En una carta titulada “Cincuenta años de impunidad”, María Fernanda Viola celebró que el Gobierno Nacional haya reconocido “hidalgamente” que el atentado sufrido por su padre, el capitán Humberto Antonio Viola y su hermana, María Cristina, representa un crimen de lesa humanidad. El hecho fue cometido en la provincia de Tucumán 1° de diciembre de 1974, por integrantes del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP).
En un acuerdo de solución amistosa, celebrado en la Secretaría de Culto y Civilización de la Cancillería Argentina, el Gobierno de Milei decidió cambiar la posición que el Estado argentino había mantenido hasta aquí en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en relación al pedido de la familia Viola. Este cambio modifica la postura que había adoptado el gobierno del ex presidente Alberto Fernández, que no reconocía aquel hecho en esa categoría. Milei adoptó la visión contraria.
“El atentado sufrido por el Capitán Humberto Viola y su familia se produjo en el marco de un conflicto armado interno que fue clara y públicamente reconocido por el ERP, constituyendo un crimen de lesa humanidad”, insistió María Fernanda en la misiva a la que accedió Infobae.
Más adelante, cuestiona la actuación del gobierno del Frente de Todos. “Revisando la posición anteriormente asumida por el gobierno del Dr. Alberto Fernández , ha considerado (el gobierno actual) que el rechazo a la denuncia formulada por mi familia, efectuado por tal administración, obedeció a una visión sesgada e ideologizada que no se condice con el objeto y fin de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en tanto niega el derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación de las víctimas del caso”.
“Se ha comprometido también a someter a consideración del Poder Legislativo de la Nación, un proyecto de ley que declare la imprescriptibilidad de los crímenes de las organizaciones terroristas”, añade.
Finalmente, destaca que “homologado que sea el acuerdo por la CIDH, requeriremos ante la justicia argentina el juzgamiento de los autores directos y mediatos, que no fueron condenados”.
El 1 de diciembre de 1974, en San Miguel de Tucumán, el capitán del Ejército Humberto Antonio Viola fue asesinado junto a su hija María Cristina, de tres años, en un atentado perpetrado por el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP). El ataque ocurrió cuando la familia llegaba a la casa de los padres de Viola para almorzar. Su esposa, María Cristina Picón, embarazada de cinco meses, y su otra hija, María Fernanda, de cinco años, también fueron víctimas del ataque; María Fernanda resultó gravemente herida con un disparo en la cabeza.
Tras el atentado, el ERP reconoció la muerte de la niña como “un exceso injustificable”. Los responsables fueron capturados y condenados a reclusión perpetua en 1976; sin embargo, para fines de la década de 1980, todos habían sido liberados bajo libertad condicional.