El gobierno de Javier Milei volvió a postergar el plazo para que las empresas del Estado se conviertan en sociedades anónimas. Este es un paso previo a la privatización impulsada por el oficialismo. Lo hizo a través de un decreto publicado este martes en el Boletín Oficial, que lleva la firma del Presidente y todo el Gabinete de Ministros.
Cuando Milei llegó a la presidencia hace un año, declaró la “emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, sanitaria y social hasta el 31 de diciembre de 2025″.
En ese contexto, el Ejecutivo había decidido otorgar un plazo inicial de seis meses para que las empresas del Estado Nacional puedan transformarse en sociedades anónimas, bajo el propósito de achicar el Estado y fortalecer el equilibrio fiscal, una de las principales cruzadas de la Casa Rosada en la gestión libertaria.
A fines de junio, el Gobierno prolongó ese plazo por seis meses y este martes decidió una nueva postergación que se extenderá por otros 60 días.
“La gravedad de la situación exige su prórroga por el término de SESENTA (60) días con el fin de contar con el tiempo suficiente para concretar lo establecido en el inciso 2) del artículo 77, en el inciso 1) apartado b) del artículo 83 y en el artículo 88 de la Ley General de Sociedades Nº 19.550 (T.O. 1984) y sus modificatorias”, determina el Decreto 1120/2024.
La prioridad de la Casa Rosada es acelerar la venta de las empresas públicas. El titular de la Agencia de Transformación de las Empresas Públicas, Diego Chaher, es el encargado de trabajar los pliegos.
En la actualidad, como publicó un informe de TN a fines de noviembre, la Agencia de Transformación de Empresas Públicas tiene dentro de su órbita 59 empresas que funcionan en 11 jurisdicciones de la administración estatal. A su vez, hay otras 19 sociedades que son consideradas subsidiarias.
Para concretar las privatizaciones, hay distintos mecanismos que el Ejecutivo tiene en mente: uno es abrir licitaciones y avanzar en la venta, para lo que necesita de la aprobación del Congreso, o podría lanzar una oferta pública inicial para sacar las acciones de las compañías al mercado de capitales bajo un método denominado initial public offering (IPO, por sus siglas en inglés). También podría ceder parte de las empresas -por ejemplo a los empleados- o cerrarlas y poner a la venta los terrenos a través de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE).
Fuente TN
