El Gobierno desclasificó 25 decretos de principios de la década de 1970 correspondientes a la dictadura de Alejandro Lanusse y al gobierno de María Estela Martínez de Perón. En la mayoría de los archivos publicados este martes en el Boletín Oficial se muestra como eran rechazadas las presentaciones de ciudadanos en contra de la Comisión Asesora para la Calificación Ideológica Extremista (CACIE) y de las resoluciones que los calificaban como «comunistas».
Este martes, en el Boletín Oficial, fueron publicados 21 decretos desclasificados correspondientes al gobierno militar de Alejandro Lanusse entre 1972 y 1973. En la mayoría de los textos se apunta a la CACIE, el órgano que se encargaba de identificar a los comunistas, y a la Secretaría de Informaciones del Estado. La Comisión Asesora para la Calificación Ideológica Extremista había sido creada en 1967 por el presidente de facto Juan Carlos Onganía, a través de la Ley 17.401, que prohibía el comunismo en la Argentina.
«Serán calificadas como comunistas, con las consecuencias establecidas en los artículos 6° y 9° de la presente, las personas físicas o de existencia ideal que realicen actividades comprobadas de indudable motivación ideológica comunista. Podrán tenerse en cuenta actividades anteriores a la presente ley», afirmaba el artículo 1 de la norma.
En ese orden, determinaba que sería la Secretaría de Informaciones del Estado la que efectuaría la calificación de «comunismo» en un «trámite secreto», a la vez que establecía que se podría interponer un recurso ante el Poder Ejecutivo y, agotada esa instancia, ante la Cámara Federal del lugar.
La calificación de «comunista» causaba inhabilidades para obtener carta de ciudadanía; desempeñar cargos, funciones o empleos del Estado, en jurisdicción nacional, provincial y municipal o en los organismos o entidades autárquicas autónomas o descentralizadas; ejercer la docencia en establecimientos públicos y privados; ser beneficiario de becas, o subsidios que directa o indirectamente provengan del Estado en jurisdicción nacional, provincial y municipal.
Asimismo impedía obtener licencia o instalar equipo como radioaficionado o instalar, adquirir, dirigir o administrar emisoras de radio y televisión; instalar, adquirir o administrar establecimientos para la producción y fabricación de explosivos y armas de fuego; instalar, adquirir, dirigir o administrar imprentas y editoriales; adquirir propiedades en las zonas de seguridad de la Nación y desempeñar representaciones o cargos directivos en Asociaciones Profesionales de empleadores o trabajadores.
Además se determinaba que «queda prohibido el ingreso al país de los extranjeros que, por sus antecedentes, sean reputados comunistas» y ordenaba que «a tal efecto, la Dirección Nacional de Migraciones, con intervención de la Secretaría de Informaciones de Estado, será el organismo fiscalizador».
Los archivos desclasificados este martes, que llevan la firma de Lanusse, se refieren a los rechazos de los recursos interpuestos por: Dardos Luis Melgan, Elbio Oscar Mattei, Francisco Ramón Parejas, Víctor Castrillón, Dora Nelly Dellatorre, Carlos Primo Vola, Olga Esther Barreiro de Pigatto, Margarita Wasertreguer de Hick, Mauricio Knobel, Manuel Loewy, José Pascual García, Oscar Armando Scanio, Carlos Castro, Reynaldo Garrido, Francisco Ibarrola, Fernando Washinghton Salinas, Luis Piñeyro y Rubén José Vizzo. Éste último, fue candidato a intendente de San Miguel, concejal y convencional constituyente por la provincia de Buenos Aires por el Frente Grande en el año 1994.
En tanto, sí se le aceptó el recurso ante la calificación de comunista por la publicación de «Me tenes podrido Argentina» (Ediciones La Flor S.R.L) a Daniel Jorge Divinsky, abogado y editor de la firma mencionada. En La Flor se han publicado textos de Rodolfo Walsh, y Mafalda de Quino durante esos años. A raíz de la dictadura militar, Divinsky tuvo que exiliarse junto a su familia en Venezuela durante seis años, luego de pasar cuatro meses en prisión.
Además se publicaron decretados desclasificados del gobierno de María Estela Martínez de Perón. En el 651/1974, considerando que «es de vital importancia la seguridad, inteligencia y contra-inteligencia en materia económica», se decretó la creación en jurisdicción del Ministerio de Economía, «la Dirección Nacional de Seguridad e Inteligencia Económica de conformidad con el organigrama, y de acuerdo a la misión y funciones, agrupamiento funcional y memorando descriptivo de la dotación de personal y de sus tareas específicas».
También con la firma de Martínez de Perón se reveló el decreto que aprobó la ampliación del Plan Nacional de Construcciones Navales Militares.
