El diputado Alejandro Parnás (UCR-Juntos por el Cambio) denunció una operación en su contra a partir del armado de una ridícula causa por supuesto «espionaje» contra un estudio jurídico, con el que tendría conexión el hijo de juez federal Sebastián Argibay.
«Aquí estoy en fiscalía, porque Zamora me quiere hacer callar plantándome una falsa denuncia en la Justicia que él maneja a su antojo y, para colmo, hostigando a mi familia con policías de civil en la puerta de mi casa», expresó en un video el legislador.
Frente a este ataque, los abogados de Parnás, Rodrigo Posse, Juan Parra, Laura Brandán, y María Belén Pinto, presentaron un habeas corpus, un mecanismo que garantiza al ciudadano conocer si hay alguna causa en su contra y salvaguardar su libertad frente a detenciones injustas.
El 18 de marzo, a las 20 horas, cuando Alejandro Parnás salía de su domicilio, acompañado por su esposa Romina Brandán, fue abordado por un policía de civil, al que luego se sumó otro uniformado.
Ambos le entregaron una cédula de notificación con carácter urgente, intimando a Romina Brandán a presentarse el 19 de marzo ante la Unidad Fiscal de Investigación y Litigación, a cargo de la fiscal auxiliar María Eugenia Calligaris.
La notificación se relacionaba con las actuaciones del Legajo Fiscal 6532/2025, caratulado “Autores desconocidos s/d a establecer e.p. Argibay Lapalma Agustín Ignacio”. Se trata del hijo del juez federal de Segunda Nominación, Sebastián Argibay.
La cédula no especificaba si la citación era en calidad de testigo o de imputada, por lo que Brandán se presentó acompañada por sus abogados, su esposo y el concejal Agustín Acosta. Sin embargo, la fiscal negó el ingreso de los abogados, argumentando que se trataba de una declaración testimonial.
Durante la audiencia, se le preguntó a Romina Brandán si era la titular del vehículo en el que se moviliza el diputado Parnás, quien lo había utilizado el 12 de marzo y se le solicitó una descripción física de su esposo. Se le negó el acceso a una copia de su testimonio, o la posibilidad de fotografiarla y cualquier información sobre el delito en cuestión o los presuntos imputados.
A partir de estos hechos, el diputado de Juntos por el Cambio y su entorno sospechan que la citación podría estar relacionada a un comunicado del Colegio de Abogados de fecha 12 de marzo, referido a un supuesto caso de espionaje, ya que tambien coincide el apellido del denunciante mencionado en la citacion con la referencia a un «magistrado federal» en dicho comunicado.
Además, su esposa fue consultada por los movimientos del auto el 12 de marzo, fecha en que el legislador provincial concurrió, por la mañana, al domicilio donde se corta el pelo habitualmente desde hace años, ubicado en calle Unzaga entre Jujuy y Rivadavia, a escasos metros de la Legislatura.
El Colegio de Abogados, presidido por el zamorista Luis Miguel, emitió ese comunicado donde denunciaba espionaje: «Advierte con preocupación ciertas acciones que -con metodología de “espionaje”- son llevadas a cabo por desconocidos en el frente y adyacencias de un Estudio Jurídico en contra de abogados que ejercen libremente su profesión, los que resultan espiados en su propio lugar de trabajo con fines desconocidos”.
El Ministerio Público Fiscal habría recibido una denuncia por ese hecho y apuntado hacia el automóvil que utiliza Parnás, quien frecuenta ese lugar porque allí se encuentra la peluquería a la que asiste hace varias décadas.
«Al gobernador, simplemente decirle que no me va a callar. Me puede desaforar, me puede meter preso, pero incluso detrás de las rejas voy a seguir denunciando lo que usted no quiere que la gente sepa. A mis comprovincianos, pedirles que reflexionemos si queremos seguir viviendo como esclavos bajo el yugo de este gobierno de perversos. Este año tenemos la oportunidad de cerrar definitivamente este capìtulo nefasto de nuestra historia», expresó Parnás, en un video que se viralizó.
