El Gobierno envió al Congreso tres capítulos del proyecto de reforma laboral que cuentan, a priori, con el visto bueno del sindicalismo y se refieren al blanqueo de trabajadores informales, el establecimiento de sistemas de pasantías y la creación de una agencia de evaluación de tecnología médica.
Luego de que la iniciativa se empantanara en el Senado por las disidencias internas en la CGT respecto al proyecto, la Casa Rosada buscará avanzar en los próximos meses con los puntos que tanto los líderes gremiales como el bloque peronista aceptaron.
En principio, el Senado tiene previsto abrir en la comisión de Trabajo en los próximos días el debate de los tres proyectos de reforma laboral que fueron remitidos anoche por el Poder Ejecutivo.
En ese sentido, el texto enviado por el Poder Ejecutivo trata sobre el plan para regularizar empleados en situación de informalidad, en el que se incluye eximir del pago de multas a aquellos empresarios que blanqueen a sus trabajadores y el reconocimiento por parte del Estado de los aportes al sistema previsional por los años en los que el empleado haya estado en la informalidad. Asimismo, la iniciativa prevé reconocerle a los empleados informales el escalafón y la antigüedad.
En el texto se propone la extinción de la acción penal y liberación de las infracciones, multas y sanciones de cualquier naturaleza correspondientes a dicha regularización y la baja del Registro de Empleadores con Sanciones Laborales (REPSAL) a aquellos empleadores que blanqueen a sus empleados. El proyecto además plantea que las relaciones laborales deberán efectivizarse dentro de los 360 días contados desde la reglamentación de esta ley.
El segundo punto apunta a la capacitación laboral continua, que pretende que las pasantías sean una modalidad de capacitación y también apuntará a reconvertir oficios que están cayendo en desuso.
El segundo de los proyectos establece la creación del Sistema de Prácticas Formativas para los estudiantes y nóveles graduados de la Educación Superior, y los estudiantes de la Educación Permanente de Jóvenes y Adultos, en todos los casos mayores de 18 años, a cumplirse en Empresas o Instituciones públicas o privadas, con excepción de las empresas de servicios eventuales aún cuando adopten la forma de cooperativas.
El artículo 16 determina que la duración y la carga horaria de las prácticas formativas se definirán en general en los Convenios Colectivos de Trabajo y en particular en el convenio de Práctica Formativa, en función de las características y complejidad de las actividades a desarrollar con un máximo de hasta 12 meses y con una carga horaria de hasta 30 horas semanales. La iniciativa propone que «los practicantes reciban una suma de dinero en carácter no remunerativo en calidad de asignación estímulo».
Finalmente, la tercera iniciativa es la creación de la agencia de tecnología médica que buscará reducir el nivel de litigiosidad que existe en contra de las obras sociales sindicales. El texto propone la creación de la Agencia Nacional de evaluación de Tecnologías de Salud (AGNET) como organismo descentralizado en el ámbito del Ministerio de Salud, con autarquía económica, financiera, y personería jurídica propia.
Respecto a su incumbencia, sostiene que competerá a la AGNET la realización de estudios y evaluaciones de medicamentos, productos médicos e instrumentos, técnicas y procedimientos clínicos, quirúrgicos y de cualquier otra naturaleza destinados a prevenir, tratar o rehabilitar la salud, a fin de determinar su uso apropiado, oportunidad y modo de incorporación al conjunto de prestaciones cubiertas por el sector público y el Programa Médico Obligatorio.
De esta manera, el Gobierno pretende avanzar con los temas en las que ya hay acuerdo con el sindicalismo, en momentos en que la CGT tiene profundas divisiones internas.
