Después de anunciar que se implementará el uso de las pistolas Taser en aeropuertos y trenes, el Gobierno nacional dio otro paso en cuanto a Seguridad se refiere. Quiere reflotar un proyecto que tuvo su planteo inicial en el 2017 por el propio presidente Mauricio Macri: un nuevo Régimen Penal Juvenil.
Este proyecto intenta bajar la edad de imputabilidad a 15 años. Por eso, Macri plenteó enviarlo al Congreso para que finalmente se intente reunir concenso con la oposición y luego ser aprobado durante las sesiones extraordinarias de febrero.
Según publicó Clarín, este proyecto volvió a salir del cajón en el momento en que la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y el ministros de Justicia, Germán Garavan, lo trataron en el cónclave del viernes encabezada por el Jefe de Gabinete, Marcos Peña (por la ausencia de Macri por sus vacaciones), en la Casa Rosada.
Bullrich había planteado que la edad imputabilidad se bajara a 14 años, pero finalmente se dio conformidad a un límite más moderado, de 15.
Este proyecto, que vendría a reemplazar a la Ley 22.278 vigente desde 1980 en plena dictadura, prevé un sistema de escalas: a los 15 años, los chicos serán imputables sólo por delitos considerados graves: homicidio, violación, lesiones gravísimas, secuestro extorsivo y robo con armas de fuego.
En tanto, los mayores de 16 años y los menores de 18 años serán imputables siempre que no se trate de un delito cuya pena máxima de prisión es igual o menor a tres años; y podrán ir a la cárcel cuando cometieran un hecho reprimido en el Código Penal con una pena máxima igual o mayor a diez años.
El único punto que Macri deberá definir antes de enviar el proyecto es en torno a los plazos máximos para la aplicación de la ley, que prevé la creación de un Fuero de Menores y establecimientos donde alojar a los jóvenes privados de su libertad. Para eso el gobierno propone que se conforme una “Comisión de Implementación”.
Los puntos principales:
– Artículo 50: establece 15 años el “plazo máximo” de prisión se le podrá imponer a adolescentes y se deja claro que “queda prohibida la imposición de reclusión y de prisión perpetua” para los menores.
-Se incorporan «mecanismos no tradicionales de resolución de conflictos», como la mediación, la conciliación y el acuerdo restaurativo para delitos menores, siempre con el aval de la víctima.
-En los casos que la “investigación preliminar” determine que fue un menor de 15 años quien cometió un delito reprimido con pena máxima de diez años, se dispondrá que un equipo interdisciplinario integrado por médicos, psicólogos, psicopedagogos, docentes, especialistas en adicciones y trabajadores sociales elabore un plan individual para acompañar al joven en su recuperación y evitar que avance en la carrera delictiva.
