El Gobierno intenta contener la onda expansiva del conflicto que generó el polémico principio de acuerdo con la sociedad Correo Argentino por una deuda con el Estado que supera los 290 millones de pesos.
El martes, el jefe de Gabinete, Marcos Peña, expuso la defensa oficial en conferencia de prensa y buscó desligar de cualquier responsabilidad al presidente Mauricio Macri, pero la política y la justicia se hicieron eco de las debilidades que mostró -y muestra- el oficialismo en el inicio de un año electoral.
Los dirigentes opositores que desde el inicio de la gestión Macri se mostraron más dialoguistas se abroquelaron y renovaron sus críticas. Los principales cuestionamientos apuntan a una eventual situación de conflicto de interés y a la posible intervención del propio Jefe de Estado en la elaboración de un acuerdo que representa una reducción de 4 mil millones de pesos en la actualidad y de más de 70 mil millones a 2033 con relación a la deuda que Correo Argentino (empresa que administra Franco Macri) mantiene con el Estado.
Así, diputados del Frente Renovador, el bloque Justicialista y de Progresistas, pero sin la presencia del Frente para la Victoria-PJ, resolvieron citar al ministro de Comunicaciones, Oscar Aguad, el empresario Franco Macri (a cargo de la sociedad Correo Argentino SA), y a la titular de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso, para que den explicaciones la semana próxima. También, se citó al procurador del Tesoro, Carlos Balbín, que ordenó una auditoría sobre todos los funcionarios públicos del Ejecutivo que intervinieron desde 2001 hasta hoy en el juicio entre el Estado y la empresa.
Pero también se abrió un frente de conflicto en el ámbito de la Justicia. En este punto, el fiscal federal Juan Pedro Zoni imputó ayer a Macri y a Aguad. Aunque no precisó los cargos, el funcionario judicial consideró que el caso merece una investigación porque «se observa un perjuicio patrimonial multimillonario en las arcas del Estado y en el patrimonio de los acreedores minoritarios». También fue imputado el director de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Comunicaciones, Juan Mocoroa, cuya legitimidad para actuar en el caso fue cuestionado por la fiscal del fuero Comercial Gabriela Boquín.
Con el objetivo de garantizar la trasparencia, Peña instó ayer a que la Auditoría General de la Nación (AGN) realice un «veredicto técnico», pero el titular del organismo de control, el peronista Oscar Lamberto, rápidamente dejó en claro que no obedece a las órdenes del Poder Ejecutivo y esquivó el pedido.
En este sentidio, ratificó este miércoles que intervendrá «solo si el Congreso lo dispone». En declaraciones a las radios La Red y Mitre, indicó que «lo que se está discutiendo es un proceso de quiebra» y que «no queda claro cuál sería el material auditable», aunque agregó: «Si el Congreso lo pide se puede hacer, pero tiene que determinar con qué plazo y con qué recursos. El 22 se reúne (la comisión Bicameral) para tratar este tema».
En efecto, el presidente de la comisión Mixta Revisora de Cuentas, José Mayans (PJ-FPV), confirmó que convocará para el miércoles de la semana próxima a la referida comisión a pedido de legisladores del oficialismo, para buscar que la AGN audite el convenio del Gobierno nacional con el Correo. «Por la trascendencia y la repercusión del caso, corresponde que atendamos el pedido del oficialismo y se trate en la comisión, la puede resolver recomendar a la AGN que audite el convenio por el correo, sólo se necesitan 7 votos, la mayoría», afirmó Mayans a DyN.
Peña, además, consideró necesario «investigar por qué no se hizo el acuerdo» entre el Estado y el Correo Argentino «en los 12 años de kirchnerismo» y expresó que «ojalá que los que gobernaron antes tengan la misma predisposición de transparentar» que el Gobierno.
