Tal como Alberto Fernández lo anunció ante la Asamblea Legislativa, el Gobierno oficializó por decreto la modificación de la Ley de Inteligencia y la AFI dejará de ser auxiliar de la Justicia. También se decretó la desclasificación de archivos de la causa AMIA.
Este jueves a través del Boletín Oficial el Poder Ejecutivo determinó la sustitución del artículo 4° de la Ley N° 25.520 por lo que ningún organismo de inteligencia podrá: “Realizar tareas represivas, poseer facultades compulsivas, ni cumplir funciones policiales o de investigación criminal; obtener información, producir inteligencia o almacenar datos sobre personas, por el solo hecho de su raza, fe religiosa, acciones privadas, u opinión política, o de adhesión o pertenencia a organizaciones partidarias, sociales, sindicales, comunitarias, cooperativas, asistenciales, culturales o laborales, así como por la actividad lícita que desarrollen en cualquier esfera de acción”.
En el Decreto 214/2020 que lleva la firma del Presidente y de todo sus ministros, se aclaró que la Agencia Federal de Inteligencia no podrá “influir de cualquier modo en la situación institucional, política, militar, policial, social y económica del país, en su política exterior, en la vida interna de los partidos políticos legalmente constituidos, en la opinión pública, en personas, en en medios de difusión o en asociaciones o agrupaciones legales de cualquier tipo”.
Otra limitación indica que no tendrá permitido “revelar o divulgar cualquier tipo de información adquirida en ejercicio de sus funciones relativa a cualquier habitante o a personas jurídicas, ya sean públicas o privadas, salvo que mediare orden o dispensa judicial”.
El Gobierno cuestionó el Decreto 656, sancionado durante la gestión de Mauricio Macri, en el que se aprobó un nuevo estatuto para el personal de la AFI: “Significó consagrar el secreto para el empleo de los fondos reservados por parte de los agentes de inteligencia del Estado”, expresó Fernández al asumir como presidente. Para la actual administración, dicha decisión “implicó un retroceso institucional en materia de democratización y publicidad del Sistema de Inteligencia Nacional”. Por la anulación de dicho decreto, se justificó: “La imperiosa necesidad de realizar un reordenamiento y rediseño integral del Sistema de Inteligencia Nacional”.
A fines de diciembre del 2019, el Poder Ejecutivo oficializó la intervención de la AFI por seis meses. Con la oficialización de hoy, el Gobierno consideró “necesario adoptar una medida urgente para lograr bases sólidas para el referido reordenamiento, disponiendo una modificación esencial sobre una de las áreas del Sistema de Inteligencia Nacional que mayores distorsiones ha evidenciado, como es su interacción con el sistema de administración de justicia». De esta forma justificó la sustitución del artículo 4°, ya que “se establece una excepción que permite a los organismos de inteligencia participar como auxiliares de la justicia en las investigaciones criminales”.
“Que corresponde, por ello, limitar de forma urgente ese resquicio legal, que permitió generar y retroalimentar vínculos espurios desarrollados entre organismos de inteligencia y algunos sectores del sistema de justicia, franqueando la participación de aquéllos en funciones totalmente ajenas a sus verdaderas áreas de incumbencia”. Para el Gobierno, dicha “inadecuada intromisión” ha afectado en “múltiples casos la necesaria independencia judicial, actuando como un componente corrosivo frente a la legitimidad institucional de nuestra democracia”.
En diálogo con Infobae, una fuente de la AFI explicó que “había una promiscuidad de los servicios de inteligencia y el Poder Judicial que llevó, por ejemplo, al armado de causas”.
Por otra parte, el Gobierno avanzó con la desclasificación de los archivos de la AMIA. A través del Decreto 213/2020, se otorgó el carácter de público “a toda aquella información brindada desde el Estado Nacional para los procesos judiciales que ya cuentan con sentencia, relativos al atentado perpetrado contra la Asociación Mutual Israelita Argentina, su encubrimiento y demás delitos conexos, incluyendo los legajos de investigación y la totalidad de la información brindada desde el Estado Nacional en las audiencias de los juicios realizados, permitiendo que las mismas trasciendan el ámbito oficial”.
Son archivos de la UFI AMIA que eran resguardados por la AFI. Y qué ahora tendrán carácter público. Es decir, que será la Unidad AMIA la que, en todo caso, defina si hace públicos o no esos documentos. No está contemplado en el decreto del tema AMIA la denuncia de Nisman.
En el segundo párrafo del decreto publicado este jueves se indica que deberán “adoptarse los recaudos pertinentes para resguardar la identidad de los agentes que declararon en los procesos, como así también para resguardar toda la información y documentación relativa a representantes de otros países, en particular respecto de la identidad de los agentes de inteligencia extranjeros”.
El tercer punto solicita la “la desclasificación absoluta de la totalidad de la información y documentación relacionada con el atentado” pero aclara que debe quedar exceptuado todo lo relativo a “representantes de otros países, en particular sobre las cuestiones referidas a la identidad de los agentes de inteligencia extranjeros”.
Por último, anuncia la creación de una mesa de diálogo en la Jefatura de Gabinete para “procurar transparencia y eficacia en la recolección, tratamiento y difusión de la información estatal sobre el atentado”. Formarán parte la AFI, el ministerio de Relaciones Exteriores, el de Justicia y Derechos Humanos y el de Seguridad. Y se invitará al efecto a representantes del Ministerio Público Fiscal, víctimas, familiares y/o querellantes en los procesos del referido atentado, su encubrimiento y demás delitos conexos.
