A través de la Unidad de Información Financiera (UIF), el Gobierno pidió que Cristina, Máximo y Florencia Kirchner, junto a Lázaro Báez y otros quince acusados vayan a juicio oral en la causa conocida como Hotesur, en la que se investiga una estructura de lavado de dinero a través del negocio hotelero. La UIF es querellante en la causa, y según pudo saber Clarín, la Oficina Anticorrupción (OA) solicitará lo mismo en los próximos días.
El pedido acelera el tramo final del expediente que investigó los negocios celebrados a través de Hotesur SA (dueña del hotel Alto Calafate) y empresas del Grupo Austral, propiedad de Lázaro Báez, como también la administración en los últimos años a cargo de Osvaldo Sanfelice, socio de Máximo Kirchner.
Después del requerimiento de elevación presentado por los fiscales de la causa, Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques, el juez Julián Ercolini recibió el pedido de la UIF. Cuando el otro organismo del Gobierno, la OA, realice la correspondiente presentación, el magistrado mandaría a juicio a la ex Presidente no más de una semana después.
Hotesur será el quinto juicio que le espera a Cristina Kirchner, y el tercero donde se la acusa junto a Báez -preso por lavado de activos-, por corrupción.
Con un escrito de 200 páginas, al que accedió Clarín, los responsables de la UIF, María Eugenia Talerico y Mariano Federici, pidieron que la causa avance hacia la próxima instancia.
Para el organismo antilavado, la causa es parte de un contexto general donde se investiga, en diversas causas, «una asociación ilícita destinada a apoderarse de los fondos públicos, y el reciclaje que se efectuó a posteriori y que conformara el desapoderamiento del dinero público», expresa el escrito.
Por ello sostuvieron que las causas se encuentran vinculadas, ante la existencia de una «organización criminal» que tuvo la finalidad de «sustraer y apoderarse del dinero de las arcas públicas» y que la causa Hotesur SA «no se despliega en soledad, sino que forma parte de un grupo de investigaciones» en las que Cristina Kirchner fue procesada como jefa de una asociación ilícita que direccionó obra pública a favor de Báez, como causa madre de otras maniobras de lavado.
Se estableció así, «un sistema destinado a transferir y disimular parte de las ganancias que se encontraban en poder de los empresarios, a los propios ex presidentes y a su núcleo familiar a través de préstamos, compra de propiedades, alquiler de los distintos complejos hoteleros de su propiedad, construcción de mejoras en dichos establecimientos y alquiler de propiedades», algo que se investigó en Los Sauces SA (otra causa por lavado).
La hipótesis que investigaron los fiscales Pollicita y Mahiques es que los ex presidentes y sus hijos recibieron dinero “a través del negocio hotelero bajo cierta apariencia de legitimidad”, lo que les aseguraba poder declarar esos fondos ante la Oficina Anticorrupción y ante el fisco “ocultando su verdadero origen” supuestamente ilícito.
Estas transferencias incluyen los 4,6 millones de dólares que la hija de Cristina Kirchner tenía en el Banco Galicia, embargados hace dos años.
Compra de hoteles
Según la investigación, las supuestas maniobras comenzaron por la necesidad de Néstor y Cristina Kirchner de contar con dinero líquido “en blanco” para poder “justificar la compra de los hoteles Alto Calafate y Las Dunas”.
Así, al pedir la elevación la UIF coincidió con la fiscalía, que planteó que en la causa Hotesur se «dio por corroborada la maniobra por la cual la asociación criminal investigada canalizó una porción de lo que era sustraído al Estado Nacional —a través de la obra pública vial—, a los ex presidentes y a su núcleo familiar por medio de un esquema de lavado de dinero montado en base a la actividad hotelera que aquellos llevaban adelante a través de la empresa Hotesur S.A».
Lázaro Báez, detenido desde 2016, es otro de los acusados en la causa.
