«Tal vez a usted le hubiera gustado nacer en Santo Domingo. Con todo ese deseo suyo no podría borrar el hecho histórico de su nacimiento en la Argentina», reza el segundo párrafo de la respuesta oficial de la Iglesia a las personas que iniciaron el trámite para renunciar a esa religión.
En la contestación se remarca que el «libro de bautismo refleja un hecho histórico, su bautismo, y como tal hecho ocurrió no se borrará en ningún caso».
«Enviar esa respuesta es altamente ofensivo. Actúan como despechados. Hacen esas cosas para tratar de intimidarte. A todos nos ponen diferentes locaciones», aseguró Florencias Arias, quién es una de las organizadoras de las apostasías colectivas.
Las personas que inician los trámites para renunciar a la Iglesia Católica, apostólica romana, en estos meses sostienen que las autoridades eclesiásticas ponen trabas para la concreción del proceso. Denunciaron que en las entrevistas personales se los expone a «manipulaciones» y ahora, a través de las respuestas oficiales que se les entrega desde el Arzobispado, afirman que deben soportar «faltas de respeto» e «intimidaciones» durante el proceso.
Desde la Iglesia aseguran que esos escritos son una manera de «ejemplificar» que el bautismo es un hecho histórico por lo que no pueden eliminarlos de los registros. Los apóstatas acusan que, al no querer borrar su información personal, la iglesia viola la Ley de Registros de Protección de los Datos Personales.
Desde que se organizaron las renuncias masivas a la Iglesia, 30 personas de las 80 que iniciaron el proceso, pudieron acceder al trámite. Para fin de año organizan la segunda «ronda» de apostasías.
«Es una falta de respeto, un acto de autoritarismo soberbio, en el sentido que maltrata a la persona a la cual va dirigida la nota. Refleja el empoderamiento», aseguró Carlos Lombardi, abogado de la Red de Sobrevivientes de Abusos Eclesiásticos.
«Quienes envían cartas de apostasía no parece que la leyeran entera», apuntó Loyola Pintos, juez vicario del Tribunal Eclesiástico y quién firma las cartas cuestionadas. «La primera parte de mi respuesta contesta al pedido de apostatar cómo, dónde y los requisitos», aclaró el juez que en el último tiempo tomó notoriedad por las diferentes denuncias en que se vio involucrada la Iglesia. «La respuesta es simplemente hacer entender que lo que ocurrió es un hecho concreto y real que no se puede eliminar, como el haber nacido en la Argentina», agregó el sacerdote al mismo tiempo que hizo hincapié que «el libro de bautismos no es un registro de datos».
Lombardi, docente y abogado constitucionalista, cruzó al juez y aseguró que es una «falacia» considerar el bautismo como un «hecho histórico». «Si llevan un registro como es el libro de bautismo, que eliminen ese registro conforme a la Ley de Datos Personales. Que ellos digan que es un hecho histórico y no se puede borrar, es una interpretación de la Iglesia. Aquí se busca la eliminación registral. Cualquier persona que ha sido bautizada en contra de su propia voluntad, y de mayor solicita la supresión de sus datos, tiene que ser tomado así», aseguró el abogado.
Entre las motivaciones que empujan a los apóstatas a renunciar a la Iglesia, se asegura que por cada bautizado la Iglesia recibe cierta cantidad de dinero del Estado. «Es un delirio», acusó Loyola Pintos.
Ley de Datos Personales
Según la Ley 25.326 de Protección de los Datos Personales, la información de filiación religiosa pertenecen a «datos sensibles» y habilita expresamente a la Iglesia Católica de poder almacenarla.
Los apóstatas aseguran que los registros de bautismo «pueden ser considerados datos ilícitos» ya que al haber sido bautizados de bebés, no medió consentimiento pleno. En este sentido, la ley, en su artículo 5 asegura: «El tratamiento de datos personales es ilícito cuando el titular no hubiere prestado su consentimiento libre, expreso e informado, el que deberá constar por escrito, o por otro medio que permita se le equipare, de acuerdo a las circunstancias». Sobre la eliminación de datos, la ley manda que «toda persona tiene derecho a que sean rectificados, actualizados y, cuando corresponda, suprimidos o sometidos a confidencialidad los datos personales de los que sea titular». A partir del pedido, da un plazo de cinco días hábiles. Los casos en que no se puede suprimir los datos es cuando afecte a terceros, o «cuando existiera una obligación legal» de conservarlos.
«La Iglesia lleva una lista de Herejes»
Fernando Lozada, de la Coalición Argentina por un Estado Laico, aseguró que si bien la apostasía está reconocida por el derecho canónico por el que se rige la Iglesia, el anotar la renuncia en un registro, contrariamente a lo que ellos solicitan: eliminación de cualquier dato personal, hace que haya una «lista negra». «Dentro de los pecados de la Iglesia está la herejía y la apostasía. Entonces, es como una lista negra, sería como llevar una lista de herejes», argumentó. El Concordato, firmado entre la Santa Sede y el Estado Argentino en 1966, es referenciado por la Iglesia para diferentes casos que la involucran, como delitos penales, (como las últimas denuncias por abuso) hasta por cuestiones administrativas. «Cuando pedimos la apostasía, ellos se amparan en el Concordato y dicen que no tienen obligación de cumplir con el derecho argentino», señaló Lozada haciendo referencia al incumplimiento en que estarían incurriendo con la Ley de Protección de los Datos Persona les.
Silvia Noviasky/El Tribuno
