El Gobierno pisó el freno en la ofensiva contra los jefes sindicales al eliminar del proyecto de Ley de Ética Pública el artículo que les exigía la presentación de sus declaraciones juradas.
La decisión se conoció durante el encuentro que un grupo de diputados oficialistas mantuvo el martes con Laura Alonso, titular de la Oficina Anticorrupción (OA) y autora de la iniciativa.
De esa reunión, celebrada en la Casa Rosada, también fue parte el secretario de Fortalecimiento Institucional de la jefatura de Gabinete de la Nación, el «lilito»Fernando Sánchez, quien colaboró en la redacción del borrador.
El guiño a los gremialistas se produce en momentos en que la CGT amenaza con realizar un nuevo paro general en repudio a la política económica del gobierno y se integra a los dispositivos electorales del PJ.
El proyecto de ley mantiene la decisión original de hacer pública la evolución patrimonial de los titulares de las obras sociales, una información que administra con discreción la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS).
Sin embargo, al artículo que exigía las declaraciones juradas de los intocables titulares de los sindicatos, y que podía desnudar el enriquecimiento ilícito de varios de ellos, lo hicieron desaparecer de un plumazo.
La cláusula desechada buscaba poner coto al manejo indiscriminado de recursos por parte de dirigentes cuyo nivel de vida no suele coincidir con los ingresos estipulados en los convenios.
Pablo Tonelli, Silvia Lospennato, Paula Oliveto, Juan Manuel López y Graciela Ocaña, entre otros diputados que fueron convocados a la Rosada, se desayunaron con la novedad a través de un power point preparado para la ocasión.
Ante la consulta de Infobae, tres fuentes oficiales indicaron que si bien en el encuentro se ensayaron explicaciones técnicas, que giraron en torno a la autonomía y la libertad sindical, la eliminación del artículo fue en contra de la voluntad de Alonso y respondió a razones políticas.
Desde la secretaría de Trabajo, a cargo de Jorge Triaca, le hicieron saber a la OA de la «sensibilidad» reinante en el universo gremial por la situación judicial de Hugo Moyano, investigado por manejos irregulares de fondos millonarios.
El mismo mensaje le habría hecho llegar el ministro de Producción, Dante Sica, que tiene bajo su órbita a la secretaría laboral y, en consecuencia, también es el responsable de la relación con el camionero.
Se desacelera así una ofensiva contra el principal líder obrero, cuyo poder omnímodo e impunidad naturalizada impide a los trabajadores ejercer control alguno sobre el manejo de los recursos del sindicato, pese a estar sometidos a una afiliación compulsiva.
El caso de Moyano emerge como fundamental, aunque no es el único. En despachos oficiales circula una lista de dirigentes comprometidos por operaciones sospechosas, de acuerdo a investigaciones de la Unidad de Información Financiera (UIF).
Durante estos tres primeros años de gestión de Cambiemos terminaron tras las rejasOmar «Caballo» Suárez, Marcelo Balcedo, Juan Pablo «Pata» Medina y Humberto Monteros, entre otros jefes gremiales. ¿Será este último año, atravesado por urgencias económicas y sociales, un momento de repliegue?
Es vox populi que Alonso no está para nada conforme con ese súbito freno a la cruzada que inició personalmente hace más de un año. Tampoco Sánchez.
De hecho, su jefa política, Elisa Carrió, ya había presentado hace dos años un proyecto que equiparaba a los jefes sindicales con los funcionarios.
«Los sindicalistas deben presentar la declaración de sus bienes porque administran dinero o representan intereses de terceros, algo absolutamente asimilable a los fondos públicos que el Estado administra en nombre de todos los ciudadanos», consideró Lilita.
Siendo ministra de Trabajo de la Alianza, en 2001, Patricia Bullrich emitió dos resoluciones para que los popes gremiales presenten su declaración jurada. No sólo nunca llegaron a aplicarse sino que, además, al poco tiempo, Graciela Camaño —su sucesora, ya bajo la presidencia de Eduardo Duhalde—, defendió el secreto patrimonial con otra resolución.
En definitiva, Camaño protegió a su esposo, Luis Barrionuevo, lo que le valió en 2003 una denuncia de la OA por conflicto de intereses.
Por estos días la diputada massista volvió a mostrarse en las antípodas de Bullrich condenando en un acto a los «prolijitos» del neoliberalismo que atacan al movimiento obrero.
Alonso, como la ahora ministra de Seguridad, sostienen lo de siempre: que el sindicalismo es una «corporación opaca» cuyo modelo es necesario modificar.
Por eso la titular de la OA le pone fichas a los presidentes de los interbloques del Congreso para que el artículo eliminado del borrador se vuelva a incorporar cuando el proyecto de Ley de Ética Pública se trate en el recinto. Sabe, de todos modos, que el peronismo, en cualquiera de sus vertientes, difícilmente se acople a una movida tan resistida por la CGT.
