de negocios de la obra pública de la República Argentina, donde toda las licitaciones nacionales e internacionales están en línea y a disposición. También los cambios en cada proyecto se informan de ese modo y se promueve que todas las provincias utilicen un sistema similar. Hay casi 800 licitaciones cargadas hasta ahora.
Tanta transparencia parece estar molestando a algunas empresas de la construcción que, aunque en las reuniones agradecen la igualdad de oportunidades, se quejan por la bajo contra el Gobierno. Por lo menos, es lo que le dijo a Infobae un funcionario del área, que no le encuentra otra explicación a la demora que viene demostrando la mayoría de las compañías locales en poner en marcha las obras acordadas.
Parece evidente que en América Latina está terminando una era de crecimiento económico, megacorrupción y populismo. Ni las empresas que fueron exitosas con el modelo anterior ni los políticos tradicionales se pueden adaptar fácilmente a este tiempo, dominado por las restricciones y la incertidumbre de lo nuevo. Por eso es importante que una justicia argentina independiente, como la brasileña, aproveche la ley del arrepentido aprobada este año y se ponga en la vanguardia de la lucha contra la corrupción. Para que, más temprano que tarde, los justos no terminen pagando por pecadores.
