El primer Boletín Oficial de 2017 aparece dominado por una catarata de Decisiones Administrativas del jefe de Gabinete de Ministros, junto con la firma del ministro saliente de Hacienda y Finanzas. En conjunto contienen unas 350 páginas, aunque son dos las decisiones que concentrarán la atención de los economistas: la 1.602 y la 1.587, todas del 30 de diciembre de 2016, que modifican las autorizaciones de gastos del último año, no debidamente contempladas en el Presupuesto de ese ejercicio.
La primera, la DA 1602, pone el acento en la autorización al Tesoro Nacional para hacer frente al pago de vencimientos de la deuda pública por $110.206 millones, pese a disponer de recursos adicionales por apenas $9.345 millones. De ahí surgió un aumento del rojo fiscal financiero en casi 101 mil millones de pesos.
Por el contrario, la segunda, la DA 1587, dispone en sus 315 folios anexos el plan de ajuste al que debieron someterse casi todos los ministerios de la Nación, con la única excepción del Ministerio de Energía y Minería, que conduce Juan José Aranguren, a quien se le autorizó un incremento de su partida presupuestaria del último año en $30.645 millones para que pueda ejecutar las «Acciones para la Ampliación de las Redes Eléctricas de Alta Tensión», que cuenta con asistencia financiera del Banco Interamericano de Desarrollo.
En cambio, el resto de la mayor parte de los 20 ministerios fueron sometidos a reducciones de las autorizaciones de gastos para el último año por un total de poco más de $15.000 millones.
Los casos más relevantes correspondieron al Ministerio del Interior y Obras Públicas, a cargo de Rogelio Frigerio, que debió resignar $3.162 millones que estaban destinados a «Acciones para Más Escuelas, Mejor Educación», con asistencia del BID; el Ministerio de Educación, que encabeza Esteban Bullrich, que sufrió una poda de $3.031 millones en el Programa «Mejoramiento de la Calidad Educativa»; el Ministerio de Transporte (Guillermo Dietrich) con $2.597 millones para «Obras en corredores viales» y el Tesoro Nacional, $5.497 millones que tenía previsto para planes de asistencia social.
Pero también de las partidas de gastos originalmente aprobadas por el Congreso nacional sufrieron recortes la Casa Rosada, para llevar a cabo la séptima etapa del plan de remodelación por $16,6 millones; el ahora Ministerio de Hacienda, con la nueva conducción de Nicolás Dujovne, por $307 millones; el Ministerio de Producción (Francisco Cabrera) en $675 millones, previstos para el financiamiento de actividades productivas; el Ministerio de Desarrollo Social (Carolina Stanley) en $466 millones, para el Programa de Ingreso Social con Trabajo, e incluso el Ministerio de Salud (Jorge Lemus) en $24 millones, para el Desarrollo de Estrategias en Salud Familiar y Comunitaria.
El resultado neto de esas acciones fue un aumento neto del gasto presupuestario primario en $14.876 millones, pero el déficit fiscal primario lejos de elevarse en esa magnitud, se vio reducido en casi $24.000 millones, porque la Anses le transfirió al Tesoro $38.800 millones de los $62.500 millones que recibió del blanqueo de capitales.
El balance global de las siete Decisiones Administrativas del Jefe de Gabinete que publicó en el Boletín Oficial de hoy determinó un incremento del déficit financiero en $76.892 millones.
