«Todo está atado al debate por el Presupuesto».
Bajo esa premisa, que baja como un mantra desde el despacho del ministro Rogelio Frigerio, el Gobierno negocia ahora contrarreloj un proyecto de financiamiento de la política que permita los aportes de las empresas a la campaña presidencialdel año próximo.
Las conversaciones, que se estancaron en estos meses por la pasividad del Gobierno, el poco interés de la oposición y la influencia de la causa de los «cuadernos de las coimas K», pasaron en las últimas semanas de Diputados hacia el Senado. Y desembocaron en un proyecto de ley que fue presentado hace 10 días por Miguel Ángel Pichetto y otros cuatro senadores del PJ y que fue consensuado con el Ministerio del Interior.
La iniciativa -el expediente 3698 entró en la Cámara alta el 9 de octubre-, de 17 páginas, introduce controles más estrictos a las contribuciones, propone la trazabilidad, prohíbe el efectivo y permite que las personas jurídicas -es decir las empresas- puedan volver a aportar a las campañas electorales. La prohibición fue impuesta a fines del 2009 por el Congreso tras el Triple Crimen de General Rodríguez de agosto del 2008. Desde ese momento, las donaciones en negro aumentaron sustancialmente.
«Constituye financiamiento privado de campaña electoral todo aporte en dinero, o estimable en dinero, que una persona humana o jurídica efectúe a una agrupación política, destinado al financiamiento de gastos electorales», propone el proyecto que Pichetto firmó junto a Rodolfo Urtubey, Dalmacio Mera, Carlos Caserio y Julio Catalán Magni.
La iniciativa va en línea con el proyecto original de la Casa Rosada presentado en Diputados a mediados de julio, a las apuradas por la escalada del caso de los aportes truchos en la campaña bonaerense de Cambiemos del año pasado.Quince días después estalló el caso de las coimas que tramita el juez Claudio Bonadio y que desnudó, en buena medida, el financiamiento ilegal de la política. Hasta el propio Angelo Calcaterra reconoció el miércoles a través de su defensa, en la audiencia ante la Cámara Federal, que había aportado «ocasionalmente» dinero a través de «unas entregas en 2013».
El mes pasado, sin embargo, el Gobierno había dado un paso atrás en la posibilidad de volver a admitir los aportes empresarios durante las campañas.Lo hizo a través de un proyecto impulsado por la diputada Silvia Lospennato, especialista en el rubro, adelantado por este medio, anclado solo en la bancarización de las contribuciones, como un intento de destrabar la discusión sin entrar en las donaciones de personas jurídicas. Incluso se llegó a mencionar la posibilidad de impulsar una amnistía para los partidos impugnados por la Justicia electoral por irregularidades en sus balances como la llave para destrabar el tema.Asoma muy poco probable.
El proyecto del PJ federal, conversado entre Pichetto y Frigerio, vuelve a poner sobre la mesa el debate que por estas horas se coló en el Coloquio de IDEA que hoy tendrá su cierre en Mar del Plata con la presencia de Mauricio Macri. Los organizadores del encuentro avisaron que no quieren donar dinero en efectivo en 2019. Es parte de una iniciativa que maduraron empresarios y organizaciones civiles como CIPPEC y Poder Ciudadano junto a gobernadores.
El proyecto de ley del PJ no solo que está atada a la discusión del presupuesto y a la apretada agenda parlamentaria. Si no que además choca de frente con la iniciativa del kirchnerismo, que en Diputados propone financiamiento nada más que del Estado a las campañas.
Parte de esos chispazos e idas vueltas sobrevolaron la reunión que la semana pasada mantuvieron el ministro del Interior junto a su par de Justicia, Germán Garavano, José Torello y Adrián Pérez en el despacho de Frigerio. El oficialismo obtuvo en la semana un revés en su versión porteña: consiguió dictamen en la Legislatura del proyecto de Código Electoral que entre otras modificaciones faculta a Horacio Rodríguez Larreta a unificar el calendario electoral, pero tuvo que dejar afuera todo el capítulo vinculado al financiamiento por falta de consenso con la oposición, en especial con el bloque K.
En el Gobierno aún no hay ninguna certeza en ese sentido de quién será el encargado de tocarle el timbre a los hombres de negocios con el talonario de aportes. Desarmado el esquema de financiamiento del 2015, el año pasado ya no abundaban los voluntarios. Que el Congreso sancione algún tipo de regulación más transparente será clave para el rubro.
Más por obligación y realismo que por voluntad propia, en Casa Rosada insisten desde hace tiempo en que la del próximo año será la «campaña más austera de la historia». Toda una novedad para el PRO: según fuentes inobjetables, en la campaña presidencial de Mauricio Macri se gastaron más de $1.500 millones, aunque se declaró apenas el 20% de esos gastos.
«Según Transparencia Electoral, en Argentina, la campaña presidencial de 2015 costó casi diez veces más que el máximo estipulado, 172 millones de pesos. Otras fuentes señalan que el costo de los grandes partidos osciló entre los 1.000 y los 1.500 millones de pesos», subraya el PJ en el proyecto de «Ley de transparencia en el financiamiento de los partidos políticos» presentado en el Senado hace 10 días.
