Más de 150 jueces y fiscales se reunieron hoy en la Asociación de Magistrados para manifestar su rechazo al proyecto de ley del Gobierno que busca recortar sus jubilaciones. No solo denunciaron que la iniciativa es » inconstitucional» y que vulnera la intangibilidad de sus sueldos: anunciaron que se desencadenará una catarata de renuncias por parte de los magistrados en edad de jubilarse, que buscarán acogerse al régimen actual para no resignar ingresos.
El primero que anunció que renunciará esta semana fue el camarista Miguel Caminos, del Tribunal Oral en lo Criminal 3. Dijo que el proyecto plantea «una arbitrariedad absoluta» y «que nadie va a querer hacer la carrera judicial si no está garantizado su ingreso». Según fuentes judiciales, más de 300 jueces están en la misma situación.
Si el ejemplo de Caminos es seguido por jueces y fiscales del fuero federal, quedarían más de 20 vacantes estratégicas en tribunales clave, que harían casi innecesaria una reforma judicial como la que plantea el Gobierno.
Críticas de la esposa del secretario general de la Presidencia
En la reunión de la Asociación de Magistrados participan los jueces nacionales y federales de todo el país. En el escenario del encuentro estuvieron los tres jueces que integran el Consejo de la Magistratura, además del presidente de la entidad, Marcelo Gallo Tagle, y la camarista de la Seguridad Social Victoria Pérez Tognolla.
Pérez Tognolla es la esposa del secretario general de la Presidencia, Julio Vitobello, y fue muy dura con el proyecto de ley del Gobierno, según señalaron dos jueces presentes. Vitobello no participó en la redacción de la ley.
La jueza dijo que la iniciativa es «inconstitucional», que es «inaplicable por razones técnicas» y que «tiene errores que no pueden ser suplidos con la reglamentación». Por ejemplo, señaló que establece que se pagará un haber del 82% móvil calculado sobre el promedio de los últimos 120 sueldos actualizados, pero que no se establece el índice de actualización.
La Asociación de Magistrados reúne tres listas internas: la Bordó, más conservadora y que preside la entidad desde hace años; la Celeste, más cercana al peronismo y el kirchnerismo; y Compromiso Judicial, con posturas moderadas.
Los jueces piden a la Corte que se involucre
Ante sus colegas, los tres jueces que integran el Consejo de la Magistratura -Ricardo Recondo (Bordó), Alberto Lugones (Celeste) y Manuel Culotta (Compromiso Judicial)- firmaron un documento conjunto en el que reclaman la participación del Congreso y de la Corte Suprema en al discusión.
También suscribieron la Asociación de Fiscales y Funcionarios del Ministerio Público Fiscal de la Nación (Affun), que preside el fiscal federal Carlos Rívolo, y la Federación Argentina de la Magistratura (FAM). El comunicado sostiene que es imprescindible que tomen parte en el debate «todos los órganos cabeza de poder involucrados» por los «graves efectos» que la reforma, tal como está prevista, «provocaría para el desempeño del Poder Judicial y de los Ministerios Públicos y, por ende, el perjuicio a la sociedad».
Los jueces venían conversando informalmente con la ministra de Justicia, Marcela Losardo, que les dio tranquilidad. Sin embargo, el «ala dura» del Gobierno, encarnada en este debate por la secretaria legal y técnica, Vilma Ibarra, y el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, echó por tierra sus aspiraciones. El kirchnerismo jura que se mantuvo prescindente.
Los jueces estaban dispuestos a aceptar que la edad jubilatoria se eleve de 60 a 65 años y un aumento de los aportes previsionales del 11% al 18%, pero los sorprendió perder el cobro del 82% móvil del último sueldo (el proyecto plantea que se tome en cuenta el promedio de los sueldos de los últimos 10 años).
«Con sorpresa advertimos que el proyecto del Poder Ejecutivo se aparta de principios de raíz constitucional que fueran reconocidos por la Corte Suprema», afirmaron en el comunicado. Los jueces reunidos hoy mantendrán una postura tan dura como la del Gobierno, aunque otros magistrados más jóvenes y lejos de la jubilación admiten que es necesario una «mayor equidad» con respecto al resto de los trabajadores.
La Nación
