Uno de los temas que deberá resolver el flamante ministro de Justicia y Derechos Humanos, Martín Soria, es el de la procuración general y la ley del Ministerio Público Fiscal. Son dos puntos en donde el Gobierno buscará avanzar, aunque no cuenta con el apoyo legislativo
No hay movimientos con el tema. Está frenado y será difícil que avance. No hubo una sola reunión de la Comisión de Justicia que la maneja Rodolfo Tailhade -diputado del Frente de Todos- y Asuntos Constitucionales, que es la comisión número uno para este tema, está acéfala hace meses porque su titular era el ex diputado Pablo González, que se fue a YPF.
El tema está presente, tanto que el jefe del interbloque de Juntos por el Cambio, Mario Negri, expresó en sus redes: “Soria quiere que Diputados apruebe la ley K del Ministerio Público Fiscal que permiten designar el Procurador solamente con la mayoría peronista en el Senado. Y modifica el Jury para poner a tiro a los fiscales que no militan en el kirchnerismo. Obsesionados con la impunidad”.
En este juego de varias normas dando vueltas y lo que unos y otros quieren, el Congreso es el lugar en donde se discute, se negocia y se intercambia. Siempre es mejor tratar de ganar algo cuando se sabe que se va a perder, por eso la cuenta que se hace en la oposición es que si el oficialismo consigue el número, se sube pero con reformas.
El oficialismo concentra la discusión en conseguir los votos que le faltan. Podría pasar por ofrecer en la mesa de negociación quitar el artículo que modifica la conformación de la mayoría para los jury de enjuiciamiento, lo que le permitiría avanzar sobre jueces y fiscales.
Es decir, de avanzar con esto la primera minoría política pasaría a nombrar el procurador sin necesidad de consensuar el nombre con la oposición, y podrían tener mayoría en el tribunal de enjuiciamiento de fiscales, lo que en la oposición entienden que habilita a sacar a un fiscal “cuando quieran” y el procurador sería nombrado por mayoría simple y no por los dos tercios como es ahora.
En esta instancia es que el camino elegido es el de nombrar jueces y fiscales ya que lentamente se está implementando el sistema acusatorio, modelo que ya aprobó el Congreso en donde el poder recae en el fiscal, que puede decidir avanzar o desistir de investigar o acusar en cada caso. Y ahí es donde radica la importancia del Ministerio Público Fiscal, ya que un fiscal podría desistir de acusar a un funcionario o ex funcionario y el juez estaría obligado a archivar la causa.
Para aquellos que suelen seguir el derrotero de los nombres de la justicia, en las últimas dos semanas el Gobierno nombró 14 jueces y 9 fiscales.
“Con este cambio, se acaban los Bonadios – por el fallecido juez- y hay que empezar a mirar a los Marijuanes -por el fiscal federal Guillermo Marijuan”, explica un hombre del mundo judicial del PRO.
En el medio de esto, y como para tener otra carta negociadora, el diputado Tailhade avanza a paso firme y pide las declaraciones juradas de jueces y fiscales. Soria le apuntó en su primer día de trabajo al procurador interino Eduardo Casal y dijo que su posición era “insostenible”.
Y, mientras tanto, se discute la validez de las normas. Mientras Casal se mantiene en su silla, el kirchnerismo, que no consigue el número, busca una solución alternativa. Hay dos leyes de Ministerio Público Fiscal. La vieja, que está vigente en casi todo el país, y la nueva, que sólo está vigente en Salta y Jujuy (donde se empezó a implementar el nuevo sistema acusatorio). Casal es procurador interino por la vieja norma y parte del kirchnerismo pretende defender que habría que nombrar un nuevo procurador interino conforme a la nueva ley (que todavía no rige en CABA, sede de la procuración).
