«Lo importante es que todos los aportes sean transparentes y que podamos conocer el origen de los fondos, ese es el cambio que queremos encarar. No nos negamos a esa posibilidad. Este seminario es para empezar la discusión». Así respondió ante la consulta periodística el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, sobre la posible vuelta del aporte de empresas a las campañas políticas, en el marco del lanzamiento de esta tarde de la convocatoria para reformar la ley de financiamiento de los partidos.
El proyecto, adelantado por Infobae hace algunas semanas, apunta a cambiar la actual ley, que en la última reforma del 2009 prohibió, entre otras cosas, el financiamiento de las campañas por parte de personas jurídicas. «Uno de los grandes vectores de la corrupción es el financiamiento no transparente de la política y las campañas políticas. Esta discusión que iniciamos hoy es el puntapié inicial de una discusión mayor y de una ley específica para controlar como financiamos mejor las campañas», aseguró el ministro durante el seminario «El financiamiento de la política, desafíos para la reforma» en la Sindicatura General de la Nación (SIGEN), el puntapié inicial con el que el Gobierno apunta a enviar al Congreso un proyecto de ley consensuado en unos meses.
«Hay un fenómeno mundial preocupante que tiene que ver con la incidencia del dinero ilícito en el financiamiento de las campañas. Hoy las campañas duran más de lo que dice la ley, se gasta más e incluso por afuera», abundó por su parte Adrián Pérez, secretario de Asuntos Políticos del Ministerio del Interior, el otro orador del Gobierno en el primer piso del edifico de la porteña avenida Corrientes. Sentada entre el público, además de representantes de diversas ONGs y de los partidos políticos, se ubicó Delia Ferreira Rubio, una de las especialistas más reconocidas en cuestiones de financiamiento.
Además de Frigerio y Pérez, abrieron el debate, que durará varios meses, Daniel Zovatto, de IDEA Internacional; Julia Pomares, de CIPPEC, y Pablo Secchi, de Poder Ciudadano. Secchi, un experto en el rubro, apuntó por su parte a la bancarización total del sistema de aportes.
«Sin eso no hay una voluntad real de cambiar el financiamiento. Transparentaría muchísimo las donaciones de los ciudadanos. Cuando vemos los listados de donantes, hay gente que pone 50.000, 100.000 pesos en efectivo. Empecemos la bancarizacion en serio», explicó Secchi. Y puso como ejemplo los montos gastados, muy alejados de la normativa vigente. El año pasado, por caso, diferentes representantes de los partidos le confiaron a este medio que se gastaron unos 1.000 millones de pesos en la campaña presidencial, más de cinco veces que lo permitido.
Con la discusión por la reforma electoral a punto de iniciarse en el Congreso, que establece la implementación de la Boleta Única Electrónica, el Gobierno espera ahora trabajar en un proyecto que sea reglamentado antes de fin de año, de cara a las elecciones del próximo año. Un informe de chequeado.com registró que en el 2015 el PRO recibió aportes de empresas contratistas del Estado, prohibido por la normativa vigente.
La reforma no solo le abre la puerta a la vuelta de los aportes privados: avanzaría sobre los controles y sobre otros aspectos como la duración de las campañas. Además de Pérez, ya empezaron a delinear el boceto José Torello, asesor presidencial y apoderado del PRO, y la diputada Silvia Lospennato.
