El oficialismo convocó este martes al plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales, Legislación General, y Presupuesto y Hacienda de la Cámara Baja con el objetivo de tratar de lograr un dictamen de mayoría para la Ley Ómnibus. Gracias a una serie de concesiones que le hizo a los gobernadores, se encaminaría a conseguirlo en las próximas horas, con el objetivo de sesionar esta misma semana.
El plenario de comisiones había sido convocado para las 18.30. En medio de intensas negociaciones entre oficialismo -que no tenía las firmas para alcanzar un dictamen de mayoría- y un sector de la oposición -que seguía insistiendo con más cambios-, la reunión fue postergada para las 20.30, mientras se definía la redacción del nuevo texto.
El lunes, una decena de gobernadores se habían reunido con el ministro del Interior Guillermo Francos. Pese a que el Ejecutivo ya había aceptado realizar modificaciones al texto, los mandatarios insistían en que hacían falta más si pretendía que el dictamen fuera acompañado por UCR y Hacemos Cambio Federal (el bloque que comanda Miguel Pichetto).
Finalmente, este martes, luego de nuevas reuniones en Casa Rosada, el Gobierno nacional aceptó 6 puntos que le reclamaban los mandatarios. Sin embargo, rechazó quitar del paquete de reformas la suba de retenciones, que alcanza a los subproductos de la soja, trigo, maíz y a bienes industriales.
Es por eso que la UCR y la mayor parte de HCF decidieron que podrían acompañar en general el dictamen de mayoría, con disidencias, y eventualmente, cuando el proyecto llegue al recinto, votarán en particular en contra del aumento de los derechos de exportación, que no tendría los votos para ser aprobado.
Los cambios a los que accedió el Gobierno
El Ejecutivo aceptó seis reclamos que hacían los mandatarios provinciales:
Blanqueo copaticipable. Los gobernadores pidieron modificar el segundo párrafo del Artículo 164° del proyecto de ley “Bases”, con el objetivo de eliminar de la asignación específica lo producido del Impuesto Especial de Regularización destinada a la capitalización del Banco Central de la República Argentina (BCRA). Es decir, se plantea que se coparticipen a las provincias los fondos que se reciban por el blanqueo.
No se eliminarán el Fondo Fiduciario de Desarrollo Provincial (FFDP) y el Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional (FFFIR) que asisten financieramente a las Provincias, el Estado Nacional y CABA, para obras de infraestructura económica y social y programas de desarrollo.
Determinación del Salario Mínimo Docente. Los mandatarios exigieron sustituir el artículo 10 de la Ley N° 26.075, con el objetivo que sea el Consejo Federal de Educación -en consulta con los Ministerios de Economía nacional, provinciales y de la Ciudad de Buenos Aires, y también con el asesoramiento de una comisión del Consejo Federal de Inversiones- quien acuerde el salario mínimo docente junto con la representación nacional de los gremios docentes y con las entidades representativas de las instituciones de educación pública de gestión privada. Al respecto, cada provincia y CABA acordarán según corresponda las condiciones laborales, el calendario escolar, la escala salarial y la carrera docente.
Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Los mandatarios aceptan la transferencia de los activos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) al Tesoro Nacional y facultar al Ejecutivo. Pero el traspaso se haría compensando las deudas que el FGS tiene con las provincias y garantizando los flujos que permitan hacer frente a las compensaciones anuales por las cajas jubilatorias no transferidas de las provincias que aún no lo hicieron, entre las que se encuentran Entre Ríos, Córdoba y Santa Fe.
Eliminación de la desgravación de retenciones impositivas a los cobros electrónicos en pequeños contribuyentes. Los gobernadores pidieron la eliminación del Artículo 182°, que establecía que las tarjetas de débito y crédito pueden realizar retenciones impositivas a sus clientes cuando así lo dispongan las autoridades tributarias nacionales o locales competentes.
Los mandatarios provinciales también pusieron como condición para dar apoyo a la Ley Ómnibus el cumplimiento estricto de la disposición de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) por los fondos de coparticipación.
