“Todos estos decretos implicaban una transferencia de recursos del contribuyente a estas empresas. Eso se acabó”, concluyó el funcionario.
Investigación por los seguros
El fiscal Ramiro González imputó al expresidente por la presunta comisión de los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y malversación de fondos.
El magistrado solicitó como diligencias para prueba que la Jefatura de Gabinete y la Secretaría de Legal y Técnica de la Presidencia informen los antecedentes al decreto 823/21, ahora derogado por Milei. Asimismo, solicitó incorporar todos los convenios o contrataciones realizadas desde las distintas reparticiones del Estado Nacional bajo ese decreto firmado en la administración el Frente de Todos.
El viernes pasado la fiscalía presentó una solicitud al juez a cargo de la causa, Julián Ercoloni, y pidió analizar el teléfono del expresidente Alberto Fernández que también fue utilizado en la denuncia por violencia de género realizada por la ex primera dama, Fabiola Yañez.
El fiscal busca reconstruir la trama que se habría orquestado para beneficiar a Héctor Martínez Sosa con contratos de distintas reparticiones con Nación Seguros, cuyas comisiones eran pagadas a empresas relacionadas con brokers allegados.
El Estado ya no estará obligado a contratar los servicios de empresas públicas
El Gobierno derogó el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) de 2021 que establecía la obligatoriedad de los ministerios y organismos del Estado de contratar los servicios de empresas públicas como Nación Seguros, Banco Nación, utilizar los servicios de YPF y Aerolíneas Argentinas. La medida fue publicada este miércoles 21 de agosto por Boletín Oficial.
el Gobierno eliminó también con el decreto 1187/12 que determinó la obligación de implementar el pago de haberes al personal de la Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional mediante el Banco Nación, así como la normativa que imponía a las entidades públicas el deber de “contratar con YPF la provisión de combustible y lubricantes para la flota de automotores, embarcaciones y aeronaves oficiales”.
De la misma manera, el Ejecutivo derribó el decreto 1191/12, que “dispuso la obligación para las jurisdicciones y entidades del Sector Público Nacional de utilizar los servicios de Aerolíneas Argentinas, Austral Líneas Aéreas y Líneas de Aéreas Cielos del Sur Sociedad Anónima y de Optar Sociedad Anónima para la compra de pasajes que requieran para el traslado por vía aérea, tanto dentro como fuera del país, de sus funcionarios, empleados o asesores contratados bajo cualquier modalidad, o de terceros cuyos traslados financiaran”.
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