Además de complicaciones en su salud, una adolescente embarazada tiene muchas más posibilidades de dejar la escuela, de no conseguir trabajo, de terminar en un empleo precarizado, lo que va en detrimento de su calidad de vida y la de su familia. Pero no sólo las mujeres resultan afectadas económicamente por haber sido madres tempranas dejando de percibir ingresos, también el Estado deja de recaudar impuestos. Así, el embarazo en la adolescencia genera costos al país por 32 mil millones de pesos.
Es una de las conclusiones a las que llegó el estudio «Consecuencias Socioeconómicas del Embarazo en la Adolescencia en la Argentina» que presentó el Fondo de Población de las Naciones Unidas con el Ministerio de Salud de la Nación.
El embarazo en la adolescencia y la maternidad temprana son problemas sociales de magnitud considerable y de larga data para Argentina. En 2017 nacieron 704.609 niños y niñas, de los cuales un 13% (94.079) son hijos o hijas de adolescentes menores de 20 años y 2.493 de niñas menores de 15 años.
Las madres adolescentes suelen depender en forma exclusiva del sistema público de salud para la atención de sus embarazos y partos. Y los riesgos son mayores que en los embarazos de mujeres adultas. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, “las complicaciones asociadas al embarazo y los abortos en condiciones de riesgo son las causas principales de muerte entre adolescentes de 15 a 19 años». Dice el estudio que en los últimos seis años se registraron un promedio de 33 muertes maternas por año en adolescentes, un 13% del total.
Según el informe, todas estas atenciones corresponden al 32% de los 32 mil millones de pesos que le cuesta el embarazo adolescente al país. El 68% restante es la pérdida de ingresos generadas por las brechas que enfrentan las mujeres que fueron madres tempranas en el mercado laboral.
Es que quienes fueron madres adultas tienen tres veces más chances de completar estudios terciarios que quienes fueron madres tempranas, y cinco veces más posibilidades de alcanzar un título universitario. Sólo el 1% de las madres adolescentes obtiene un título universitario.
El estudio también detalla que la inactividad laboral supera un 25% entre quienes fueron madres adolescentes. que el nivel de desempleo supera en un 21,4% entre quienes fueron madres a temprana edad y el nivel de ingreso es un 29% menor también para este grupo de mujeres. La metodología se llama Milena y se basa en haber comparado las trayectorias educativas y laborales de quienes fueron madres a edad temprana con quienes lo fueron a edad adulta.
Según la Encuesta Permanente de Hogares hay 875 mil madres tempranas. Teniendo en cuenta todas las diferencias medidas en comparación con las adultas, estas mujeres perdieron 21.512 millones de pesos en sus ingresos por el desempleo y la inactividad, un 0,15% del PBI.
A su vez, marca el informe, el Estado deja de percibir unos 2.500 millones de pesos al dejar de recaudar impuestos (Ganancias e IVA) debido a esa brecha de ingresos entre madres tempranas y adultas: al ver su actividad productiva disminuida, también disminuyen los impuestos que pagan.
El informe de Unfpa muestra que el Estado Argentino destinó 7.600 millones de pesos (unos 200 millones de dólares al cambio de 2018) a la atención del parto, puerperio y del recién nacido de madres adolescentes a través de los servicios brindados por el Sistema Público de Salud, «es decir, en promedio, 90.667 pesos argentinos o 2393 dólares por cada madre adolescente atendida«.
Otra conclusión del trabajo es que «con prevención, el sector público se ahorraría cada año 5.318 millones de pesos». La cuenta surge de considerar que en el país 7 de cada 10 embarazos en la adolescencia son no intencionales: «Entonces, el Estado podría ahorrar al menos el 70% de sus gastos en la atención del embarazo, parto y puerperio y recién nacido de madres adolescentes».
«Este es un tema serio que no es nuevo. Desde este ministerio vamos a trabajar en prevención para que el embarazo adolescente ocurra menos donde más ocurre«, dijo en la presentación el ministro Ginés González García, acompañado por Valeria Isla, directora de Salud Sexual y Reproductiva.
«Que sea un año de leyes de derechos sexuales y reproductivos», dijo Mariana Isasi, de Unfpa. Habló de la ley de Obstétricas, de la Interrupción Voluntaria del Embarazo y de la necesidad de que haya prevención y acceso a la Interrupción Legal del Embarazo (ILE).
«Hay mucha gente que apoya pero también grupos que se oponen. Tenemos que avanzar en derechos porque impacta en la vida de las personas, por eso es importante seguir invirtiendo en la prevención -siguió Isasi-. Este informe busca que las chicas tengan capacidad de decidir».
Federico Tobar, Asesor Regional en Insumos de Salud Reproductiva de Unfpa, explicó la relación entre el embarazo adolescente y la economía, y que cuando los países progresan a nivel económico mejoran los índices sociales: «No hay dudas que los países que más han crecido en los últimos 60 años son Estados Unidos y China, los dos bajaron notoriamente la natalidad adolescente por una gran inversión en anticonceptivos. Argentina está 22 años atrasada con respecto a Estados Unidos y 50 años con respecto a China«.
«¿Qué podría hacerse con todo ese dinero que el Estado gasta en embarazo adolescente?», pregunta Tobar, y responde: «garantizar la oferta plena y gratuita de todos los métodos anticonceptivos para todos los hombres y mujeres del país».
Mariana Iglesias/Clarín
