“Quiero que los argentinos tengan un trabajo digno, con obra social, con aportes para una jubilación a futuro. Quiero terminar con la uberización de la economía argentina”. Lo dijo Alberto Fernández el 22 de octubre pasado, durante un acto proselitista en el partido bonaerense de Malvinas Argentinas. Hoy, la promesa está un poco más cerca de cumplirse: el Gobierno está elaborando un proyecto que permitirá que los trabajadores de plataformas digitales tengan protección social y laboral.
Los primeros borradores ya circulan en los despachos cercanos al ministro de Trabajo, Claudio Moroni, luego de la luz verde que dio el presidente Fernández, y se estima que este mes ya estaría terminado el proyecto de ley que apuntará a corregir el estado de desprotección de los trabajadores de plataformas como Uber, Rappi, Glovo y Pedidos Ya, entre otras: son monotributistas o autónomos sin salario fijo, horario, francos, aportes jubilatorios, vacaciones, ART ni otros derechos.
El debate sobre este tema no sólo es argentino: el último informe de la Comisión Mundial sobre el Futuro del Trabajo, dependiente de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), afirmó que “debería establecerse un sistema de gobernanza internacional de las plataformas digitales del trabajo que les exija que respeten determinados derechos y protecciones mínimas”, a la vez que advirtió que las tareas que se desarrollan hoy en ese ámbito podrían recrear “prácticas laborales que se remontan al siglo XIX y futuras generaciones de jornaleros digitales”.
Por eso no pareció casual que el estado de California, en los Estados Unidos, haya sancionado una ley a mediados de septiembre pasado, que entrará en vigor este mes, por la cual las empresas de plataformas deben considerar empleados a sus trabajadores y otorgarles beneficios sociales. Será el primer paso de una medida que se extendería rápidamente a otros Estados norteamericanos y que generará fuertes consecuencias económicas y laborales en el mercado de ese país.
En la Argentina existen unos 160.000 trabajadores de plataformas, que representan al 1% de los ocupados a nivel nacional, según surge de la investigación “Economía de plataformas y empleo. Cómo es trabajar para una app en Argentina», realizada el año pasado por la OIT, el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC) y el laboratorio de innovación del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), sobre la base de una encuesta entre más de 600 empleados de las 12 principales plataformas que operan en el país.
De acuerdo con el estudio, cuyos autores son Javier Madariaga, César Buenadicha, Erika Molina y Christoph Ernst, “solamente la mitad de los trabajadores de plataformas en la Argentina realiza aportes previsionales” y, además, “el 85 por ciento dice estar satisfecho con este tipo de ocupación, mientras que sólo dos de cada diez encuestados dijo que su motivación principal para trabajar en una plataforma fue la dificultad para conseguir otro tipo de empleo”.
También se desprendió del informe que “casi todas las plataformas que operan en el país cobran comisiones a los trabajadores, pero solo algunas les exigen ser autónomos” y que “algunas también ejercen un alto control: determinan el precio del servicio e intermedian en el cobro, supervisan y evalúan el desempeño de los trabajadores o establecen obligatoriedad para aceptar trabajos”.
Más allá de los detalles, se trata de un sector que ha crecido en forma explosiva en los últimos años: a principios de 2016 operaban cinco plataformas en la Argentina, mientras que hoy ya superan las 30. A este sector en alza desde el punto de vista cuantitativo pero altamente precarizado quiere atender el Gobierno con su proyecto, que procurará responder una pregunta que se repite en casi todo el mundo: ¿los trabajadores de las plataformas digitales son autónomos o dependientes de un empleador?
En algunos países de Europa como España, Italia o Alemania crearon la categoría de trabajador autónomo dependiente (al que llaman por sus siglas, TRADE), que tiene las características del autónomo porque es independiente y puede trabajar para varias plataformas, pero su dependencia es económica y se le reconoce un empleador si supera un porcentaje de trabajos con alguna de ellas.
El borrador que analiza Moroni se inspira en esa experiencia europea: una de las ideas es crear la figura del trabajador autónomo dependiente y establecer que si alcanza el 60% de su trabajo con una sola plataforma, ésta se convertirá en su empleadora. Y eso traerá aparejados derechos como las vacaciones, la licencia por enfermedad, el aporte jubilatorio y la obra social. ¿Serán las mismas cargas sociales que las de un trabajador común? “Estamos haciendo números”, dicen cerca de Moroni.
