La exhaustiva revisión de la economía argentina que hizo el Fondo Monetario Internacional (FMI) para liberar u$s7600 millones del crédito stand by este mes incluyó recomendaciones para alcanzar la meta de equilibrio fiscal en 2019. Entre los ajustes sugeridos en el gasto público, sobresalen dos: recortes a los subsidios energéticos y contención en las subas de los salarios públicos. En particular, el Fondo remarcó la necesidad de contar con un marco legal que le permita al Gobierno traspasar a los usuarios el impacto de la devaluación en las tarifas de electricidad y gas.
Como adelantó TN.com.ar el 5 de octubre, la secretaría de Energía de Javier Iguacel había creado un cargo extra para que los usuarios paguen en sus tarifas de gas el impacto que tuvo la devaluación del peso en el costo de la energía. La medida oficial generó un frente de conflicto de tal magnitud que el Gobierno debió dar marcha atrás y asumir ese costo. La diferencia la pondrá el Estado, con pagos a las petroleras productoras de gas en cuotas, a partir de octubre de 2019.
El FMI tomó nota de eso y pidió tomar medidas para que no se repita. El punto 17 de la segunda revisión bajo el acuerdo Stand by es contundente: «Será importante resistir presiones para mantener los subsidios energéticos y subir salarios».
«Las autoridades deberán aplicar un marco regulatorio para pasar los efectos de la depreciación del peso a los consumidores de gas y electricidad», indicaron los técnicos del Fondo. «La decisión este año de evitar ese traslado a precios implicó un costo extra del 0,1% del PBI para el gobierno federal (que pagará a los distribuidores de gas -en realidad, los productores- entre 2019 y 2021», se lee en el reporte.
El Presupuesto 2019 contempla una reducción en los subsidios energéticos para que las tarifas que pagan los usuarios representen el 90 por ciento del costo de la producción hacia finales de ese año.
Si bien el Presupuesto contempla la reducción de subsidios a los consumidores, el impacto de la devaluación en los precios -dolarizados- se sintió en las previsiones de gastos. Cammesa, la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico, tendrá un 34,3% más de fondos ($99.484,2 millones) para cubrir la diferencia en el precio que pagan los consumidores por la electricidad y el que valor de mercado. El porcentaje está en línea con la inflación promedio. Enarsa contará con un 74,6% más ($56.740,9 millones) para solventar la diferencia entre el precio de importación de gas y el de venta en el mercado interno.
Así y todo, el Gobierno previó una caída de 7 por ciento nominal (es decir, sin contar la inflación) en los subsidios económicos. El Presupuesto 2019 también contempla el traslado a las provincias del costo de la tarifa social de electricidad.
El Ejecutivo repitió que el trabajo sucio en la quita de subsidios energéticos ya se hizo y que, a partir de 2019, los aumentos tarifarios deberían seguir a la inflación. Más allá del desarme de las compensaciones a usuarios, la suba del dólar agregó presión en los precios, que deberá trasladarse a los precios que pagan los consumidores o solventarse con fondos públicos.
Sobre los salarios del sector público, el Fondo advirtió que para cumplir la previsión del Presupuesto (un aumento anual del 34%, en línea con la inflación promedio), la paritaria que rija desde junio de 2019 deberá tener un aumento de «no más que 25 por ciento», por los incrementos que ya se pactaron para diciembre, enero y febrero.
En esa sintonía, el ministro de Producción y Trabajo, Dante Sica, firmó las primeras paritarias 2019 con una referencia del 23% de aumento, aunque con cláusulas de revisión para mitad de año.
El FMI indicó que las modificaciones que tuvo el Presupuesto en la discusión parlamentaria agregaron unas décimas al déficit primario previsto, que pasó de 0 a 0,17 por ciento del PBI. De todos modos, consideró que es un escenario manejable y que el Gobierno podrá recortar partidas para llegar al equilibrio.
