Subterráneos de Buenos Aires Sociedad del Estado (SBASE), la empresa de la Ciudad de Buenos Aires que administra la red de subtes, demandó al Metro de Madrid por venderle vagones con asbesto, también conocido como amianto, un material cancerígeno. En la denuncia presentada ante la justicia española, exige en concepto de indemnización por daños y perjuicios un monto cercano a los 15 millones de euros.
La compra de 36 vagones CAF 5000 se produjo entre septiembre 2011 y noviembre de 2012 durante la gestión de Mauricio Macri como jefe de gobierno porteño. En la demanda, la entidad denunciante reclama que dos contratos de enajenación de material móvil firmados en ese período sean declarados nulos de pleno derecho por haber transferido bienes cuya comercialización estaba prohibida.
En 2001, el gobierno español conducido por José María Aznar adoptó una legislación europea por su compromiso con la salud. La normativa prohibía desde entonces el acuerdo celebrado entre las administraciones de subtes de ambas ciudades una década después.
“Se prohíbe la comercialización de todas las variedades de amianto (crocidolita, amosita, amianto antofilita, amianto actinolita, amianto tremolita y crisotilo) y de los productos que contengan estas fibras añadidas intencionadamente”, reza la medida.Según medios locales, el Metro de Madrid tenía constancia de que su red de trenes había sido construida con este material tóxico desde 1991. Se lo comunicó, recién, a sus trabajadores en 2017. Y le vendió dos lotes al gobierno porteño a cambio de 5 millones de euros, con conocimiento de que estaba ignorando una norma en el intercambio de material prohibido y contaminado.
SBASE, en su demanda, apunta que la empresa municipal de la capital española incumplió los contratos al entregar material rodante inviable para su uso. Precisa, a su vez, que dispone de derecho para ser resarcido ante reclamos de terceros y organizaciones ambientales que hayan presentado o sigan presentando en el país por las consecuencias del asbesto. En el documento, el subte porteño argumenta que las responsabilidades por los costos de la contaminación deberán ser asumidas por Metro de Madrid hasta la eliminación del material cancerígeno. Exige la compensación por daños y perjuicios de exactos 14.978.395,9 euros -más intereses- como resultado de la suma de 19 gastos, entre las adquisiciones, los servicios contratados, los derechos de importación, los costos logísticos, los seguros y el almacenamiento.
Eduardo de Montmollin, presidente de SBASE, había reconocido días atrás que los vagones comprados a la compañía madrileña tenían asbesto. Insinúo, en una entrevista a CNN, que pudieron no haber advertido en el contrato firmado dicha información y que confiaban que la compra cumplía con los estándares de salud establecidos por los organismos internacionales. “La documentación técnica de un tren puede llegar a ser unos manuales o carpetas y de repente lo que dice esto es una letra chiquita en la página 473 del tomo 4 del manual de descripción de partes”, explicó. Cuando dijo “carpetas” hizo el gesto de dimensionar algo grande. Y agregó: “No puedo garantizar que se haya leído todas y cada una de las páginas de los manuales técnicos. Pero asumimos que si en la documentación figuraba algo el Metro de Madrid había tomado ya partido, había tomado medidas y que lo que nos estaban vendiendo, ellos estaban en condiciones de poder venderlo”.
Las importaciones, según la legislación argentina, deben acreditar un certificado de origen que identifique la presencia de cualquier componente perjudicial para la salud. El titular de la red de subtes porteños declaró en la entrevista: “Esos trenes que le compramos al Metro de Madrid tendrían que haber venido con ese certificado. Pero, bueno, el certificado evidentemente no existió y de nuestro lado tampoco hubo una exigencia de la existencia de ese certificado”.
Antonio Morán Canseco, un oficial de mantenimiento del subte madrileño, fue diagnosticado con asbestosis en abril de 2018: al mes siguiente murió. El Metro de Madrid reconoció el cuadro. El octubre del año pasado, otro empleado falleció por la misma causa.
Hay una causa penal abierta con una imputación de delito de homicidio imprudente, según apuntan medios españoles. También en febrero de 2018, la Inspección de Trabajo abrió un acta de infracción por incumplimiento de medidas de seguridad y la exposición al amianto de sus trabajadores. La multa fue de 191.000 euros.
En Argentina, hay once trabajadores afectados por la exposición al asbesto. Francisco Ledesma, Secretario de Salud Laboral y Condiciones en el Medio Ambiente de Trabajo de la Asociación gremial de trabajadores del Subterráneo y Premetro (AGTSyP), reveló en una nota publicada por Infobae en septiembre de este año: “Al día de hoy tenemos once trabajadores con neumoconiosis por exposición al asbesto pero no desarrollaron la enfermedad. No tienen cáncer ni fibrosis pulmonar; pero no pueden estar expuestos al ambiente que tiene asbesto. Por ahora no pueden volver a trabajar, mientras esto no se revierta”.
El amianto es un material origen mineral empleado en distintas industrias. Se compone por fibras largas, resistentes y flexibles capaces de entrelazarse para conformar tipos de estructuras. Se utiliza comúnmente en la construcción, en la fabricación de automóviles, techos, losas, piezas que entran en contacto con la electricidad o con estructuras protectoras por su condición de material aislante y su tejido incombustible. Según cifras de la Organización Mundial de la Salud (OMS), 125 millones de personas de todo el mundo están expuestas al amianto en su lugar de trabajo.
