Una de las promesas de Alberto Fernández en su discurso al asumir el 10 de diciembre fue la creación de un Consejo Económico y Social al que había convocado a empresarios y sindicalistas durante la campaña. La ley que lo pondrá en marcha está en redacción en las oficinas del secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Béliz, uno de los pocos que acompañó al Presidente en los dos viajes que ya hizo, a Israel primero y al Vaticano y la gira europea en estos días. Lo urgente para el oficialismo es reestructurar la deuda. La ley paraguas para negociar con los acreedores será votada este miércoles en el Senado mientras se espera el regreso del Presidente de la Nación que fue en busca de apoyo de los líderes de peso con silla en el FMI, desde Jerusalén, al Papa y países como Italia, Francia, España y Alemania. El plazo es marzo. Después vendrá el resto. En el resto está el Consejo.
Hasta que se acuerde con los acreedores, en Casa Rosada avanzan con algunas políticas un poco menos urgentes pero necesarias. “Alguien tiene que pensar políticas a largo plazo”, reflexiona a metros de Casa Rosada un importante secretario de Estado. Todos le ponen fecha: el año 2030.
En el Frente de Todos conviven distintos sectores. A pesar de las diferencias coinciden en la necesidad de un consenso que trascienda a la unidad electoral que llevó al triunfo de octubre. Y que trascienda al Frente de Todos. En línea con el anuncio presidencial, consideran que el Consejo Económico y Social no sería una comisión más sino un organismo que genere análisis y propuestas que permitan pensar políticas a largo plazo independientemente de quién esté a cargo del gobierno. El Frente de Todos se convence de que la próxima década será otra vez peronista. Pero admiten que los cuatro años de Mauricio Macri implicaron un cambio, incluso cultural, y buscan saltar la grieta. Por eso propondrán este órgano permanente para diseñar, consensuar e instrumentar políticas de Estado.
Para la elaboración del proyecto de ley varios ministros acercaron propuestas, principalmente el de Trabajo, Pablo Moroni; el propio Béliz; y de parte del massismo se encargó la tarea a José Ignacio de Mendiguren que dio una mirada más como industrial que como político.
En el borrador que se analiza, se menciona al Consejo como un órgano para planificar políticas a largo plazo, con un mandato para su titular de cinco años y áreas de trabajo vinculadas a la educación, el desarrollo regional, ciencia y tecnología, empleo y jubilaciones.
El mandato de cinco años atravesaría una parte de la gestión de un periodo presidencial (el presente) y la segunda parte con el mismo presidente, si fuera reelecto, o uno nuevo. De allí la importancia de quien sea designado como su titular y el alcance de sus facultades y autonomía.
Algunos creen que el organismo está pensado a la medida de Roberto Lavagna, ex candidato a presidente que Fernández quería como ministro de Economía. También le cae bien a Cristina Kirchner. En Casa Rosada no descartan su nombre a pesar de que en su entorno creen que no está pensando en asumir un rol institucional. Aseguran que puede ayudar con su experiencia y sus opiniones y señalan que ya ayuda a través de varios dirigentes y técnicos lavagnistas que se sumaron al gobierno, como su hijo Marco Lavagna que quedó al frente del Indec o los diputados de su espacio como Eduardo ‘Bali’ Bucca y Alejandro ‘Topo’ Rodríguez, entre otros. “Jamás le va a negar al Presidente o al Gobierno su punto de vista o el diálogo”, respondieron a Infobae quienes lo conocen bastante bien.
En ese marco surgieron, a instancias de distintos padrinos, otros posibles nombres. Uno es el del radical Ricardo Alfonsín de muy buen diálogo con Alberto Fernández. Se comenta que el ex diputado tiene dudas respecto al apoyo con el que contaría desde su partido cuya estrategia es plantarse como fuerza de oposición. El otro candidato es el rector de la Universidad de Buenos Aires, Alberto Barbieri. “A él le encantaría”, especulan en los claustros quienes conocen sus inquietudes. Lo empujan desde las universidades donde recuerdan los gestos entre el rector y el Presidente cuando en campaña eligió la Facultad de Derecho, la de Agronomía y el Colegio Nacional Buenos Aires para distintos actos. En cada ocasión Fernández habló de la importancia de la universidad pública, de su condición como graduado y docente universitario, y valorizó la presencia de Barbieri. De buen diálogo con distintos sectores, el rector de la UBA recibió el año pasado la Mención de Honor Domingo Faustino Sarmiento. Se la entregaron en mano en el Senado Federico Pinedo y Miguel Pichetto. En la platea aplaudían referentes peronistas cercanos al Presidente como Daniel Filmus y Juan Manuel Abal Medina.
Los detalles se los reservan en la Secretaría de Asuntos Estratégicos, que enviará próximamente un borrador a algunas figuras de peso en el Congreso. El plan es que se le otorgue un marco institucional, que sea de carácter permanente y que sus máximas autoridades sean elegidas con acuerdo Parlamentario. La gestión trascenderá al mandato actual.
Otra de las propuestas del Ejecutivo es que sea un espacio plural que aporte análisis y propuestas sobre cuestiones institucionales y sobre proyecto productivos de mediano y largo plazo, sin la urgencia de la coyuntura. Sus miembros, tal como lo conversó en su momento el Fernández cuando era candidato, serían desde referentes políticos a productivos, empresarios, industriales, representantes del sector agropecuario, servicios, construcción y pequeñas y medianas empresas. Del ámbito educativo podría haber tanto representantes del Consejo Interuniversitario Nacional como de universidades privadas y de colegios profesionales, de movimientos sociales, del CONICET, del Consejo Interinstitucional de Ciencia y Tecnología y de distintas organizaciones sociales, incluso religiosas.
Además de referentes políticos de distintas fuerzas y distintas áreas, convocarían a creativos, científicos y profesionales que piensen un país a largo plazo, que aporten políticas productivas y piensen la educación para los nuevos empleos.
En campaña, Lavagna presentó su propia propuesta casi con el mismo nombre: Consejo para el Desarrollo Económico y Social. En esa iniciativa, similar a la del Ejecutivo, se proponía que el Consejo también emitiera opinión respecto a los proyectos de ley que trate el Congreso (tanto elaborados por los legisladores como enviados por el Ejecutivo) y respecto a los decretos a firmar por el Presidente. Incluso se le daba facultades para enviar proyectos de ley al Parlamento sobre los temas de su incumbencia, laborales, productivos, educativos, sociales, ambientales o de cualquier tema con impacto nacional dentro de sus áreas de trabajo.
Algunos de los temas más delicados sobre los que los posibles candidatos a presidente del Consejo habrían pedido precisiones son el financiamiento y la autarquía que tendrá, o no.
El anuncio del proyecto será para el Presidente una manera de volver a juntar a los diferentes sectores políticos, sociales, económicos y culturales como hizo con el Plan Argentina contra el Hambre y un gesto de esa Argentina unida y de pie que promete.