En esta instancia, se señaló que «la puesta en marcha y concreción de una estructura coordinada de personas, con división de roles y permanencia en el tiempo por más de doce años«, le permitió a los principales acusados «sustraer de las arcas públicas miles de millones de pesos» y esos fondos «iniciaron un camino de retorno a través de distintos mecanismos de lavado de dinero a favor de la familia Kirchner».
El rol de los Hoteles K
En la causa se estableció que los hoteles de la ex Presidenta fueron parte de un «proceso de reciclaje que, con los fondos ilícitos de la obra pública y a través de Valle Mitre de Báez, se desarrolló entre 2008 y 2013″. Sin embargo, Pollicita indicó que la investigación «no se agota» en dicha maniobra, y la vinculó con otras causas de lavado de dinero donde están involucrados Sanfelice y Cristóbal López.
Los fiscales plantearon que se montó un «circuito económico basado en la actividad hotelera» que le permitió a los Kirchner «canalizar regularmente» fondos que recibía Báez de la obra pública y mover el dinero a través de «una sociedad pantalla» para aplicar el mismo «a maniobras de blanqueo».
Acusaciones
El juez Ercolini procesó a 19 personas, entre ellos a Cristina y sus hijos y a Lázaro Báez y su hijo Martín. Se los responsabilizó de haber formado parte de «un complejo entramado societario» que se puso en marcha «para poner en circulación en el mercado parte de las ganancias obtenidas como consecuencia de la defraudación al Estado (la causa de obra pública)».
Para lograr esto, según plantearon los fiscales durante la investigación, los acusados “recurrieron a los fondos obtenidos junto con Lázaro Báez, por la asignación irregular de obra pública vial en su provincia de origen” y “múltiples” negocios con las empresas del Grupo Austral”, con el fin de otorgarles a dichas operaciones comerciales, «apariencia de legítimas».
Cuatro instancias del lavado
La Justicia determinó que las operaciones de lavado contaron con una instancia previa: que Néstor y Cristina Kirchner se hicieran de «fondos líquidos para poder justificar la adquisición de esos establecimientos hoteleros». Entre 2005 y 2009 hubo más de quince compra-ventas de terrenos y propiedades entre Báez K y los ex presidentes.
1) Adquisición de hoteles. Con dicho flujo de dinero, indicó Ercolini, «Kirchner -a través de su hijo Máximo- adquirió el el hotel Las Dunas por 700.000 dólares y la totalidad del paquete accionario de la firma Hotesur, propietaria del hotel Alto Calafate, por 4.900.000 dólares».
2) Utilización de Valle Mitre. En una segunda instancia, para la “maniobra económica diseñada desde el negocio hotelero”, fue indispensable la firma Valle Mitre SRL propiedad de Lázaro Báez, creada meses después de que los Kirchner adquirieron los hoteles y fue utilizada en el esquema de blanqueo “para recibir ese dinero y aplicarlo al negocio de la hotelería, y permitir así que la ganancia ilícita se distancie de su verdadero origen”.
3) Canalización de fondos para Valle Mitre. La firma no tenía capacidad económica para pagar el alquiler de Hotesur. Por eso, quien le inyectaba dinero era Austral Construcciones -principal contratista de la obra pública vial-. La empresa que administró los hoteles de los Kirchner registró ingresos por pagos de la constructora entre 2007 a 2015, por casi 71 millones de pesos.
4) Ingreso de fondos al patrimonio K. Dichos fondos después se derivaban a la empresa hotelera de la ex Presidenta. Valle Mitre, a su vez, enviaba dinero a otras empresas del Grupo Austral (Kank y Costilla, Loscalzos y Del Curto, La Estación SA, Don Francisco) para que éstas terminen alquilando habitaciones de los hoteles sin utilizarlas. Garantizaron así ingresos por más de 14 millones de pesos a la familia Kirchner.
Entre 2009 y julio de 2013, Báez garantizó a los Kirchner 27.592.110 pesos por alquileres a Hotesur SA. La cifra es importante, pero más la proporción que guarda en el total de los ingresos de la empresa familiar. El 54 % de los ingresos de Alto Calafate provinieron del Grupo Austral.
Fuente Clarín
