El ministerio del Interior contabilizó 8.300 manifestantes en todo el país, un poco más de la mitad de los 14.500 del sábado pasado. En París, la caída era más marcada, con 3.100 manifestantes en las calles, frente a 10.000 hace siete días.
Tras la marcha, que se desarrolló en calma, se registraron algunos incidentes cuando un grupo de manifestantes quiso dirigirse hacia el centro de la capital. La policía empleó gases lacrimógenos para dispersar a la muchedumbre, en la cual se divisaba a varios jóvenes con capuchas y el rostro cubierto con pañuelos.
El ministro del Interior, Christophe Castaner, quien fue cuestionado tras las violencias del sábado pasado, prometió «cero impunidad» para los autores de destrozos e instó a la policía a aplicar las consignas «sin dudas ni medias tintas».
Unas 56 personas fueron detenidas en París por haberse congregado en el perímetro vedado y 45 fueron multadas. Las multas en caso de participar en una manifestación sin autorización pasaron esta semana de 38 (43 dólares) a 135 euros (152 dólares) para disuadir a los manifestantes.
Eric Drouet, una de las figuras más conocidas de este colectivo antigobierno que nació en las redes sociales hace poco más de 4 meses, dijo a la cadena de televisión BFMTV que fue multado por supuestamente participar en una manifestación que no fue declarada. «Todo es falso», denunció.
Además de París, Niza, Burdeos y Toulouse, en el sur del país, escenarios de concentraciones a menudo más multitudinarias que las de la capital, también prohibieron manifestaciones en varias zonas clave.
En Niza se registraron escaramuzas cuando cientos de manifestantes desafiaron a las autoridades e intentaron penetrar a un área vedada, a lo cual la policía respondió con gases lacrimógenos.
También se registraron incidentes en otras ciudades, como Nantes, Burdeos y Montpellier, pero sin comparación con los de otros fines de semana.
Tras los desmanes de la semana pasada, que dieron la vuelta al mundo, Emmanuel Macron está determinado a demostrar que su gobierno controla el orden público y no escatimó en medidas.
Además de prohibir las manifestaciones en los perímetros más sensibles, anunció un despliegue de militares de la operación antiterrorista Sentinelle (que cuenta con 7.000 efectivos desplegados por todo el territorio desde los atentados de 2015) para proteger edificios públicos y permitir a la policía concentrarse en el mantenimiento del orden.
Aunque la aprobación de los «chalecos amarillos» entre la opinión pública está en fuerte descenso (-8 puntos desde el vandalismo del sábado), aún no se vislumbra ninguna salida a la crisis.
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