En una suerte de programa tendiente a generar empleo genuino para salir de la crisis post pandemia y al mismo tiempo incorporar en la economía formal a unos 4 millones de personas, el Gobierno anunció hoy la puesta en marcha del Registro Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular.
Para el presidente Alberto Fernández y el ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, esta es una herramienta que busca reconocer, formalizar y garantizar los derechos de todos los trabajadores de la economía popular. Será uno de los ejes centrales que usará la Casa Rosada para ofrecer una salida laboral en medio de la crisis a todas aquellas personas que hoy se encuentran en la pobreza o desempleadas.
Esta propuesta del Registro de Trabajadores de la Economía Popular también forma parte del plan de salida de la crisis post pandemia que le acercaron los movimientos sociales al Gobierno. Esta semana el secretario general de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), Esteban “Gringo” Castro, se reunió con Alberto Fernández y le llevó un documento con propuestas controvertidas para salir de la crisis, entre las que plantea una fuerte intervención estatal en los bancos, la estatización de empresas privadas y la toma de tierras públicas para el trabajo rural. Se trata de un documento respaldado por 103 organizaciones sociales del que el Presidente tomó nota y que se comprometió a analizar.
En paralelo a esto, el Ministerio de Desarrollo Social junto con los movimientos sociales presentó hoy el Registro de Trabajadores de la Economía Popular donde unas 4 millones de personas contempladas en este esquema se inscribirán en un registro para poder acceder a los proyectos de desarrollo productivo financiados por el Estado. Es también este registro una suerte de continuidad del IFE, el programa de ayuda para las familias que generó el Gobierno en medio de la cuarentena. Es que los trabajadores que estarán en este nuevo registro se encontraban hasta ahora en la economía informal y ahora podrán quedar blanqueados de alguna manera.
Se trata de cinco rubros concretos que el Gobierno dispondrá a partir de este registro para ofrecer financiamiento en la compra de herramientas, insumos y créditos para el área textil, el reciclado, la construcción, la economía del cuidado personal y la producción de alimentos.
Este registro de trabajadores se sustentará en la práctica con el Fondo de la Economía Popular que el Gobierno impulsó con un monto inicial de unos 20.000 millones de pesos que podrá ampliarse en adelante. Según pudo saber Infobae, el perfil de aquellos que se podrán inscribir en ese Registro de la Economía Popular son trabajadores que crearon su propio trabajo a partir de sus saberes y oficios en unidades productivas individuales o colectivas que están caracterizadas por estar inscriptas en relaciones asimétricas en el ámbito financiero, comercial o fiscal.
Habrá ciertas limitaciones o requisitos para anotarse ya que en el registro estarán todos aquellos y aquellas que trabajen en la economía popular como vendedores ambulantes, feriantes o artesanas; cartoneras y recicladores; pequeñas agricultoras y agricultores; trabajadores sociocomunitarios; trabajadores de la construcción, infraestructura social y mejoramiento ambiental o pequeños productores manufactureros.
Los beneficios inmediatos de este programa es que ser parte del registro les permitirá acceder a programas de empleo, seguridad social y capacitación; acceso a redes de comercialización y a herramientas crediticias y de inclusión financiera.
Para esto los que se anoten deberán ser mayores de 18 años y trabajar en el sector de la economía popular. Serán incompatibles de estar en ese registro aquellas personas que sean titulares de más de 2 inmuebles; de más de 3 y si además de trabajar en el sector de la economía popular, poseen un trabajo en relación de dependencia, el salario que reciben por este trabajo no puede superar el Salario Mínimo, Vital y Móvil. Tampoco podrán acceder aquellos que estén inscriptos/as en el régimen simplificado de pequeños contribuyentes; sólo se admitirán las categorías A, B, C y D o titulares del Monotributo Social.
Desde los movimientos sociales, este era un reclamo que se le venía haciendo hace tiempo al Gobierno y forma parte del amplio listado de exigencias que le impusieron los referentes de diferentes organizaciones al Presidente como una manera de salir de la crisis post pandemia.
“Es un avance para el sector, institucionalizar a millones de habitantes postergados. La ley de emergencia social votada en 2016 generaba nuevas instituciones de la seguridad social, ahora queda claro que es posible avanzar en derechos para este sector del trabajo. No fueron en vano tantos años de organización y esfuerzo, está claro que es solo un escalón más en busca de la dignidad que solo te dan los derechos laborales», dijo a Infobae Gildo Onorato del Movimiento Evita.
La propuesta tuvo amplio respaldo de los movimientos sociales ya que actualmente las unidades productivas donde se desempeñan están caracterizadas por estar inscriptas en relaciones asimétricas en el ámbito laboral, financiero, comercial o fiscal. Esta posición condiciona los niveles de acceso a derechos, ingresos, capitalización, tecnificación, comercialización y productividad.