“Es complejo definir la relación de dependencia de los trabajadores de plataformas. Hay que analizarlo porque no tienen horario, trabajan si quieren y en la zona que eligen, nadie los dirige y no tienen contacto con una persona sino sólo con un software -afirma el funcionario de la cartera laboral-. En Estados Unidos se cansaron tanto de este debate que definieron que el empleador es el software».
En otros países, los trabajadores autónomo dependientes no figuran en las leyes de trabajo sino que están contemplados en un estatuto especial. Aquí, esa solución jurídica no convence porque se presta a la litigiosidad y, aunque no está cerrado, se definió que el proyecto, en lugar de distinguir entre dependientes y autónomos, establezca que todos los trabajadores deberán tener protección social.
Tampoco está resuelto, para esos casos, el régimen indemnizatorio. “Primero hay que definir si entrarían dentro de lo estipulado en la ley de contrato de trabajo -destaca la fuente gubernamental-. Hay varias ideas sobre ese punto, pero hoy pensamos más en la entrada de esa gente a un sistema que les brinde protección que en su salida del mercado».
Los representantes de Trabajo incluso analizan los beneficios y perjuicios que traería la creación de un “pequeño impuesto” a las plataformas digitales (tema muy polémico que también se analiza en Europa) para financiar la protección social que quieren brindarles a los trabajadores de este sector.
La discusión por la “uberización” del mercado laboral ya originó fuertes polémicas en nuestro país. Sobre todo por los accidentes callejeros que sufrieron repartidores que hacen tareas de delivery en moto o bicicleta para plataformas digitales, que fueron atribuidos a las condiciones precarias en que trabajan y que incluso derivaron en un fallo del juez Roberto Gallardo que, en agosto pasado, prohibió esa actividad en la Ciudad de Buenos Aires: “No generan empleo, generan ocupación, un ingreso, pero bajo una relación abusiva e ilegal”, sostuvo, mientras el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, la defendió: «Una cosa es que trabajemos para ver cómo se regula y otra cosa es prohibirlo”. Apelación de por medio, las plataformas de delivery retomaron su actividad.
Un mercado de 160.000 trabajadores, que siguen aumentando y que sufren la desprotección laboral, también se convirtió en apetecible para el gremialismo: en 2018 se inscribió en el Ministerio de Trabajo la Asociación de Personal de Plataformas (APP), el primer sindicato del sector “de la Argentina y de América”, según se jacta en su presentación, mientras el año pasado se repitieron las protestas de trabajadores de Rappi y de Glovo en reclamo de mejoras salariales y laborales.
En otro andarivel del mismo rubro digital, el líder del gremio bancario, Sergio Palazzo, está en plena pelea para lograr el encuadramiento en sus filas de los trabajadores de las fintech, que incluyó acusaciones de “intimidación y prepotencia” por parte de la cámara empresarial del sector. “Quiero ser el Moyano del sistema financiero. Si están prestando servicios financieros, tienen que estar dentro de La Bancaria, y de nuestro convenio colectivo de trabajo», dijo el sindicalista, que mantuvo un enfrentamiento virulento con Marcos Galperin, el fundador y CEO de Mercado Libre, ya que pretende quedarse con los afiliados de su unidad financiera, Mercado Pago, en desmedro del gremio mercantil.
Los trabajadores de Mercado Libre son un botín codiciado para el gremialismo: Hugo Moyano reclama el encuadramiento de los trabajadores del centro de distribución de la empresa de Galperin en el Mercado Central, que están en la órbita del Sindicato de Carga y Descarga, que encabeza el barrionuevista Daniel Vila. Aquí también hubo fuego cruzado entre todos, pero, antes de dejar la gestión como ministro del macrismo, Dante Sica firmó una resolución que perjudicó a los camioneros.
A la luz de esos conflictos, si prospera el proyecto de ley que impulsa el Gobierno, ¿cuánto tiempo faltará para que los popes sindicales quieran quedarse con esos 160.000 trabajadores de las plataformas que podrían tener, por fin, su ansiada formalización laboral?
