Aunque hubo fines de semana donde se trabajó tanto en Casa Rosada como en la residencia de Olivos, en el Gobierno prefieren contar solo los días hábiles de la gestión. Sin feriados ni asuetos, la cuenta da 19. Así justifican algunas resoluciones postergadas mientras enumeran las medidas tomadas para frenar la inflación, desde el congelamiento de tarifas (al que prefieren no llamar como tal para no dar señales que desincentiven la inversión) hasta el freno a los peajes y combustibles.
En forma paralela, esta semana se lanzaron los nuevos Precios Cuidados con 310 productos para ser tomados como referencia y una batería de políticas sociales, como el bono de fin de año, la tarjeta alimentaria y el aumento salarial de $4.000 a cuenta de futuras paritarias para trabajadores privados. En cambio, aún no se oficializó el decreto para otorgarles el mismo monto de suma fija para los estatales que perciben haberes de hasta $60.000.
En ese marco, y dentro del plazo que se dio el propio Gobierno para ordenar y contener la macroeconomía, hay especial atención en las futuras discusiones salariales. El argumento es ponerle un límite a la carrera desenfrenada de precios, salarios y tarifas. En despachos oficiales hablan de “racionalidad”, sustantivo clave en esta etapa inicial y en la previa a las negociaciones de la deuda. Esa racionalidad es la que se pide a los empresarios, tanto a los formadores de precios como a los empleadores que tendrán que sentarse con los representantes sindicales. Y a los sindicalistas, la mayoría de ellos de origen peronista, les pidieron y les pedirán las misma racionalidad. En eso están varios ministerios, con la línea que baja Presidencia y también el Ministerio de Trabajo, con Claudio Moroni a la cabeza.
Lo planteó en campaña Alberto Fernández a gran parte de los referentes de la CGT. La conversación se repitió después de ganar las elecciones. Pacto social mediante, hubo un principio de acuerdo en el que no comulga Hugo Moyano a pesar de los esfuerzos de todos aquellos que conversan con el camionero, desde Sergio Massa, que le armó un asado en su casa de Rincón de Milberg para conversar sobre la unidad del sindicalismo con los ministros Claudio Moroni y el de Transporte, Mario Meoni.
En el Gobierno saben que deben prestar atención a partir de la próxima semana cuando empiezan a reactivarse las conversaciones camino a las primeras paritarias. A los interlocutores de cada gremio les transmiten un mensaje: que cierren aumentos razonables y que este año no haya cláusula gatillo. Les temen a los que consiguen mayores subas, como aceiteros, bancarios y camioneros, todos gremios que pueden servir como aumentos testigo, aunque no es usual que el resto se acerque a sus conquistas.
La cláusula gatillo fue una herramienta utilizada por la última gestión para destrabar negociaciones paritarias cuando la inflación se escapaba de todas las previsiones. “La cláusula gatillo no le sirve a los trabajadores si la gestión tiene éxito”, se escudan en los pasillos oficialistas que, con una visión pro-trabajadores, sostienen que a futuro deberían recomponer sus salarios, “de a poco”, por encima de la inflación. “Esa es nuestra aspiración”, afirman en el primer piso de la casa de Gobierno.
Aunque en los gremios hay “amigos”, como el kirchnerista de origen radical Sergio Palazzo, que fue un gran anfitrión de actos en campaña en La Bancaria tanto para Cristina Kirchner como para Alberto Fernández, en la Casa Rosada admiten que cada cual tiene la presión de sus representados. Por eso la preocupación, especialmente cuando Moyano empujó un bono de $ 20.000 para los afiliados a Camioneros.
El último día del año, el ministro Moroni comió con los Moyano. También habló con el jefe camionero el ministro Meoni, bajo cuya responsabilidad está el vínculo con las Cámaras de Transporte. Con el bono ya tuvo que conversar con las empresas de transporte de caudales, residuos, productos químicos especiales y cereales. Las cámaras que nuclean a las grandes empresas suelen firmar los acuerdos mientras que otras, como FADEEAC, que nuclea a empresas de entre 4 y 10 camiones, tienen mayor impacto sobre sus cuentas. Ahí interviene el ministro en charlas donde se evalúan las posibilidades reales de afrontar esos aumentos. Funciona como mediador en virtud de su buen diálogo con Moyano.
En el Poder Ejecutivo creen que el plazo autoimpuesto de 180 días para ordenar las cuentas y frenar aumentos que permitan controlar la inflación les da tiempo para encarar estas negociaciones. En Transporte ya hablan informalmente con la Unión Ferroviaria, la Fraternidad y la UTA. Y en el Ministerio de Educación, Nicolás Trotta ya anunció la paritaria nacional que servirá fundamentalmente como referencia. De todos modos, coinciden las fuentes en señalar que es la paritaria de Buenos Aires la que más pesa. Roberto Baradel es otro de los “amigos”, figura de primera fila en gran parte de los actos de campaña del Frente de Todos. Ya cargó sobre sus espaldas el estigma de acompañar al gobierno kirchnerista y convertirse en la figura más combativa contra la gestión de María Eugenia Vidal. Nadie se anima a adelantar que esa paritaria vaya a ser fácil.
