El Gobierno percibe en estos días que con la tenue apertura de la cuarentena estricta y un refuerzo de fondos en la tarjeta alimentaria, los sectores más vulnerables de la Argentina están empezando a mover lentamente su economía básica. Sin embargo, con vistas al futuro inmediato se encamina a armar un presupuesto de política social para el 2021 dirigido a la creación de empleos genuinos.
“La ecuación presupuestaria se revertirá por completo: mientras que hoy se destina el 90% de los fondos a la asistencia alimentaria y sólo un 10% a los planes de empleo, en el 2021 debemos hacer exactamente al revés”, señaló ayer a Infobae el ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo.
De esta manera, en la Casa Rosada creen que la situación social que transita hoy la Argentina de pandemia de COVID-19 es “crítica pero estable”, como dijo Arroyo.
Para atender a un complicado entramado social de pobres afectados por la parálisis económica en medio de la pandemia, el Gobierno tiene definido seguir adelante con el pago del IFE, inyectar más fondos en la Tarjeta Alimentaria, continuar el pago de ATP e implementar un bono extra en el salario social.
Con este esquema de ayuda social y en medio de una crisis económica, el Gobierno cree que no hay riesgos de desborde social o estallido en los barrios vulnerables. “La gente sabe que hay contención del Estado y que ese apoyo se mantendrá”, señaló un funcionario de la Casa Rosada.
Desde esta misma óptica, en el Gobierno creen que la apertura leve de la cuarentena sumada a la ayuda social sostenida permitirá de a poco mover la economía y mejorar mínimamente la situación de los trabajadores de la economía informal. Esto es: los que hacen changas, aquellos que pueden salir a trabajar a una fábrica o los que podrán insertarse en un programa de empleo. Las changas que observa el Gobierno que empiezan a moverse con una cuarentena más flexible están acotadas al área textil y a la construcción en pequeña escala.
El Ministerio de Desarrollo Social y la ANSES asegurarán en lo inmediato la continuidad del pago del IFE, la ayuda de un bono solidario de $3.000 para los salarios sociales y la eventual inyección de aumentos en la Tarjeta Alimentar producto de un fondo especial de la CAF por USD 300 millones de dólares.
Hay un convencimiento general en el Gobierno de que la pobreza aumentó sustancialmente en los últimos meses por la parálisis económica que dejó la pandemia. Pero hay un dato más relevante aún: nadie sabe si en el futuro inmediato se podrá contar con mediciones de pobreza confiables porque el INDEC está con problemas reales para salir a la calle a recabar datos y porque las consultoras privadas no tienen estructura suficiente para medir en todo el país los niveles de indigencia y pobreza.
Para el futuro inmediato el Gobierno quiere armar un proyecto de presupuesto 2021 en el área social acorde a una “salida gradual” de la pobreza. Esto es lo que sostiene Arroyo: revertir la ecuación de inversión en asistencia alimentaria del 90% de los fondos actuales a los programas de empleo genuino que hoy sólo ocupan un 10% del presupuesto.
De esta manera, en el diseño del proyecto de presupuesto 2021 que el Gobierno enviará al Congreso el 15 de septiembre buscará reforzar las partidas del Plan Potenciar Trabajo. Esto apunta a inyectar más de $20.000 millones para la compra de herramientas, maquinarias e insumos. Se busca crear de esta manera unos 300.000 puestos de trabajo que saquen de la pobreza a miles de argentinos.
A la vez, desde el Ministerio de Desarrollo Social apuntan a reforzar el fondo rotatorio a los municipios para enfocarse en empleos de la economía informal. La ayuda social se complementará con los programas de empleo que se quieren coordinar con las provincias para promover las economías regionales.
Con todo este paquete de medidas y fondos el Gobierno sueña en un escenario de post pandemia donde la urgencia alimentaria no sea el foco de gestión y se pueda empezar a mover la economía con trabajo genuino.
