El miércoles había muchos funcionarios nacionales, de la provincia y la Ciudad de Buenos Aires en la Residencia de Olivos. Era miércoles, cuando se juega el picadito semanal.
Después, siempre hay asado. Pero como Mauricio Macri hace por lo menos dos semanas que no se suma, un grupo se acercó al chalet presidencialdonde ofrecería otra comida para comentar personalmente las novedades judiciales. Estaban Marcos Peña y José Torello, entre otros.
Había quien estaba eufórico. El resto disimulaba el estado de emoción al que estaban sometidos desde que se enteraron, la mayoría solo por los medios de comunicación, de que se había iniciado en la Argentina la investigación judicial por coimas en la obra pública con mayor cantidad de datos precisos para constituir pruebas e implicados de las que hubo jamás.
Un comentario obligado fue que la misma residencia presidencial fue escenario de la saga relatada en los cuadernos del chofer Oscar Centeno. Si el Presidente se enteró en la noche anterior que venía la razzia de 12 detenciones que se concretó en la madrugada, nadie quiso confirmarlo.
La información, por cierto, no los sorprendió. El núcleo del Gobierno conoce a varios de los empresarios implicados, y el Presidente mismo viene de ese mundo, del que se fue hace 24 años, cuando dejó los negocios familiares para dedicarse a su carrera futbolística primero, y política después.
Macri mucho no habló, escuchó los análisis de la situación, preguntó algunos detalles y coincidió en que lo que se había perpetrado durante los años K es «un latrocinio del Estado», es decir, un hurto o fraude desde el aparato oficial para quedarse con empresas privadas.
Como otras veces, recordaron los casos de Gotti Hermanos, la constructora santacruceña, y Kank y Costilla, de Chubut. «Si no arreglabas con ellos, se te quedaban con la empresa», explicó a Infobae un funcionario que relató la conversación en Olivos.
En general, hubo coincidencia en que no hay que intervenir sino confiar en que la Justicia actúe, que llegue donde tiene que llegar y despegar la investigación de cualquier intencionalidad del Gobierno. «No sé a quién se le ocurre que pueda haber una persecución política, son delitos, en todo caso puede haber persecución judicial», aseguraron.
Vía chat, la conversación con el Presidente siguió esta mañana, cuando se conoció que Oscar Centeno había aceptado acogerse al programa de protección de testigospara declarar como arrepentido, es decir, facilitando más información que debe ser corroborada como fehaciente, para lograr una reducción de la pena.
«Sería muy bueno para el país que haya más arrepentidos, algunos no se van a animar, porque son los que diseñaron el sistema, pero hay muchos que no tuvieron más remedio que formar parte porque los extorsionaban», aseguró. Y contó que el mecanismo era sencillo, «tenían facturas por millones para cobrar y no se las pagaban por meses, cuando sabían que el empresario tenía que pagar los sueldos de cientos de trabajadores; si no arreglaban con ellos, no les pagaban, así que ahora tendrían que contarlo».
En efecto, en la modificatoria a la Ley 27.304 está prevista una reducción de la pena a personas que participaron de un delito con solo dar información que acelere la investigación. Así, un delito que tiene de 3 a 10 años de prisión puede pasar de 1 a 5 años de prisión porque queda calificado en grado de tentativa, lo que lo hace excarcelable.
En el caso de un delito de asociación ilícita, un delito que es penado con el máximo, puede suceder que el arrepentido deba hacer efectiva la condena, lo que para algunos la hacía poco atractiva. Sin embargo, se está utilizando con muy buen resultado.
La nueva ley del arrepentido facilita especialmente la colaboración de empresarios, empleados o funcionarios de baja responsabilidad en la investigación. En cambio, aquellos funcionarios que puedan estar sometidos a juicio político, un ministro de la Nación, por ejemplo, no pueden acogerse a sus beneficios.
Carlos González Guerra, director de Política Criminal del Ministerio de Justicia, señala que otro aspecto de la legislación vigente desde diciembre de 2016 que debe tenerse en cuenta es que «la negociación la realiza el imputado con el fiscal, pero la tiene que homologar el juez, que debe verificar si tomó la decisión en perfectas condiciones de libertad y sin presiones». Además, destacó que hay tres casos que están bajo ese régimen, Leonardo Fariña, Alejandro Vanderbroele y Damián Martínez Rojas, facilitando el avance de las investigaciones judiciales.
Luis Petri, uno de los diputados que más trabajaron por la aprobación de la ley del arrepentido que impulsó el Poder Ejecutivo, dice que «es una herramienta trascendental para utilizar en este momento, porque facilita que jueces y fiscales puedan avanzar sobre la matriz de la corrupción, superando los pactos de silencio que, en condiciones normales, no permiten romper los eslabones más débiles».
