La crisis cambiaria, la negociación con el FMI y la “aceleracion” del gradualismo para bajar el déficit volvió a tensar la cuerda en la relación del Gobierno con las organizaciones sociales. En la Casa Rosada aseguraron que el ajuste no tocará la asistencia a los sectores vulnerables, aunque el impacto de la suba del dólar en la inflación potenciará los reclamos y a su vez el llamado triunvirato de San Cayetano endureció el discurso contra el regreso al Fondo Monetario. Ante la alerta por una mayor conflictividad en la calle, en el Ministerio de Desarrollo Social conducido por Carolina Stanley planea recrear la mesa de diálogo con referentes de los movimientos y representantes de la Iglesia. Ese canal formal estaba cortado desde diciembre.
“No hay una bajada de que hay que reducir gasto social, pero si lo amerita para canalizar reclamos nos vamos a volver a juntar”, dijo a Clarín un alto funcionario, atento a la tensión en aumento y a los recientes acercamientos entre sindicalistas enfrentados con el Gobierno, la Iglesia y las organizaciones. Oscar Ojea, presidente del Episcopado argentino y de estrecho vínculo con Juan Grabois -CTEP-, recibió a Pablo Moyano, Hugo Yasky y Pablo Micheli antes de la protesta del viernes en el Obelisco. A su vez la CTEP, Barrios de Pie y la CCC buscan integrarse a la CGT. Y esta semana coincidieron en el lanzamiento de una nueva fuerza política, el frente Vamos. “El FMI es mala palabra para los movimientos, sabemos que pueden endurecerse y que también van a tomar definiciones partidarias, ya con una intencionalidad de buscar votos”, interpretaron en la Casa Rosada el nuevo escenario.
El proyecto en Diputados de expropiación de tierras y urbanización de 4.228 barrios populares había bajado la tensión, pero las organizaciones cuestionaron la demora en el tratamiento y la tregua quedó atrás con el regreso al Fondo Monetario y el anuncio de la “aceleración” -en palabras de Mauricio Macri- de la baja del déficit. El Gobierno se propuso contrarrestar la perspectiva de que el ajuste a un ritmo más veloz tendrá un fuerte impacto en los sectores de bajos recursos, y funcionó como una señal que Desarrollo Social no quedara bajo la órbita de Nicolás Dujovne, cuya coordinación tendrá como prioridad la reducción de gasto. “El Presupuesto de 2018 es de 76% en inversión social y eso no va a cambiar de cara a 2019”, aseguró Stanley esta semana en el Congreso.
Aun así funcionarios encargados de auscultar el clima en la calle indicaron que se encendieron alertas por el impacto de la devaluación en los precios -en especial de los alimentos- y una posible caída en la actividad económica, con efecto en los sectores informales. El propio Dujovne reconoció que habrá más inflación y menor crecimiento. Los programas sociales aumentarán de acuerdo con lo dispuesto por el Ministerio de Trabajo para el Salario Mínimo, Vital y Móvil, que en julio llegará a $10.000 -el salario social complementario es la mitad- por el cronograma fijado el año pasado. Y para esa fecha habrá un dato sensible: la difusión del índice de pobreza e indigencia del INDEC correspondiente al primer semestre de este año. Con el último número -25,7%- el Gobierno había conseguido exhibir un nivel más bajo que en las mediciones anteriores. Esta vez integrantes del Gabinete prácticamente descuentan que habrá una suba: “Por el efecto de las tarifas, la inflación y porque para esa fecha los salarios todavía no llegan a adecuarse”.
La convocatoria a las organizaciones sociales está prevista para fines de junio, una vez que pase la “Marcha Federal” organizada por Grabois (CTEP), Daniel Menéndez (Barrios de Pie) y Juan Carlos Alderete (CCC) del 28 de mayo al 1° de junio. Macri incluyó a los movimientos cuando anunció el llamado a un “gran acuerdo nacional”, aunque a diferencia de otros sectores -gobernadores, legisladores, empresarios- no pasaron por la Casa Rosada o la Quinta de Olivos. “No íbamos a convocarlos antes de la marcha”, contó un funcionario. Durante este año tampoco hubo reuniones con Stanley. La última fue en diciembre, en los días agitados de la reforma previsional, y luego la relación quedó acotada a contactos informales.
“No hay ningún plan de contención social, hay mucha bronca y el pueblo no va a tolerar un nuevo ajuste. Nuestro límite es el FMI, es hambre y muerte. Vamos a pelear todo lo que nos dé la fuerza”, levantó el tono Grabois en la previa a la marcha desde distintos puntos del país y que confluirá en el Congreso la semana próxima para reclamar la Emergencia Alimentaria, participación de las cooperativas en la obra pública, una Ley de Adicciones y otra de Agricultura Familiar, entre otros puntos.
El Gobierno planea sumar a la convocatoria a representantes de la Iglesia, de relación ambivalente con el Gobierno más allá de los vínculos de Gabriela Michetti, María Eugenia Vidal, Jorge Triaca o la propia Stanley con el Papa Francisco. Entre los señalados para la mesa aparecen Jorge Lugones, titular de la Comisión de Pastoral Social; Fernando Maletti, obispo de Merlo-Moreno que asistía a las reuniones en Desarrollo Social hasta el año pasado; y Marcelo Colombo, nombrado por Bergoglio al frente de la Diócesis de Mendoza, que dará una misa en el inicio de la marcha de las organizaciones y esta semana consideró “dramático” el panorama social.
Otra vez en la Casa Rosada ubican al Mundial de fútbol como una bisagra: hasta hace un mes como un mojón antes de la largada de la pelea electoral, ahora del posible inicio de una etapa de mayor conflicto en la calle.
Martín Bravo/Clarín
