El Gobierno implementará antes de fin de año un proceso de reformas en el Estado para establecer el ingreso de personal por concurso con el objetivo de cubrir, en un principio, al menos unas mil vacantes. La decisión política de fondo es poner un límite al esquema de incorporación a planta permanente establecido por conveniencia política.
«Nuestra decisión es que, al cabo de esta presidencia, terminemos con al menos el 50% de los cargos concursados. Queremos un Estado con una alta dirección pública profesional, que sea conducido por personas que hayan sido elegidas por concursos abiertos y transparentes», explicó a Infobae el ministro de Modernización, Andrés Ibarra.
Según datos oficiales, entre 2016 y 2018 se efectivizaron 5.600 cargos mediante concursos públicos, de los cuales 2.098 corresponden a trabajadores con más de 10 años de antigüedad, que se encontraban en condiciones laborales «precarias». En 2015 solo había 7 cargos concursados.
Actualmente hay 243 cargos en proceso de concurso y 200 en análisis de perfiles, pero la intención del Gobierno es llegar a 300 para fin de año y cubrir para el año que viene alrededor de 1000 cargos por concurso.
Claro que el nuevo esquema encuentra una fuerte resistencia no solo de los gremios sino también de algunos sectores históricos de los partidos que estaban acostumbrados a incorporar personal al Estado por acomodo como botín político. Desde los gremios de ATE y UPCN cuestionan este esquema de concursos porque creen que en algunos casos son «discriminatorios». Y algunos referentes políticos de Cambiemos admitieron en reserva a Infobae que el sistema impedirá a futuro que haya un ingreso de «personas de confianza» en el sector público.
Los concursos de la denominada «alta dirección pública» se instrumentan en todos los casos mediante convocatoria abierta, es decir que puede inscribirse toda persona que reúna los requisitos exigidos en los perfiles de cada cargo.
«Queremos una administración pública que brinde bienes y servicios públicos de calidad con austeridad y que simplifique el vínculo entre personas y empresas con el Estado», añadió Ibarra.
De esta manera, desde el Ministerio de Modernización aclararon que la intención del gobierno es «fortalecer la cultura del trabajo dentro del Estado, reconociendo el mérito y el valor del servicio público por sobre todas las cosas, y promoviendo una gestión que genere beneficios concretos para la sociedad».
Paralelamente a esto, el Gobierno relanzó el Instituto Nacional de la Administración Pública (INAP), que ahora cuenta con itinerarios formativos según la carrera, cursos de inducción al Estado, un nuevo campus virtual, articulación con universidades públicas y privadas, y un Consejo Consultivo de excelencia.
Así, actualmente hay más de 200.000 empleados públicos que se capacitaron en el manejo de herramientas digitales, en especial en el sistema de Gestión Documental Electrónica. A su vez, a través del Programa de Gestión Municipal de INAP se realizaron capacitaciones de la Alta Dirección Pública municipal en todo el país.
Por otro lado, a partir de la implementación del sistema biométrico para el control de asistencia en todos los organismos estatales se incorporó al convenio colectivo un premio por presentismo y 53 organismos públicos cuentan con control biométrico para el ingreso y presentismo del personal.
Además, se encuentra en licitación este sistema en otros 15 organismos públicos y se prevé que para el año que viene, todos los organismos públicos se encontrarán bajo esta modalidad.
Por otra parte, el Ministerio de Modernización instrumentó el denominado plan de «gestión por resultados». Se trata de un sistema que generó mucha polémica en los gremios del Estado. Hoy todos los ministerios cuentan con tableros de control para el seguimiento de proyectos y cumplimiento de compromisos públicos.
En tanto, se realizan en casi todos los ministerios las «evaluaciones de desempeño», donde se establece un esquema de revisión laboral con la intención de calificar a los empleados y progresar dentro de la carrera pública.
El plan de ajuste impuesto por el presidente Mauricio Macri en el Estado contempla a la vez el desarrollo del «Programa de Movilidad y Búsquedas internas» como complemento a la medida de «Cero ingresos al Estado» lanzada en junio de este año. Es decir, se congeló la planta de personal.
En adelante, las vacantes se irán cubriendo con el esquema de concursos y con una herramienta integral que fomente la movilidad interna entre los diversos organismos de manera centralizada.
