El fiscal Carlos Stornelli pidió al juez Claudio Bonadio que procese a la viuda y el entorno de Daniel Muñoz, el fallecido secretario de Néstor Kirchner que logró sacar del país más de 70 millones de dólares e invertirlos en propiedades en Estados Unidos.
Cuando en 2016 estalló el escándalo de Panamá Papers y aparecieron los primeros nexos con el dinero, Muñoz, su viuda Carolina Pochetti, su abogado Miguel Plo y Juan Manuel Campillo, el ex jefe de la ONCAA durante la gestión de Néstor Kirchner, pusieron en marcha un plan para vender las sociedades.
Así lo relata el fiscal Stornelli, en los documentación en la que pidió detenciones y repasó las pruebas que obran en el expediente. La causa por lavado de dinero sobre Daniel Muñoz y sus presuntos testaferros estaba en el juzgado de Luis Rodríguez, en donde Stornelli pidió infructuosamente detenciones. Tras el apartamiento de Rodríguez por orden de la Cámara Federal, el caso terminó anexándose a la causa de los cuadernos. Varios de los arrepentidos habían dicho en ese expediente que le entregaban dinero a Muñoz para Néstor y Cristina Kirchner.
Stornelli le pidió a Bonadio que procese por lavado de dinero a Carolina Pochetti y al contador de los Kirchner, Víctor Manzanares. También a todos los que aparecen detrás de la cadena de sociedades que movió dinero detrás de Muñoz: los arrepentidos Sergio Todisco y Elizabeth Ortiz Municoy, el financista Carlos Temístocles Cortez, Carlos Gellert y el abogado Miguel Angel Plo, su hija y su yerno. En la nómina aparecen además otra serie de personas para las cuales se pidió el procesamiento por haber sido participes de la maniobra.
Fue Ortiz Municoy la que le dio el tono político a su declaración cuando señaló los vínculos que su ex suegro, el empresario Mauro Sergio Todisco, «se jactaba» de tener con el asesor de Cristina Kirchner y con el entonces ministro de Planificación Julio De Vido.
Stornelli sostiene que hubo «una estructura jurídica, societaria y bancaria en la Argentina y en el extranjero, con el fin de canalizar, convertir, transferir, administrar, vender, disimular y o poner en circulación en el mercado fondos de procedencia ilícita, presumiblemente originados (en la causa de los cuadernos) y convertirlos integrarlos al circuito económico formal bajo apariencia de licitud todo ello desde al menos el año 2010 y con vigencia en la actualidad».
De esa estructura participaron Muñoz, ya fallecido en 2016; su viuda, Carolina Pochetti, detenida; la ex pareja Todisco y Ortiz Municoy (ambos arrepentidos); Carlos Cortez (preso) y Carlos Gellert y Perla Puentes Resendez, (otra pareja que reside en el exterior y aun no fue detenida). Todos ellos están sospechados de integrar el entramado de sociedades que compraron y vendieron departamentos en Estados Unidos por más de 70 millones de dólares.
Según las pruebas de la causa, Todisco y Ortiz Municoy –dueña de la inmobiliaria Ortiz LizMar- habrían creado al menos 14 empresas en Miami y en el estado de Delaware, entre mayo de 2010 y julio de 2015, que fueron el canal para la adquisición de 16 propiedades –departamentos de lujo, paseos comerciales y un mini shopping-. Además tienen o tuvieron a su nombre varias de las cuentas bancarias en los Estados Unidos de América. Por vías diplomáticas se detectó que figuraban como titulares de las sociedades formadas en ese país, luego transferidas a Perla Puente Resendez.
Una vez que se destapó el caso Panama Papers, dice Stornelli, el entorno de Muñoz activó un operativo para vender las sociedades. Alli es donde, se sostiene, intervinieron el abogado Plo y sus familiares y el ex funcionario santacruceño, Juan Manuel Campillo, quien está detenido junto a su sobrino. Todos ellos están acusados de haber viajado a Estados Unidos para vender las sociedades y quedarse, se sospecha, con una jugosa parte del dinero de Muñoz.
