El gobierno nacional respondió este viernes la orden de captura de Javier Milei emitida por la dictadura chavista en respuesta a la decisión de la Argentina de confiscar el Boeing 747 de la estatal Emtrasur que llegó a Buenos Aires en 2022 con tripulantes acusados de realizar tareas de espionaje para el terrorismo internacional.
A la supuesta “orden judicial” se le sumaron las amenazas del ministro de Interior, Justicia y Paz de Venezuela, Diosdado Cabello Rondón, quien recientemente instó al presidente Javier Milei a visitar el país caribeño. “Date una vuelta, para ver si es verdad que eres locó”, ironizó el funcionario, desde la televisión estatal.
“La verdad es que lo que diga un gobierno dictatorial, como es el de Venezuela, nos importa nada. No hay mucho más para decir. Es parte del show berreta de una dictadura en decadencia y que le ha hecho mucho daño al pueblo venezolano”, afirmó el vocero presidencial, Manuel Adorni, durante la conferencia de prensa de hoy.
Y añadió, al respecto: “Las dictaduras están absolutamente contrarias a nuestra filosofía e ideas. Así que no, pavadas preferimos no contestar”.
Consultado nuevamente por la respuesta del gobierno nacional a la orden de detención, aseguró que se trata todo de una “ridiculez”, ya que la decisión de incautar el Boeing 747 fue judicial y no del Ejecutivo.
“Es lógico, una dictadura no entiende de división de poderes, no entiende de cuestiones de ley, no entiende de cuestiones democráticas, no entiende de un montón de cuestiones que hacen al desenvolvimiento de una república. Entonces, ante el deseo de una dictadura de encarcelar con excusas o con argumentos estúpidos a un presidente democrático, no hay nada para contestar. ¿Qué se puede contestar? Es tan estúpido lo que pasó que no hay respuesta”, concluyó.
El pasado 18 de septiembre, el fiscal chavista Tarek William Saab emitió una orden de captura contra el presidente de Argentina, Javier Milei, su hermana, Karina Milei, secretaria general de la presidencia, y la ministra de seguridad, Patricia Bullrich. El anuncio se dio luego de que los fiscales argentinos Carlos Stornelli y José Agüero Iturbe reclamarán a la Cámara Federal de Buenos Aires (Argentina) que se ordene la indagatoria y la captura de Nicolás Maduro y de su mano derecha, Diosdado Cabello. El dictamen también alcanza a una treintena de militares y agentes de inteligencia acusados de ser responsables de torturas, secuestros y ejecuciones en su país, en el marco de un “plan sistemático”.
La iniciativa del Ministerio Público Fiscal de Argentina fue impulsada por un pedido de las víctimas, quienes, representadas por el abogado Tomás Farini Duggan, apelaron al principio de justicia universal para denunciar los crímenes en Argentina. Durante la audiencia, seis venezolanos expusieron los tormentos que padecieron, y uno de los testimonios resultó particularmente relevante: el de un fiscal venezolano, cuyo relato cuestionó la idea de que estos delitos debían ser juzgados exclusivamente en Venezuela.
Farini Duggan, representante del Foro Argentino por la Democracia en la Región (FADER) y de la Fundación Internacional para la Libertad, presidida por el premio Nobel Mario Vargas Llosa, solicitó la declaración indagatoria y la captura internacional de Maduro por delitos de lesa humanidad. Este pedido surge tras un repaso de los avances en la investigación.
Entre los crímenes denunciados, se destacó la desaparición de Rocío San Miguel y los abusos y ejecuciones ocurridos durante las convulsionadas elecciones presidenciales de julio en Venezuela, tras el fraude cometido por el régimen chavista.
La dictadura chavista argumentó su persecución contra el presidente argentino en el marco de la incautación del avión de carga Boeing 747 que fue embargado por Estados Unidos en colaboración con Argentina en 2023.
El avión había sido transferido anteriormente de la aerolínea iraní Mahan Air -que según las autoridades presta apoyo al Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica de Irán-Fuerza Quds- a Emtrasur, una aerolínea de carga venezolana y filial de una empresa estatal que había sido sancionada anteriormente por Estados Unidos.
Las autoridades afirmaron que la venta, realizada sin autorización del gobierno estadounidense, violaba las leyes de control de las exportaciones y beneficiaba también indebidamente a la Guardia Revolucionaria paramilitar iraní.
Fuente: infobae
