Además, se dispuso la intervención del Ministerio de Relaciones exteriores, Comercio internacional y culto para que presente conformidad con la normativa vigente.
La denominación llega luego de las declaraciones de Facundo Jones Huala, líder de la RAM, quien en medio de las acusaciones por su presunta responsabilidad en los incendios de la Patagonia argentina, sostuvo: «Yo reivindico los sabotajes y los atentados incendiarios a la infraestructura del sistema capitalista, de las trasnacionales, de los terratenientes».
El Gobierno considera que la RAM “representa una amenaza seria y multifacética para la seguridad nacional”. Según el informe técnico-jurídico, la agrupación cumple con los criterios legales para ser catalogada como una organización terrorista.
“El crimen organizado constituye una amenaza grave para la seguridad nacional y el orden público que demanda respuestas urgentes y contundentes por parte de los distintos actores del Estado involucrados en la prevención, la investigación y la represión de la criminalidad organizada”, detallaron desde el Ministerio destacando la necesidad de “cortar todo tipo de financiación con la que puedan contar estos grupos violentos para llevar a cabo sus perversos fines”.
En el documento recuerdan que “desde el 2010 hasta el presente, cuando los incendios intencionales reivindicados por los líderes de la RAM arrasan los milenarios bosques patagónicos, se han producido cientos de hechos con características terroristas”, como atentados incendiarios contra viviendas, establecimientos, vehículos, maquinarias, así como ataques a las personas, con el claro propósito de “sembrar el terror”.
Los fundamentos contra la RAM de Facundo Jones Huala
Entre los fundamentos de la resolución publicada en el Anexo, se describe a la RAM como “un movimiento etno-nacionalista violento” que opera en el país hace más de una década, especialmente en las provincias de Neuquén, Río Negro y Chubut, y que mantiene vínculos estrechos con la organización que opera en territorio chileno denominada Coordinadora Arauco Malleco (CAM).
A su vez, sostiene que “los activistas de la RAM cometen delitos contra la propiedad, contra la seguridad pública, contra el orden público y contra las personas. Los diversos delitos que cometen los individuos que se identifican con la RAM tienen como objetivo promover la lucha insurreccional contra el Estado argentino y la propiedad privada de la tierra. La organización desconoce la soberanía del Estado Argentino y proclama que la República Argentina y sus leyes son ilegítimas”.
En el apartado, el Gobierno responsabiliza a la RAM por los incendios en la Patagonia y acusa a la organización de provocar “una catástrofe ecológica” en las provincias de Río Negro, Neuquén y Chubut, donde “iniciaron y propagaron el fuego mediante la utilización de combustibles y aceleradores de las llamas en diversos focos al mismo tiempo, de modo que resulte imposible la tarea de sofocamiento de los incendios. Muchas personas han perdido sus casas e incluso, algunas murieron”.
Consideraron también que “el Estado argentino se encuentra frente a un grupo de individuos organizados que recurre a la violencia extrema para alcanzar sus objetivos. Los hechos delictivos promovidos por la RAM no constituyen hechos aislados, sino que se enmarcan en el conjunto de acciones llevados a cabo por parte de una organización de carácter ilícito que intenta solaparse en reclamos de algunas comunidades indígenas presentes en territorio argentino”.
A nivel jurídico, desde el Ministerio de Seguridad reclamaron que “la perspectiva penal debe ser acorde a la amenaza que representa este grupo violento para la sociedad y que afecta la seguridad, la producción de energía, el comercio, las economías locales, el turismo y la libre circulación tanto de argentinos como de extranjeros que se encuentran en nuestro país”.
Fuente MinutoUno
