Eduardo Taiano es el fiscal federal a cargo de la investigación sobre el Vacunatorio VIP y ayer, martes, recibió la notificación de la ANSES para que defina qué quiere hacer con su trámite de jubilación.
En la causa que investiga el supuesto abuso de autoridad del ahora ex ministro de Salud Ginés González García y de su sobrino y también ahora ex funcionario Lisandro Bonelli al organizar un vacunatorio VIP destinado a inmunizar contra el COVID-19 a funcionarios, legisladores, familiares y personas cercanas al poder, Taiano ya imputó formalmente a ambos.
A su vez, el fiscal, con la firma de la jueza María Eugenia Capuchetti en los tribunales de Comodoro Py, ordenó el allanamiento de la sede del Ministerio de Salud y el secuestro de los registros de ingreso y las imágenes de las cámaras de seguridad. Todo fue efectuado por la división Delitos contra la Salud de Policía Federal.
El material fue requerido expresamente por Taiano con la finalidad de determinar quiénes y cómo ingresaron al lugar en el período investigado (del 1 al 19 de febrero) luego de las causas pertenecientes a los juzgados a cargo de Capuchetti, con denuncias presentadas en los tribunales por voces como el fiscal federal Guillermo Marijuan, el abogado Jorge Monastersky, y figuras del arco opositor como Marcela Campagnoli y Paula Oliveto.
En ese contexto, el fiscal federal recibió ayer la carta notificatoria del ente previsional. No es un hecho aislado. Más de 200 jueces y fiscales fueron intimados a abandonar sus funciones o retirar su trámite de jubilación ya otorgado. Así se los hizo saber la ANSeS en una resolución que firmó días atrás. La decisión generó preocupación en el mundo judicial, que la interpretó como una nueva embestida contra el Poder Judicial.
Es que jueces y fiscales tienen la posibilidad de hacer sus papeles de jubilación cuando cumplen la edad de 60 años, para que ello quede asignado el día en que decidan presentar la renuncia. Entre los que están en esa situación aparecen también camaristas como Leopoldo Bruglia y Martín Irurzun, el fiscal Carlos Stornelli o el juez de Casación Eduardo Righi.
Finalmente, el Consejo de la Magistratura de la Nación resolvió analizar y sentar una postura sobre la resolución. El tema lo planteó la oposición en el cierre del plenario del organismo en el que fueron elegidas sus autoridades para este año.
En la causa que investiga el supuesto abuso de autoridad de Ginés González García y su sobrino Lisandro Bonelli al organizar un vacunatorio VIP, Taiano ya imputó formalmente al ex ministro y a su sobrino (Foto NA)“Taiano fue notificado para que defina qué es lo que quiere hacer con su trámite jubilatorio, que él mismo inició. No tiene que jubilarse, tiene que definir qué hace con el trámite. La notificación fue enviada el día 19 de febrero, antes de que se iniciara la investigación”, explicaron fuentes del organismo de seguridad social.
La ANSES comenzó a enviar este mes la resolución a jueces y fiscales con la jubilación ya otorgada. La nota señala que si no lo hacen se procede a rever el régimen con el que se jubilaron. En marzo del año pasado se sancionó un nuevo sistema que cambia la fórmula y el sistema de aportes. Con eso, muchos jueces se jubilaron. La práctica en el Poder Judicial es tener la jubilación otorgada hasta que decidan irse. Muchos utilizaron ese mecanismo para presentar la renuncia cuando tenían acusaciones por las que podían ser destituidos.
Pero desde el ámbito de la Justicia señalaron que el caso tendría su trama política porque varios de los que estarían alcanzados por la medida son muy criticados por el gobierno nacional.
Por su parte, Taiano se encuentra en plena investigación por el el vacunatorio VIP. Tras las imputaciones y el allanamiento en el Ministerio de Salud, ordenó el mismo procedimiento en el Hospital Nacional Posadas para que se obtengan las imágenes de las cámaras de seguridad y el registro de las partidas de vacunas Sputnik V recibidas por ese centro de salud. Asimismo, solicitó que se consiga la nómina de personas vacunadas en la institución y el listado del personal asignado al plan de vacunación contra el coronavirus.
En su dictamen, el fiscal resumió las denuncias presentadas y afirmó: “Los denunciantes precisaron que las dosis suministradas de forma irregular integrarían un lote de vacunas de Sputnik V que habrían sido apartadas del circuito oficial de distribución y, por lo tanto, no repartidas conforme al plan delineado por el gobierno nacional”.
