El Gobierno nacional enviará al Congreso el próximo mes el proyecto de ley que obliga a los candidatos presidenciales a debatir públicamente con sus contrincantes.
El borrador está siendo redactado por la Secretaría de Asuntos Políticos y Fortalecimiento Institucional del Ministerio del Interior, a cargo de Adrián Pérez, y ya cuenta con el aval del presidente Mauricio Macri.
La propuesta consiste en que los postulantes a la Casa Rosada tengan que debatir obligatoriamente antes de las elecciones generales y, en caso de que haya, en la previa del ballotage.
Además, tendrán un castigo político aquellos que se nieguen a presentarse a la contienda de ideas. En concreto, padecerán el agregado de un mensaje en cada uno de sus spots de campaña: «El siguiente espacio ha sido cedido por la Dirección Nacional Electoral a una agrupación política cuyo candidato a presidente no cumple con la obligación de debatir».
El año pasado, Mauricio Macri (Cambiemos) y Daniel Scioli (FpV) protagonizaron un debate presidencial televisado por primera vez en la historia del país. Surgió por iniciativa de la ONG Argentina Debate y no fue obligatorio. El hecho inédito sirvió como antecedente para poner fin a una práctica extendida en la política argentina: que el candidato mejor posicionado en las encuestas rechace las instancias de debate público con su competidor inmediato.
«Nos parece fundamental que exista un debate obligatorio porque es la única oportunidad con la que cuentan los ciudadanos para observar y escuchar la confrontación de ideas y propuestas entre quienes aspiran a ocupar la presidencia», dijo Pérez en una nota publicada hoy por el diario La Nación.
El borrador modifica el capítulo cuarto bis del Código Electoral Nacional, referido a la campaña electoral. Allí, se establece que el debate previo a las elecciones generales debería hacerse dentro de los veinte días y hasta los siete días corridos anteriores a la fecha de los comicios. Si hubiese ballottage, sería dentro de los diez días previos a las elecciones.
Entre los agregados, fija que los apoderados de los partidos deberán ponerse de acuerdo sobre la modalidad del debate y que, de no hacerlo, las decisiones las tomará la Cámara Nacional Electoral. La transmisión sería por la Televisión Pública y por todos los canales que quieran tomar la señal.
El proyecto forma parte del paquete de leyes de reforma política que impulsa la Casa Rosada, que incluye la sanción del sistema de boleta única electrónica en todo el país, una simplificación del calendario electoral y un acuerdo federal para limitar las reelecciones de gobernadores e intendentes.
Por tratarse de una reforma electoral, la propuesta de ley tendrá que ser aprobada por una mayoría agravada de la mitad más uno del cuerpo de la Cámaras. Pese a esta dificultad, en el Gobierno confían que la ley tendrá el respaldo de los bloques opositores.
