El fiscal De La Rúa participó de dos asambleas realizadas en Tucumán

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En el marco de las XXXI Jornadas Nacionales de los Ministerios Públicos desarrolladas en la ciudad de San Miguel de Tucumán, durante los días 26, 27 y 28 de septiembre se llevó a cabo la Asamblea General del Consejo Federal de Política Criminal y del Consejo de Procuradores, Fiscales, Defensores y Asesores Generales de la República Argentina.

De la sesión participó el titular del Ministerio Público Fiscal de Santiago del Estero, el Dr. Luis Alberto de la Rúa y contó con la presencia de los Procuradores y Fiscales Generales de todo el país quienes se dieron cita con el objetivo de reflexionar e intercambiar experiencias frente a los nuevos desafíos que enfrentan los distintos Ministerios Públicos.

En ellas se expusieron diversas temáticas para generar herramientas –o en su caso adaptar las ya existentes- a fin de facilitar a la sociedad respuestas claras y positivas que contribuyan a una mejor administración de la Justicia.

Declaración

En la declaración de la Asamblea emitida por los Consejos se resaltó la necesidad de que la investigación penal frente a la complejidad que adquiere el delito en las sociedades modernas demanda que se termine con la improvisación de los investigadores para acceder a una herramienta fundamental como son las escuchas telefónicas, aspecto este que al día de la fecha es gestionado de manera ineficiente y concentrada por el Poder Judicial de la Nación. En este sentido, los miembros del consejo exhortamos al poder político para que en las instancias respectivas adopte las medidas necesarias para que estas metodologías de investigación se encuentren en lo sucesivo disponibles en el ámbito de la Justicia Provincial, tomando especialmente en cuenta que el sistema acusatorio concentra los recursos de investigación dentro del Ministerio Público.

Asimismo la declaración de los organismo destaca que resulta prioritario para otorgar mayor calidad e independencia a la Justicia Penal adoptar medidas urgentes para la conformación de organismos policiales en el ámbito de los Ministerios Públicos, siendo en esta materia un punto de partida de trascendencia la continuidad del desarrollo de los Laboratorios Regionales de Investigación Forense financiado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación.

En este sentido, en relación al Programa de Laboratorios Regionales, los Consejos destacan que al ponerse de manifiesto que su mantenimiento demanda un constante apoyo del Estado Nacional que sostenga la aplicación tecnológica que se lleva a cabo en esos centros y ayude a superar circunstancias que comprometan la continuidad del servicio. Ni le renovación del complejo instrumental de los laboratorios ni la adquisición de los insumos serán en lo sucesivo viables si no se adoptan con urgencia los recaudos necesarios para actualizar los montos destinados a este programa.

Finalmente, los consejos insistieron en el reclamo para una pronta sanción de una reforma penal integral en el ámbito del Congreso de la Nación, que tome como base los trabajos de la comisión encargada de la formulación del anteproyecto de Código Penal.

Renovación de compromiso con la capacitación en Violencia de género

Respecto a la violencia de género, habiéndose avanzado conjuntamente con el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación en la provisión de fondos destinados a la capacitación, los Consejos renuevan su compromiso de mejoramiento de intervención que han asumido para la eliminación de la violencia contra la mujer dando cumplimiento a mandatos provenientes de los tratados internacionales, a tal fin han puesto en marcha un programa de formación de operadores de los Ministerios Públicos que se desarrollará en España y que tiene por objeto la generalización de sistemas de intervención sobre violentos que ya resultan exitosamente aplicados en Europa.

Reiteramos que los procesos de designación de fiscales, defensores y asesores, deben orientarse a nuevos métodos de mayor calidad en cuanto a la detección de los perfiles de los integrantes de los Ministerios Públicos, para lo cual es imprescindible que los organismos de selección se encuentren integrados tanto por las máximas jerarquías como por los miembros de los niveles básicos de nuestras instituciones.

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