Los responsables de la fiscalización para las elecciones primarias en el interior del país se enteraron apenas tres semanas antes de que se encargarían de ese rubro. El domingo 11 de agosto, de hecho, el edificio partidario de la calle Balcarce, a cuatro cuadras de Casa Rosada lucía casi vacío: no llegaban a diez los colaboradores a cargo de los fiscales en distritos tan disimiles como La Pampa, Chubut, Jujuy, Formosa, Santiago del Estero o Salta.
Los fondos para la logística tardaron en llegar. E incluso fue la mitad de lo prometido. A Santa Fe, por ejemplo, debía llegar un promedio de mil pesos por fiscal para viáticos, comida y otros rubros. Les mandaron la mitad. Y en dólares, lo que complicó aún más la logística: los jefes de la campaña provincial debían pasarlos a moneda local en el mercado negro.
Hubo fallas en la calidad de la fiscalización. Pero también en la cantidad. En Santiago del Estero -distrito adverso y hostil-, por caso, 360 de las poco más de 2 mil mesas no se cubrieron: Mauricio Macri no tuvo ningún voto.
Nadie en el Gobierno se arriesga a aventurar cuántos votos podría haber tenido el Presidente en esas mesas. Tampoco nadie con cierto grado de racionalidad cree que Macri perdió frente a Alberto Fernández por algo más de 15 puntos por la fiscalización. Pero así como en el entorno más íntimo del jefe de Estado estaban convencidos el mismo domingo 11 de agosto de que la diferencia con el Frente de Todos era testimonial, también creyeron que la fiscalización no merecía demasiada atención. Y tomaron nota.
Hace diez días, el viernes 20 de septiembre, Macri dedicó un rato de su agenda exclusivamente al tema. En Olivos, recibió a Guillermo Dietrich, a cargo de la fiscalización nacional de cara a octubre, y a un grupo de colaboradores del ministro que trabajan full time en el rubro. Le dieron un panorama de la situación general y le resaltaron que, en el interior del país, podía acortar 1 punto con el candidato del Frente de Todos, según pudo reconstruir este medio de fuentes con acceso a ese encuentro.
Los más optimistas son aún más osados: en el entorno del ministro de Transporte juran que, incluida la provincia de Buenos Aires, podrían achicar “entre 0,5 y 3 puntos”. Dicen que Macri necesita 2 millones más de votos a los poco más de 8 millones que obtuvo en las PASO. Y que el ex jefe de Gabinete K no sume ni uno más. El panorama es más que complejo. Miguel Ángel Pichetto lo dijo en forma descarnada para generar mística interna.
El jefe de ministros y de campaña, Marcos Peña, ahora también le dedica un día de la semana a reuniones de seguimiento de fiscalización, en las que, además de Dietrich, participaron con intermitencias Rogelio Frigerio, Francisco Quintana o Humberto Schiavoni.
En el edificio de Juntos por el Cambio de la calle Balcarce, en tanto, hay reuniones de coordinación de fiscales los lunes y los jueves, en el quinto piso -dos más arriba de la oficina que se ocupa de las finanzas del partido-. Participan docenas de funcionarios, con el foco en la capacitación de voluntarios. Hay nexos con los encargados de todas las provincias. Y ejecutivos del G25, la fundación que integran varios de los funcionarios macristas que provoca escozor en algunos de los dirigentes de larga militancia política. La idea es sumar cantidad. Pero fundamentalmente calidad.
El equipo de Dietrich armó además una aplicación en la que se actualiza la información de cada distrito. Como los clásicos tableros de control que el PRO implementó en sus gestiones en la Ciudad, en la Provincia y en la Nación, con resultados dispares. Y fortaleció la red de abogados, en la que participan dirigentes como Silvia Lospennato y Patricio Gregorio Blanco Ilari, del área de Legales de la Provincia.
El traspaso de mando entre Dietrich y Sebastián García de Luca, secretario de Interior de Rogelio Frigerio -del riñón de Emilio Monzó-, la semana posterior a las PASO, fue áspero en sus primeros minutos. De Luca recibió al ministro en su oficina, en la planta baja de Casa Rosada, visiblemente molesto por algunos comentarios públicos vinculados a la manera de fiscalizar para las primarias. Después se distendieron.
El viceministro del Interior había tenido la supervisión de los fiscales bajo su ala: se lo encargaron tres semanas antes de las elecciones, en los días en que los estrategas del oficialismo daban cátedra de redes sociales y de campaña a través del WhatsApp.
Los cortocircuitos posteriores a las PASO entre la Casa Rosada y la administración bonaerense por el rumbo de la gestión y la política también tuvieron su capítulo vinculado a la fiscalización. Hubo reuniones tensas. Y distritos del conurbano gobernados por intendentes del PRO que se quejaron por la falta de fondos, a pesar de promesas contrarias.
El responsable político en territorio bonaerense es Federico Salvai, mano derecha de María Eugenia Vidal. Que designó, para la primera y la tercera sección del Gran Buenos Aires, a César Torres y Walter Lanaro, legisladores provinciales. Los dos dirigentes participan de los encuentros en el búnker partidario de los lunes y jueves.
Distinto es el caso de la ciudad de Buenos Aires, que si bien hay coordinación con la mesa nacional, trabajan por separado. Horacio Rodríguez Larreta le aseguró a sus más íntimos, después de las elecciones primarias, que iba a hacer “lo que sea” para ganar en octubre. E instruyó a Diego Santilli a saturar el sur de la ciudad de Buenos Aires. Cerró un acuerdo con Luis Barrionuevo por la fiscalización.
Fuentes oficiales resaltaron, por su parte, que en territorio bonaerense dispondrían de mayor presencia de las fuerzas de seguridad en las escuelas. En la provincia de Buenos Aires también hubo distracciones. Frente a un PJ unido con sed de revancha que apeló al folklore tradicional y a prácticas clásicas que suelen ser redituables. En algunos establecimientos, por caso, aparecieron militantes con el cartel “encargado de escuela”, que daban órdenes. La figura de “encargado de escuela” no existe.
