El anuncio se postergó algunas semanas por la polémica en torno al 2×1, y el procesamiento de Hebe de Bonafini en la causa Sueños Compartidos. Pero la decisión ya está tomada. El Gobierno avanzará con una reforma integral de la Universidad de las Madres de Plaza de Mayo, envuelta otra vez en irregularidades. El primer paso es la renovación de autoridades. Javier Buján, un ex juez que viene del INADI, será el nuevo rector, pudo saber Infobae en fuentes oficiales. Es sólo el comienzo.
Los últimos intentos de la titular de Madres de Plaza de Mayo para frenar la «intervención» no tuvieron efecto. El actual rector, Germán Ibáñez, un hombre cercano al ex ministro de Justicia Julio Alak, será la primera víctima. Ya se lo hicieron saber por canales informales.
Lo reemplazará Javier Buján, un juez porteño que viene de conducir con pie de plomo el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI).
Buján ya había tenido un paso por el gobierno porteño de la mano de Daniel Angelici, su padrino político: fue subsecretario de Justicia en la gestión de Guillermo Montenegro. Por ese cargo se enfrentó con muchos de sus colegas. «Tiene un estilo avasallante, sus empleados le tienen miedo», lo define un hombre del PRO.
Además del rector Ibañez, también dará un paso al costado Augusto Martins, un abogado que actuaba como su mano derecha. Y habrá cambios en la conducción de las carreras. Uno de los que está en la cuerda floja es el director de la carrera de Trabajo Social, Marcelo Cortizo, muy cercano a la hija de Bonafini, María Alejandra.
En el Gobierno hay temor para avanzar con el anuncio. Incluso podrían negarlo públicamente en un contexto de enorme sensibilidad tras el fallo de la Corte Suprema que convalidó el 2×1 para los represores. Pero el tema ya fue consensuado entre las máximas autoridades del Ministerio de Justicia.
La Universidad de las Madres abrió sus puertas en el 2000 bajo la conducción del escritor Vicente Zito Lema, luego «víctima» de Sergio Schoklender. Todo era informal: los «egresados» no tenían títulos oficiales y los profesores no cobraban sueldo ni viáticos. «El objetivo era crear los cuadros políticos culturales para transformar la sociedad», dijo en algún momento Inés Vázquez, que fue rectora hasta la estatización.
Luego del escándalo de los hermanos Schoklender, la Universidad quedó en manos del fideicomiso, una estructura ideada por el kirchnerismo para salvar a Bonafini. La cara visible era Luis Debandi, un empresario muy cercano al subsecretario Obras Públicas, Abel Fatala, ahora procesado por la defraudación. No cambió nada.
En 2013, el gobierno de Cristina Kirchner decidió estatizar la Universidad, jaqueada por las deudas y los juicios. La ley recién se aprobó en octubre del año siguiente. Votaron en contra los bloques del PRO, UNEN, el massismo y la izquierda. Una de las más criticas, en ese entonces, fue Margarita Stolbizer. Calificó el proyecto como «un verdadero engendro legislativo y comparó la estatización de la Universidad con la de la imprenta Ciccone.
La Universidad pasó a denominarse Instituto Universitario Nacional de Derechos Humanos «Madres de Plaza de Mayo». Para entonces, tenía apenas 400 estudiantes.
Pese a la inyección de fondos oficiales, la Universidad nunca pudo ordenarse. Y se transformó en un refugio de la militancia kirchnerista. En actualidad hay empleados que no reciben sus recibos de sueldo a fin de mes, y decenas de personas con contratos temporarios.
No es lo más grave. También se investiga si allegados a la titular de las Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, aparecen en el listado de personal no docente. Están en la mira los choferes, personal de seguridad, y hasta empleados de la Radio de las Madres. Ante una consulta de Infobae, en la Secretaría de Derechos Humanos sólo respondieron que se dieron de baja nueve contratos.
