Agrupaciones kirchneristas convocaron a una marcha para el sábado próximo frente al Palacio de Tribunales para exigir la libertad de la dirigente jujeña Milagro Sala, al cumplirse cinco años de su detención. Bajo la consigna “Milagro Sala, 5 años presa política”, la marcha partirá a las 12 desde la calle Alsina y avenida 9 de Julio y finalizará frente al máximo tribunal de Justicia, en Talcahuano y Tucumán.
Milagro Sala está detenida en su casa y ella y distintos dirigentes kirchneristas la consideran una presa política. “Seguimos presos, los que nos gobiernan tienen que cambiar las cabezas”, había dicho en agosto pasado. “Me considero una presa política. Primero de Gerardo Morales (gobernador de Jujuy), después de (Mauricio) Macri y ahora de la democracia”, agregó. Al presidente Alberto Fernández le molesta que le hablen de “presos políticos” en la Argentina y señala que lo que hubo durante el macrismo fueron “detenciones arbitrarias”.
Uno de los convocantes fue el referente de La Cámpora y ministro de Desarrollo bonaerense Andrés “Cuervo” Larroque, quien tuiteó la convocatoria diciendo: “La Corte que la corte”.
Precisamente, en la Corte Suprema existen recursos de la defensa de la dirigente condenada en busca de revertir su situación judicial. Su defensa pretende que la Corte acepte el recurso de queja presentado por los abogados de Milagro Sala, anulen el juicio en su contra conocido como “pibes villeros” y ordenen la libertad inmediata.
Precisamente, la Corte Suprema es objeto de las críticas oficiales por haber confirmado la condena a cinco años y ocho meses de cárcel para el ex vicepresidente Amado Boudou en la causa Ciccone. Fue después de que diversos sectores del kirchnerismo también clamaran para que la Corte revirtiera las sospechas que habían sido avaladas en distintas instancias judiciales. El presidente también se quejó porque el máximo tribunal hubiera confirmado la sentencia con un recurso conocido como “280”, sin dar explicaciones de por qué ratificaba lo que venía cuestionado.
Sala fue arrestada en 2016 por un acampe frente a la sede del gobierno jujeño que lidera el radical Gerardo Morales. Entre las condenas que recibió hay una a tres años de prisión en suspenso por encabezar un escrache contra Morales en 2009, cuando el actual mandatario provincial era senador. Además fue condenada a 13 años de cárcel por defraudación al Estado, asociación ilícita y extorsión en la causa llamada “Pibes Villeros”. En ese expediente se investigó el desvío de fondos estatales por más de 60 millones de pesos, cobrados por cooperativas para construir viviendas sociales que nunca se hicieron, entre 2011 y 2015.
En 2018 la Corte Suprema determinó que la dirigente volviera a cumplir prisión domiciliaria al ordenarle al juez de Jujuy Pablo Pullen Llermanos que le devuelva el beneficio a la dirigente, tal como lo había solicitado en 2017 la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Ayer, miércoles, un grupo de más de 1.600 referentes políticos, judiciales, sindicales y de movimientos populares difundieron una carta de apoyo a la líder jujeña y a quienes denominan “presos políticos” de la agrupación Tupac Amaru. Entre los firmantes aparecen Jorge Ferraresi (ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat del Gobierno Nacional), Dora Barrancos (asesora presidencial), Julio Alak (Ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires), Cristina Caamaño (Interventora de la Agencia Federal de Inteligencia), Horacio Pietragalla (Secretario de Derechos Humanos de la Nación), Adriana Puiggrós (asesora presidencial), Mayra Mendoza (Intendenta de Quilmes), Paula Español (Secretaria de Comercio Interior), las senadoras nacionales Nancy González y Beatriz Mirkin, los diputados nacionales por el Frente de Todos, Eduardo Valdés, Mónica Macha, Lucía Corpacci, Paula Penacca y el dirigente social Juan Grabois (Frente Patria Grande), entre otros.
“Milagro Sala está presa en Jujuy por ser una dirigenta política que enfrentó al poder. Está presa por ser mujer, negra y luchadora”, asegura el texto y luego describe el proceso judicial y concluye: “Desde nuestro más profundo compromiso con la República y el Estado de Derecho, exigimos las debidas garantías constitucionales que requiere todo proceso penal, y afirmamos nuestra vocación de promover y concretar una sociedad con pleno y efectivo acceso a derechos económicos, sociales, culturales y ambientales”.
